Matar por la espalda. Política de estado
(Por Martín Díaz*).- Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, elaborados por la ONU en 1990, establecen claramente el tipo de práctica que deben tomar los gobiernos y los organismos facultados para el empleo de la fuerza. Estas directrices se centran en principios de No Violencia para tareas de prevención, disuasión y represión del delito. Esto se traduce que cuando un malhechor emprende su huida esto no constituye un peligro para terceros en su proceso de fuga a menos que provoque un enfrentamiento o ponga en riesgo vidas para concretar su evasión.
Los últimos acontecimientos, de noviembre de 2017 a la fecha, demuestran que los casos de asesinato por la espalda en manos de funcionarios policiales se han incrementado de manera exponencial. Basta recordar el caso de Rafael Nahuel, el joven barilochense asesinado en manos del Grupo Albatros, Juan Pablo Kukoc baleado por el policía bonaerense Luís Oscar Chocobar y ahora se suma a la lista Facundo Ferreira, el niño tucumano de 12 años baleado en su nuca por agentes policiales de aquella provincia. Si bien los tres casos no tienen concordancia en materia delictiva, poseen un eje en común: el aval político-gubernamental y la generación de una nueva doctrina tácita de procedimientos para las fuerzas de seguridad.
Creo sinceramente que no se trata de casos de “gatillo fácil”, por el contrario, cabe lugar a la sospecha que se trata de la instalación de una nueva doctrina de procedimientos cuya instrumentación se encuentra totalmente respaldada y pergeñada por el gobierno de turno. Voceros oficiales como el Diputado Nacional Alfredo Olmedo (quien avala el accionar de Chocobar), Patricia Bulrich que con un video institucional personalizado respalda a los integrantes de las fuerzas federales de seguridad o el mismo Presidente de la República Argentina recibiendo al Agente Chocobar en su despacho luego de abatir por la espalda a Kukoc (en pleno procesamiento e investigación por parte del juzgado interviniente), habla a las claras de una marcada tendencia ideológica de ejecución de personas como elemento disuasivo del delito. Estas acciones tienen resultados concretos: la muerte. Y forman parte de una burda política de gobierno basada en la generación y reproducción de Temor.
Ya quedaron atrás las políticas de prevención integral, de participación comunitaria y seguridad ciudadana. Quedaron atrás también los días de la criminología crítica, el abordaje de la realidad social generadora de delito o la apuesta a la integración social como mecanismo de resolución de conflictos.
Un escrito Francés del siglo pasado, Romain Gary, supo decir: “…a un tipo nunca se le enseña nada matándolo… Al contrario, se le hace olvidar todo”. Pues bien, si la idea es enseñar entonces la política de mano dura, tolerancia cero o la generación de temor por parte del estado no conducen a ello precisamente, no conducen a nada, ni siquiera a la generación de estímulos, conductas sociales o refuerzos operantes. En cambio generan dolor y conflicto social.
*Docente titular Seguridad Ciudadana y Sistemas Penitenciarios Criminología y Ciencias Forenses Universidad Nacional de Río Negro.