Derribando mitos

¿Sobran muchos empleados públicos o el objetivo es desmantelar el Estado?

(Por María Jesusa IZAGUIRRE*).- Los trabajadores públicos vuelven a estar bajo la mira de gobierno, que a partir de los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal pactada con las provincias, ha puesto en práctica la reducción indiscriminada de miles de trabajadores públicos en sus tres estamentos: nacional, provincial y municipal. La doctora en Ciencias Sociales, especialista en Políticas de Estado Claudia Bernazza, desmitifica el preconcepto de que sobran empleados públicos.

«No es que hay muchos o pocos trabajadores. No hay manual que pueda decirle a un pueblo qué Estado tiene que tener, con qué plantel contar. El Estado es una construcción histórica proyectiva, que depende del proyecto de gobierno que tiene un pueblo. No existe un modelo ideal de Estado a alcanzar, pero sí la racionalidad que tiene que seguir cada gobierno es que el aparato del Estado responda a ese proyecto de gobierno”. «Si hay un Estado que brinda servicios de seguridad, salud y educación es obvio que necesita más empleados. Y si hay provincias con retraso en sus economías regionales es normal que el Estado asuma el rol de empleador, eso no es un problema sino una solución de coyuntura ya que no hay un mercado que reciba a esos trabajadores». Y agrega: «No hay que culpar al Estado porque recibe más gente en provincias con economías deprimidas. De hecho, si es un Estado que trata de promover el empleo a través de cooperativas, el Estado ocupa el lugar del mercado. Si se implementa un modelo de Estado con empresas públicas que trata de incidir en la economía, es lógico que va a tener más empleados».

Según Lucio Castro director de Desarrollo Económico de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento):”No hay un tamaño óptimo de Estado. Existen países con Estados grandes, con una oferta excelente de servicios públicos, como los nórdicos, y países con Estados de tamaño similar, como Venezuela o algunos países africanos, donde esa oferta es claramente deficiente. También aparecen países con Estados pequeños, como México, con graves problemas en la provisión de servicios públicos”.

Otra investigación del mismo Centro de Estudios llamado “Radiografía del empleo público en la Argentina. Quiénes hacen funcionar la maquinaria estatal” elaborada en base a datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del INDEC. Es cierto que la cantidad de empleados públicos creció en los últimos años. Pero también fue un período en el que el Estado se agrandó en el mejor sentido del término, ampliando su rol de regulación, diseminando delegaciones de distintos organismos por el territorio, creando universidades y recuperando empresas públicas.”

A pesar de lo que sostienen las usinas neoliberales, a la hora de comparar con otros países, Argentina se mantiene en cuanto al empleo público en niveles medios, muy por debajo de algunos estados europeos. Pero los indicadores que sí sobrepasan ampliamente el promedio de la región son los sueldos de los funcionarios de primera línea. Según la OCDE, ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo) el promedio de remuneraciones de los cargos de directivos del sector público argentino llega actualmente a 6,4 veces el PBI per cápita,( Producto Bruto por habitante) mientras que la media de América Latina es de 5,6, y en los países integrantes de la OCDE es de 3,1 veces. Es de público conocimiento que el actual gobierno agregó cinco ministerios nuevos al Gabinete, con su consiguiente creación de secretarías y direcciones (los ministerios pasaron de 17 a 21, las secretarías de 65 a 80 y las subsecretarías de 167 a 196) lo que aparece como un virtual contrasentido ante la cesantía de tantos trabajadores estatales.

En definitiva se contrajo el empleo público pero no el tamaño del Estado. La misma organización plantea asimismo que el promedio de empleo público en relación al empleo total de los 35 países que lo integran es de 21,3 por ciento. Mientras que en los Estados nórdicos asciende al 30%, en países como Chile o México baja al 10 por ciento. La cantidad de empleados estatales en Argentina, tomando en cuenta tanto a la Nación como a las provincias y municipios, se calcula en 3.700.000, lo cual, considerando una PEA (población económicamente activa) de 22.000.000 de personas en edad de trabajar, arroja que cerca de un 17% de los argentinos trabajan en el Estado. Las provincias han aumentado sus dotaciones de trabajadores de manera más significativa, ellas explican casi un 50% del empleo público total y los municipios explican otro 30%, mientras que solamente entre el 19% y 20% del total está concentrado en el Estado nacional.

¿Entonces es el tamaño del Estado argentino grande o chico? Depende del modelo de país que se defina priorizar será el modelo de Estado a construir. Dado que una mayor presencia de trabajadores en el sector público no se traduce automáticamente en mayores capacidades estatales, lo que sí es de fundamental importancia es examinar la calidad de los recursos humanos y las modalidades de reclutamiento y ascenso de los trabajadores estatales. La redefinición y reorganización del Estado argentino debe apoyarse en un modelo de país que se base en la necesidad de brindar a la población más y mejores servicios cumpliendo con el objetivo de contribuir a una mayor igualdad y equidad entre los distintos actores sociales. Para ello deberían, entre otras, llevarse adelante las siguientes políticas públicas:

1. Generar amplios consensos políticos para el diseño del espacio público
Resulta prioritario para la aplicación de las reformas encontrar los consensos políticos entre los diferentes actores como los partidos políticos, los sindicatos y las burocracias estatales existentes, medios de comunicación, universidades, organismos de ciencia y técnica, etc. teniendo en cuenta una agenda de discusión del desarrollo y no solamente del crecimiento económico de todo el país, la dinámica de las economías regionales y una mejor distribución de la coparticipación que haga posible su viabilidad.

2. Mejorar el modelo de carrera, contemplando mérito y flexibilidad
Aplicar y restablecer los sistemas de carrera, de mérito y de concursos progresivos en la administración pública restituyendo la carrera administrativa, para que las personas que ingresen a trabajar en las reparticiones estatales lo hagan en función de capacidades probadas. Hay que repensar también el modelo de empleo público de manera integral: la formación y capacitación; la rendición de cuentas; los mecanismos de evaluación de desempeño”, etc.

3. Ponderar componentes políticos para una reforma de la ADP ( Alta Dirección Pública) factible de aplicar en el largo plazo. Deben necesariamente integrarse a un plan general de reforma de la ADP los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal pues el diseño del nuevo espacio directivo focalizado solamente en el poder ejecutivo nacional determinará que su impacto sea bajo y limitado.

En América Latina, Brasil y Chile, con sistemas de ADP bien diferentes, han instrumentado reglas de juego que establecen un cupo para que determinado porcentaje de las funciones directivas queden totalmente a criterio de la autoridad política y constituyen un ejemplo interesante de señalar. En nuestro país se ha instalado en forma creciente un modelo de gestión pública en el cual el reclutamiento de los directivos públicos se determina exclusivamente en función de las prioridades de la autoridad política de turno, en muchos casos influenciadas principalmente por la coyuntura y objetivos de corto plazo.

Es ingenuo pensar que las dimensiones de la política y de la dirección pública pueden estar totalmente diferenciadas, ya que en la gestión de los organismos estatales, ambos componentes se encuentran íntimamente relacionados. No obstante ello, la necesidad de regular este vínculo entre políticos y directivos públicos deviene no tanto para separar, sino para clarificar posiciones y reglas del juego que pueden favorecer el rendimiento institucional de la administración pública.

*Licenciada en Economía-Luis Beltrán