Derribando mitos
La alta inflación en la Argentina: ¿Nos resignamos a convivir con ella para siempre o intentamos implementar nuevas soluciones para resolver viejos problemas?
(María Jesusa Izaguirre*).- Se define a la inflación como el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de un país en un periodo dado. Uno de sus efectos más importantes es la que se siente en nuestros bolsillos como la pérdida del poder adquisitivo o de compra (con igual cantidad de dinero podemos adquirir menos bienes y servicios).
Ya en los años ’60 surge un original y nuevo concepto de inflación planteado por el profesor y economista argentino Julio H. G. Olivera seguido, entre otros por economistas destacados como Aldo Ferrer que planteaba que en los países periféricos como el nuestro el alza de precios no es de origen monetario (alta emisión monetaria) o por darle “mucho a la maquinita” como se dice vulgarmente, sino que es de origen estructural al obedecer, sobre todo, a rigidices y asimetrías de la economía, como el estrangulamiento en la balanza de pagos también conocida como la “restricción externa” que no es otra cosa que la escasez de divisas o dólares ya que nuestras exportaciones no alcanzan a cubrir nuestras importaciones. Rapoport añade que “una mirada estructural no identifica el problema sólo con la inflación sino con un conjunto de otros problemas, como la distribución del ingreso, los cuellos de botella en el sector externo y en las cadenas productivas, la generación de tecnología propia o la acumulación de capital”. Otra cuestión considerada de fundamental importancia para esta corriente del pensamiento económico es la relación entre un aumento de los precios y el poder monopólico que ciertas empresas tienen sobre sus mercados. Cuando se anuncia que no se darán aumentos de salarios para evitar el desencadenamiento de un espiral precios-salarios no se menciona llamatívamente la posibilidad de reducir las ganancias de las grandes empresas formadoras de precios).
La inflación, por lo tanto, constituye un fenómeno complejo no sólo porque son numerosas sus causas, sino que además no son todas ellas solamente de carácter económico o político sino también son de carácter “costumbrista” l ya que en Argentina está muy arraigada la cultura inflacionaria y cada sector afectado intenta sobrevivir como puede a ese flagelo propagando a su vez la espiral inflacionaria según lo indiquen sus expectativas futuras
Los procesos inflacionarios de ninguna manera son neutrales porque constituyen subas generales y sostenidas de precios que provocan transferencias de recursos de unos sectores a otros y llamativamente también siempre esas transferencias de recursos son desde los sectores más débiles y vulnerables hacia los sectores económicos más poderosos. El economista e historiador Mario Rapoport rescató del libro ”Los ministros de Economía,” del periodista económico Enrique Silberstein la siguiente sentencia, expuesta en los años ‘70: “Nos pasamos la vida hablando contra la inflación, todo gobierno y todo ministro de Economía lo primero que promete es combatir la inflación. Y si uno se fija bien, el ataque a la inflación va dirigido al incremento de los costos, o sea al aumento de salarios. Jamás se ha combatido la inflación diciendo que se debe al crecimiento de las ganancias. Nadie se ha preguntado si las ganancias tenían sentido y si eran económicas
La inflación se convirtió en la Argentina a partir de la post guerra en el caballito de batalla de muchos presidentes y ministros de Economía para justificar medidas de ajuste o austeridad sobre los más débiles que reciben ingresos fijos fundamentalmente. Es decir que nuestra matriz productiva y nuestro patrón de desigualdad social reproduce una estructura económica asociada a la explotación de sus recursos naturales para la obtención de rentas extraordinarias vinculadas a los precios internacionales (alimentos, energía, minería, etc.), y que exhibe elevados grados de concentración en sus principales mercados (insumos tales como acero, cemento, químicos, aluminio, etc.) con el agregado de una alta participación extranjera, permitiendo la cristalización de comportamientos empresarios de carácter rentista y especulativa en lugar de producir inversión productiva. Este esquema productivo, con esta matriz de desigualdad, no está en capacidad de resolver el conflicto entre distribuir ingresos e invertir. De una u otra manera, cuando se profundiza la distribución, decae la inversión, y cuando se pretende promover la inversión, se asocia con profundizar la desigualdad. A su vez, sobre la estructural falta de dólares, este perfil productivo demanda mucho de productos importados. Por lo tanto, consume muchas divisas para producir .y al tener un grado importante de control extranjero remite una cantidad de utilidades, hoy sin control alguno al exterior, que son muy significativas.
También tiene que ver con una lógica empresarial, donde hay un componente estructural de fuga de capitales, que acompaña los procesos de expansión de Argentina y posee un volumen de endeudamiento tan desmesurado en la actualidad que también consume divisas ( según el Instituto de Pensamiento y Politicas Públicas en los primeros 18 meses este gobierno se contrajo deuda como nunca por, US$ 149 millones por día)-
Por todas estas razones, siempre, en algún momento lamentablemente se plantea el déficit en materia de divisas. La solución a esta problemática siempre es el ajuste porque al deprimir la actividad económica, se consume menos importaciones, por lo tanto se tiene más dólares y con esto se supone que estaríamos entrando en una estrategia para afrontar como prioridad gubernamental el pago de los vencimientos de deuda.
En el fondo, para estabilizar los precios se supone la fijación de un orden. Dado que los precios son los representantes en el mercado de los distintos actores sociales, la desigual evolución de los mismos define los procesos de transferencias de excedente. Cabe recordar en este sentido, que el salario también es un precio. Cabe por lo tanto una primera pregunta:¿Qué lugar se le asigna al salario? ¿El vigente? ¿O es necesario pensar el reacomodamiento de los precios en la marco de políticas que permitan recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores?
Si la inflación es un problema que reconoce múltiples causas, recomendar un remedio sin un análisis detallado es un acto de curanderismo, o esconde, en realidad intereses concretos.
Este problema no se resuelve simplemente con mantener controlado bajo una terapia de shock o gradual el actual sistema de precios ni tampoco con una devaluación. Sería, por lo tanto, de vital importancia importante el abordaje de otras soluciones no probadas ni experimentadas hasta ahora. Alguien dijo que si aplicamos las mismas soluciones a los mismos problemas siempre obtendremos los mismos resultados. Por qué no probar propuestas nuevas para solucionar viejos problemas?
El economista Claudio Lozano director del Instituto del Pensamiento y Politicas Públicas (IP y PP), político y asesor de la CTA ha definido algunas propuestas que son de carácter esencialmente político para sentar en una misma mesa a los distintos actores del proceso económico a fin de acordar un plan de largo plazo como proceso gradual de articulación de intereses y construcción de un acuerdo nacional que tenga dos objetivos fundamentales:
Una Concertación Nacional contra el Hambre y la Pobreza,
Una Concertación Nacional para Desarrollo y el Cambio Productivo que requiere a su vez de tres pactos fundamentales:
2.1) Pacto Social para mantener y elevar el poder adquisitivo de la población, que no debe restringirse solamente a los trabajadores formales bajo convenio, sino también al conjunto de los sectores populares vía el desarrollo de políticas universales que permitan construir un piso de ingresos y garantías para el conjunto de los hogares.
2.2) Pacto Fiscal para una Reforma Tributaria Progresiva en el marco de un nuevo Acuerdo Nación – Provincias: se trata de garantizar recursos genuinos para financiar el punto anterior, y que deben darse sobre la base de capturar rentas y patrimonios de los segmentos más acomodados de la sociedad. A la vez, restituir las contribuciones patronales para las grandes firmas con la devolución a las provincias del 15% que se les detrae de la coparticipación
2.3) Pacto por la Inversión: reformulando el sistema de regulaciones, promociones e incentivos a efectos de ubicar al Sector Público como actor desde esta perspectiva.
a) Salvaguardar el consumo popular; y
b) Retomar el control público del proceso de inversión.
A lo que debería acompañarse la modificación o creación de leyes que puedan dar marco y posibilidad de concreción a estas propuestas. Ellas son, entre otras, las siguientes:
Modificación de la Ley de Coparticipación que permita a las provincias el ejercicio real de su autonomía ya que actualmente el Estado nacional se lleva el 74% de la recaudación de impuestos de la masa coparticipable mientras las provincias se reparten el 26% restante. Relación que convierte a las provincia en meros ejecutores de los designios del gobierno nacional de turno constituyéndose en rehenes de las políticas implementadas por el poder ejecutivo. Rige desde 1988 la última distribución de 54,66% a la nación y 42,34% a las pcias pero evidentemente no se cumple. Deben establecerse criterios de distribución y competencias en cuanto al cobro de impuestos entre pcias, y nación además de respetar el porcentaje que se acuerde evitando la discrecionalidad en la distribucucón de los fonfos.
Modificación de la Ley de Entidades Financieras, legislada durante la dictadura cívico-militar en 1977. Esta apunta a limitar la injerencia del Estado en el sistema financiero, dejando que las entidades privadas actuen con libertad en los criterios para el otorgamiento de crédito y la fijación de tasas activas y pasivas brindando igualdad de tratamiento a los bancos nacionales y extranjeros..La actividad bancaria debe ser considerada como un servicio público que acompañe los planes y objetivos de esa Concertación.
Modificación de la ley e Inversiones Extranjeras, que privilegie la inversión nacional sobre la extranjera setableciendo la potestad del Estado en el direccionamiento y regulación de esas inversiones.
Es desde estas definiciones que puede pensarse en una estrategia que suponga modificar los aspectos estructurales que definen al mecanismo inflacionario como un dispositivo de ajuste y deterioro social, abriendo la puerta a otro esquema económico donde se pueda compatibilizar crecimiento del nivel de actividad con mejoras significativas en el nivel de vida de los argentinos.
*Lic. En Economía- Luis Beltrán- Río Negro