La Justicia suspendió la concesión del Cerro Catedral
La cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería hizo lugar al planteo formulado por legisladores y concejales del Frente para la Victoria y resolvió suspender cautelarmente todo lo actuado por la Municipalidad para la concesión del Cerro Catedral a la empresa CAPSA.
El fallo, dado a conocer este mediodía resuelve “prohibir cautelarmente a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche toda innovación sobre la concesión pública relativa al centro de deportes invernales del cerro Catedral, quedando particularmente prohibido en términos cautelares la modificación de la contratación vigente y la celebración de una nueva mientras subsista la actual previa sanción juratoria de los demandantes”.
La resolución anula, de hecho, todo lo actuado tanto por el intendente Gustavo Gennuso como por el Concejo Municipal a favor de CAPSA para la renovación contractual.
La demanda contenciosa fue elaborada por el legislador Alejandro Ramos Mejía, y adhirieron la legisladora Edith Garro y los concejal Daniel Natapof y Ana Marks.
La presentación a la que ahora dio curso la justicia, sostenía por objeto “modificar y prorrogar el contrato de obra pública, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 01/92, el Contrato de Adecuación Contractual, por vía directa, sin licitación pública, incumpliendo todas las normas vinculadas a cómo el Estado debe contratar, en forma anticipada en 9 años a su vencimiento, y solo en algunas cuestiones específicas que resultan muy favorables a la empresa CAPSA y muy perjudiciales en términos económicos, ambientales y sociales para el municipio”.
Se abren ahora instancias de apelación por parte de la municipalidad, pero por lo pronto, en una primera instancia, la justicia les dio la razón a los vecinos y puso en evidencia el grosero traspie del intendente Gennuso quien intentó hasta aquí imporner por todos los medios el fuertemente cuestionado acuerdo.
Ramos Mejía explicó a En estos días que en el marco de la demanda contenciosa presentada, “se cuestionaron diversos actos administrativos del proceso de aprobación del acuerdo con CAPSA”.
Por ese motivo, “se requirió a la Cámara que inicialmente se adopte una medida cautela debido a los incumplimientos a la normativa local vigente”, es decir “una prohibición de innovar con la finalidad de resguardar el patrimonio municipal”.
El parlamentario aseguró que se logró que el Intendente “no firme (el acuerdo definitivo, tras la aprobación de la ordenanza) para no comprometer las arcas del Estado municipal”.
Alejandro Ramos Mejía -junto a le legisladora Edith Garro- denunció además penalmente el intento de prorrogar la concesión en el cerro Catedral de manera directa y sin licitación, presumiendo los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras irregularidades.
Los legisladores argumentaron que con la prórroga se buscaba “beneficiar económicamente a la empresa Capsa, provocando un perjuicio económico al municipio local”, y que además la firma se realizó de manera “inconsulta y a escondidas”.
(Fuente: EnEstosDías)