Iribarren pidió la inconstitucionalidad de la ley antinuclear
(ADN).- El intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren pidió que se declare inconstitucional la ley 5227, dictada por la Legislatura de Río Negro con el voto casi unánime (sólo Daniela Agostino CC-ARI votó a favor) de los legisladores y que prohíbe en todo el territorio rionegrino la instalación de centrales nucleares de alta potencia para la generación de energía eléctrica.
El jefe comunal sierragrandense, con el patrocinio de los abogados Pedro Francisco Casariego y Pedro Osvaldo Horacio Casariego, con estudio jurídico en Viedma, presentó este pedido ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, por entender que la norma impide a la localidad contar con este emprendimiento que tiene el apoyo del gobierno de Mauricio Macri.
El parlamento aprobó esta ley el 1 de septiembre del año pasado con el voto a favor de 44 diputados, que acompañaron el proyecto elevado por el Ejecutivo, donde se menciona especialmente para aprobar la norma, la reacción ciudadana y la falta de licencia social a la propuesta del gobierno nacional de instalar la quinta usina nuclear en Río Negro, de acuerdo al convenio firmado entre Argentina y China.
Cabe recordar que en mayo del 2017, el gobernador ALberto Weretilneck acompañó al presidente Mauricio Macri a China, oportunidad en que nuestro país ratificó distintos convenios y acuerdos, donde además de anunció
la construcción de una quinta central nuclear en nuestro país y se recomendaba a la Provincia de Rio Negro para su localización.
Los primeros proyectos indicaban su radicación en el ejido de esta capital y en un sitio cercano al mar, intención que fue descartada ante la reacción antinuclear que se generó en la zona y se expandió en la provincia. Luego se comenzó a gestar la posibilidad de construir la planta en Sierra Grande, un emprendimiento que defendió desde el primer momento el intendente Iribarren.
De esta manera el jefe comunal, una vez votada la ley 5227, comenzó a trabajar, junto con el diputado Sergio Wisky y funcionarios nacionales en tratar de revertir esta prohibición, que contó también con el aval del senador Miguel Pichetto. Fue así que se empezó a elaborar una estrategia judicial que llevó a esta presentación ante el máximo tribunal judicial de Río Negro, pidiendo la inconstitucional de la ley.
Se espera ahora una reacción del gobierno y del propio parlamento, el primero por ser el autor del proyecto y el segundo por haber convertido en ley la prohibición de instalar en la provincia centrales nucleares de alta potencia.