Incendio en la Justicia: sobreseimiento a imputados

(ADN).- El Fiscal Juan Pedro Peralta dictaminó el sobreseimiento de los imputados en la causa por el incendio del Juzgado N° 4 de Viedma, ocurrido en la madrugada del 26 de julio del 2015, en razón que la investigación no pudo
incorporar nuevos elementos de prueba que permitan sostener la acusación y producir una condena a los acusados en un juicio oral y público. Este dictamen también tiene la conformidad del Fiscal Jefe, Fabricio Brogna.

En la causa por el incendio en el edificio de la Justicia de 25 de Mayo y Laprida, fueron imputados Fabricio Colman; Ivan Colman; Roberto Morales Paz y Ricardo Becerra, todos como autores materiales; el abogado Ignacio Galiano como “mentor intelectual” y el policia Gustavo Salinas por encubrimiento. El «Chanchi» Becerra es el único que permanece detenido, con otras causas, y el resto está en libertad.

Peralta sostuvo sus sospechas sobre los acusados, señaló que no tiene nuevas pruebas para la condena y lamentó no poder dar respuesta a la sociedad de un hecho de esta gravedad institucional. También hizo referencia a las actuaciones del ex juez Fabio Igoldi, en las actuaciones iniciales, que negó allanamientos y detenciones en aquel momento.

El pedido de sobreseimiento había sido solicitado oportunamente por el abogado Cirilo Bustamante, defensor de dos de los imputados, quien alegó haber aportado prueba de descargo en la investigación.

Cabe señalar que la investigación comprendió más de 60 declaraciones testimoniales, allanamientos a una decena de domicilios, el análisis de más de 50 teléfonos celulares y más de 17.000 horas de escuchas de comunicaciones telefónicas que fueron desgrabadas.

El Fiscal Peralta, si bien reconoce sus sospechas fundadas sobre que los imputados fueron los autores del incendio, admitió que no cuenta con el material necesario para superar el estado de sospecha y llegar a juicio con perspectiva de obtener una condena.

Explicó que los primeros momentos de la investigación fueron fundamentales para llegar a esta instancia y lamentó no haber podido otorgar a la sociedad respuestas acerca de la responsabilidad de tan grave hecho institucional.

También recordó que en los inicios de la investigación, en una etapa inquisitiva, estuvo a cargo del ex Juez de Instrucción, Fabio Igoldi,quien en su momento negó allanamientos y diversas detenciones.

“La fiscal Itziar Soly solicitó allanamientos que no fueron otorgados por el Juez, quien también hizo caso omiso al pedido de detenciones, sin haber argumentado válidamente el por qué de esa negativa. Cuatro meses después cuando la propia Cámara evaluó el accionar del magistrado y lo nulificó, entendiendo que había obrado equivocadamente, ya se había perdido un tiempo valioso y prueba que seguramente podría haber cambiado el curso de los hechos”, destacó el titular de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, Juan Pedro Peralta, quien destacó que «de haberse trabajado con el factor sorpresa, sin que los imputados tuvieran margen de acción, el resultado podría haber sido otro”.

El Fiscal se refirió además a las primeras horas de producido el incendio, fundamentales en cualquier investigación. El hecho se produjo durante la madrugada y a las 7:00 un integrante del cuartel de bomberos, capacitado para evaluar a priori la causa del siniestro, determinó que se había sido provocado por un desperfecto técnico. A partir de allí y de esa primera convicción, de parte de quien técnicamente tiene los conocimientos para el peritaje, se permitió el ingreso de gran cantidad de empleados del Juzgado y personal de mantenimiento para efectuar su limpieza.

“No pudo – entonces- colectarse ninguna evidencia científica para su análisis. Ni ADN, ni huellas, ni pelos, ni ningún otro rastro”, todas consideradas de valor supremo para respaldar la acusación contra estos imputados, dijo Peralta.

De esta manera, para cuando se empezó a manejar la hipótesis del atentado, ya la escena del crimen había sido adulterada y por ende, se había perdido información valiosa para la investigación. Entre un momento y otro, transcurrieron más de tres horas que fueron “desaprovechadas”.

Esta situación ya había sido advertida oportunamente por el Fiscal de Cámara Fabricio Brogna, quien en una instancia de apelación solicitada por la defensa de los imputados había adelantado que sobre ellos no pesaban más que meros indicios de culpabilidad que no llegaban a sobrepasar el estado de duda.

Cabe recordar que el hecho se produjo el 26 de julio de 2015 durante la madrugada, cuando un grupo de personas ingresó por el estacionamiento del edificio del Bloque de legisladores de la UCR, a unas de las oficinas del Juzgado Nº , para rociarla con combustible, iniciar el fuego y escapar del lugar.