Pacto y grieta. ADN

Alberto Weretilneck logró que el Parlamento convalidara el pacto fiscal firmado con Nación, un instrumento que le da respiro financiero pero le impone objetivos de control del gasto público. No fue sin esfuerzo. Los tironeos en el bloque oficialista son la muestra de la grieta interna que se profundiza cada vez más. Y aparecieron los comisarios políticos.

El gobernador firmó junto a la mayoría de sus pares el acuerdo. En el paquete venían las reformas previsional y tributarias que le permitirán a los mandatarios fondos frescos, ya que habrá 100.000 millones de pesos (el 20% del impuesto a las ganancias) que no irán a la previsión social y se canalizarán a las arcas provinciales, especialmente al Fondo del Conurbano. A cambio, los mandatarios resignaban los juicios contra Nación. Algunos distritos fueron más favorecidos porque además, recibirán millones en obra pública. No es el caso de Río Negro, ya que no tuvo votos para aportar. Así y todo Weretilneck se sacó la foto en el Congreso en medio de la revuelta callejera mientras se trataba la reforma jubilatoria. Fue invitado por el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, para engrosar la imagen, ya que muchos se bajaron.

Pero ahora deberá hacer la tarea que está en el pacto: ajuste. Nación no quiere más endeudamiento y, a pesar de habilitar la primera etapa del Plan Castello, monitoreará el gasto público. Una de cal y una de arena. Esta misma semana, como es habitual, hubo un Weretilneck «porteño» y otro rionegrino. Mientras abogaba allá por alivianar la carga estatal, acá firmó el ingreso de unos 700 nuevos empleados. No hay dudas que es justa la eliminación del sistema de becas. También hay que reconocer la tarea de los gremios (ATE y UPCN, cada uno en su rol) para que se llegara al fin de la precarización laboral, pero es evidente que choca con el compromiso con la Casa Rosada.

Lo concreto es que a la Casa de Gobierno le cuesta cada vez más lograr consensos en su bloque. Ya habían existido chisporroteos cuando se discutía la adhesión a la Ley de ART que reclamó el presidente Mauricio Macri. Y ahora volvió a pasar con el pacto fiscal. La pata peronista de Juntos no acuerda con el rumbo económico y político del gobierno nacional. Tampoco convalida una alianza electoral con el macrismo. Y plantea que los que quieran se pueden pintar de amarillo, pero JSRN seguirá siendo verde y provincial. «Nos costó mucho armarlo como para rifarlo ahora», dicen. Muchos se tuvieron que desafiliar de sus partidos (PJ y UCR) aún, sin estar convencidos.

Pero la grieta también alcanza al Gabinete: los polos opuestos están encabezados por el secretario General de la Gobernación, Nelson Cides, y el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo. Los reproches son constantes y cada vez más frecuentes. Para colmo, un asiduo visitante del despacho del gobernador -que lo acompaña hace muchos años en la política- advierte que las lealtades del círculo rojo con Weretilneck son efímeras y se irán licuando al ritmo que el gobernador vaya perdiendo poder. El ahora legislador observa que muchos «ya lo están tirando a la parrilla», «cuando escuchan críticas a Alberto te dicen… y sí, tenés razón».

La última semana Cides sintió cómo Di Giácomo «pasa inadvertido» en los conflictos. Con dos casos anda mascando bronca: uno, el de las becas. El Secretario General tuvo que dar de baja contratos y ve como su par festeja con Rody Aguiar el ingreso de más de 700 trabajadores. Y el otro, el tema indígena. Gobierno es el área natural que rige las relaciones con los pueblos originarios y es el sector donde más creció la conflictividad. Incluso, le adjudican que su modificación a la Ley de Tierras no logró consensos de las comunidades ni voluntades legislativas para aprobarlo.

Esa interna no está lejos de la grande. En Juntos se cuentan las costillas y cada vez hay más soldados fuera del círculo wereltineckista.

Conocedor de esta realidad, el gobernador envió un centro a ese espacio para bajar la densidad política: en 2019 habrá elecciones separadas de las nacionales, «iremos con nuestro partido y nuestros candidatos», dijo. Así, volvió a alejarse del proyecto aliancista con la Casa Rosada. Pero ya no sólo es la pérdida de legitimidad hacia adentro lo que lo motiva a Weretilneck. Hubo otro dato que lo hizo reflexionar. El domingo pasado Sierra Grande fue a la consulta popular por la instalación o no de la central nuclear. El macrismo y su aliado en la iniciativa, el senador Miguel Pichetto, solo lograron que concurra a las urnas el 21% del padrón de la ciudad. Por suerte para ellos, la mayoría de la gente que se acercó a votar, lo hizo a favor. «Hay licencia social», exclamó el intendente Nelson Iribarren. Sin embargo, adelantó que se explorará la vía legal para avanzar. La idea es declarar inconstitucional la ley rionegrina que prohíbe el desarrollo a gran escala la energía nuclear.

La discusión sobre la central se volverá a instalar en el debate electoral de 2019, ya que recién en 2020 debería -si avanza el proyecto- comenzar a construirse. Primero, habrá que ver qué ocurre con la cuarta usina que se emplazará en Zárate, provincia de Buenos Aires. Si esa obra no comienza en tiempo y forma, la rionegrina se vería más demorada aún.

Por eso, el gobernador sigue con la consigna de «debate cerrado». Volvió a decir que el gobierno no hará nada por alentar el proyecto y que ahora depende de sus impulsores: Iribarren, el diputado Sergio Wisky y el senador Miguel Pichetto.

«Es tiempo de gestión» dijo en estos días Weretilneck y mandó a clausurar los debates políticos. Se postergó la inauguración de la Casa de Juntos en Viedma y enfrió la posibilidad de la reforma constitucional, al menos hasta que haya -si es que alguna vez sucede- «clima social». Pero tuvo un áspero cruce con el legislador Ricardo Arroyo en Valle Medio, lo que hacía suponer que el dirigente peronista no asistiría a la sesión del viernes.

Tuvo que intermediar el vice, Pedro Pesatti, y el bloque oficialista dio el presente completo. Pero eso no logró disimular las broncas. En un papel en la mesa de un bar viedmense se punteaba a los legisladores «leales» al gobernador. Son cada vez menos. Hay funcionarios también que ya no reportan a la esquina de Laprida y Belgrano. Esas rispideces tuvieron una foto pocas veces vista: los comisarios políticos. Algunos funcionarios fueron a monitorear la sesión. Los legisladores que se sintieron observados se escribían frenéticamente por Whatsapp. «Nos vienen a controlar». «Luis lo manda a Cacho, no se anima a venir él».

Pesatti se mantiene impávido. Después de estar dos meses sin comunicación con el gobernador, volvió a tener contacto. Frío. Y no reacciona a la provocaciones. Un legislador aliado suyo dijo: «si reaccionamos no sabemos dónde puede terminar esta pelea». «Lo mejor es esto, y si ellos quieren que se vayan de Juntos, que se afilien al PRO».

Mientras tanto, Weretilneck hará todo lo posible para enviar señales a la Casa Rosada. No necesita más asfixia económica en una provincia con estrechez financiera que, ni siquiera, logrará remontar el Plan Castello del que aún no hay ni un proyecto terminado. Para ello cuenta con la colaboración de Wisky, quien entiende que hay que ayudar a la Provincia para no llegar -eventualmente- al gobierno, y encontrar un Estado devastado. Pero eso le provoca infinidades de críticas internas al diputado. Además, no es un ida y vuelta. El gobernador no lo registra y prefiere el contacto directo con ministros nacionales o Pichetto.

El año cierra sin conflictos laborales, pero asoma un 2018 con pronóstico de paros y un complicado inicio de clases. A la lucha por los salarios se sumará el debate por la reforma laboral. El gobernador ya puso el techo a la negociación paritaria y los gremios se quejan.

El gobierno aspira a que las fiestas pasen en calma y que el verano afloje tensiones.