Salud vs tierra fiscal*
A fines del año 2017 el gobierno municipal de Dina Huapi envió un proyecto al Concejo y éste lo aprobó, con motivo de la cesión de un terreno municipal al HPR-Hospital Privado Regional, por el término de 20 años. A cambio de esta cesión, aprobada por dos concejales, se construiría un edificio de 200 m2 en un lote fiscal de 6.000 m2.
El reclamo por una completa y acorde atención de la salud es una demanda sostenida de los vecinos de Dina Huapi. Pero esta manera de acceder al derecho que nos asiste a los ciudadanos, constituye una falacia, y la operación parece saturada de intereses ajenos a los de nuestra localidad.
Desde la Corriente por el Buen Vivir denunciamos que estamos ante una nueva entrega del Patrimonio Público (Bienes Comunes) para la Explotación Privada; y que ese aparente beneficio a la comunidad, los ciudadanos nos vemos privados de nuestros derechos ya que perdemos una de las obligaciones del Estado, que es garantizar la Salud Pública desde las gestiones provinciales y nacionales.
Nos preguntamos entonces como vecinos: el Estado ¿de qué manera está presente por nuestra Salud? ¿Entregando un lote de tierra fiscal para que un privado se ocupe del servicio? ¿Cuánto es el valor real de ese predio actualmente? ¿Y una vez otorgada la tierra, no se generarán quizás derechos privados irreversibles y a los 20 años se le verá legitimizado el derecho a la propiedad que hoy es nuestra? ¿No estaremos frente a una irregularidad con la celebración de un contrato viciado?
¿Por qué el municipio se dedica a ofrecer tierras fiscales a privados y en cambio no se ocupa de gestionar y realizar las obras propias cumpliendo así con sus responsabilidades como parte del Estado? Y luego ¿pasará lo mismo con Educación, Seguridad, Vivienda, Obras Públicas? En todo caso ¿qué obras tiene proyectado hoy el municipio para la comunidad?
Los ciudadanos no avalamos sacrificar nuestro patrimonio (TIERRAS FISCALES que son de TODOS) a cambio de Salud Privada. El Estado debe asumir la totalidad de su rol que tiene definido por sus propias obligaciones constitucionales y son indelegables.
Cambiemos el planteo de este contrato pretendido. Es preocupante que el Estado de a poco abandone sus obligaciones y se convierta en un mero intermediario entre vecinos y privados. Es más preocupante aún que avance una situación de desposesión, tanto de los derechos (SALUD PÚBLICA) como de bienes comunes (TIERRA FISCAL).
Creemos que no debe ser así. Pensamos que ejercer nuestros derechos es una sana práctica para nosotros y los que vendrán. Discutamos nuestro presente y futuro, y también a quienes se desposee. Qué sectores sociales se benefician realmente con el usufructo de nuestros BIENES COMUNES y con la exención de impuestos y tasas, tanto en Dina Huapi como en otros sectores.
El municipio convocó a Audiencia Pública y aparece el siguiente interrogante: ¿el gobierno ha generado el espacio y el tiempo para que la ciudadanía de Dina Huapi se interiorice de las características de este contrato que incluye la cesión de TIERRAS FISCALES?
En tal sentido una Audiencia Pública NO es la herramienta adecuada en tanto sus resultados no son vinculantes. Y precisamente porque sus resultados no son vinculantes, entonces no es dable esperar una importante participación ciudadana como tampoco un cambio en el rumbo de una decisión política ya tomada.
Desde la Corriente por el Buen Vivir manifestamos que la desposesión de los bienes que constituyen parte de nuestro espacio vital y de nuestras formas de vida, no es un buen comienzo para una propuesta que apunta a construir Salud, sino todo lo contrario.
*Corriente por el Buen Vivir-Dina Huapi