Modernización: pluralidad o castigo?

(ADN).- El gobernador redobló la apuesta y salió a justificar la ley que elimina la obligatoriedad de publicar en medios gráficos las comunicaciones con exigencia jurídica, como edictos, licitaciones y concursos. Así profundizó la pelea con el diario Río Negro. Su argumentación se basa en la modernización del Estado, el ahorro del gasto público y el alcance de los medios digitales. Pero deja al descubierto la desfinanciación a las empresas periodísticas.

Alberto Weretilneck posteó en su cuenta de Twitter que la «con la sanción de la Ley que elimina la obligatoriedad de publicar en medios gráficos de mayor tirada los avisos que comunican actos de Gobierno como licitaciones o llamados a concurso, la Provincia generará un millonario ahorro al digitalizar la publicación de edictos y demás».

«La nueva norma, impulsada por el Poder Ejecutivo y vinculada con el Plan de Modernización del Estado, busca llegar a todos los ciudadanos aprovechando las nuevas tecnologías y en coincidencia con la puesta en marcha del Boletín Digital y las firmas digitales y electrónicas», agregó.

El punto débil de la argumentación del mandatario, es que además del Boletín Oficial, no se conocen en qué otros medios podrán publicarse este tipo de comunicaciones. Si el argumento es que el diario de papel ya no tiene el alcance de hace unos años y el espíritu del gobierno es la pluralidad (porque rompe un monopolio) y la mayor llegada de la información a la ciudadanía, ese objetivo no se logra con la herramienta oficial.

Hoy, el Boletín no tiene siquiera un sitio preponderante en la página web del gobierno de Río Negro. Hay que bucear para acceder a esa publicación. Por lo tanto, deja de ser un sitio de alcance masivo.

Weretilneck explicó que con la nueva ley «lograremos un importante ahorro en materia de publicaciones», y repasó: «en 2017, el Poder Ejecutivo desembolsó 11 millones de pesos en la publicación de avisos de licitaciones, concursos de precios, convocatorias y edictos. Mientras el Poder Judicial hizo lo propio por poco más de 8 millones».

Ese dinero ya no será destinado al diario Río Negro, único medio con las características que requería la ley anterior (gráfico de mayor tirada), lo que transforma a la reforma en una buena noticia, porque evita la concentración de recursos en las empresas más grandes agigantando el proceso monopólico de la información.

Pero tampoco el gobierno avanza en una redistribución. Habla de ahorro. Es decir, que las comunicaciones solo se publicarán en el Boletín Oficial, dejando de lado portales de noticias, radios, televisión y otros dispositivos de alcance masivo.

«El nuevo marco regulatorio prioriza la centralización de información del Sector Público, facilitando su acceso a la comunidad y detentando validez jurídica los documentos generados electrónicamente en el ámbito del Boletín Oficial, que garantizan niveles de seguridad y eficiencia», aseguró Weretilneck en su Twitter.

Validez jurídica indudablemente tendrán las publicaciones, pero no serán de fácil acceso a la población ni tendrán una difusión masiva.

La medida del gobierno se complementa con otras, como la reducción, el no pago o la quita total de la pauta publicitaria de varios medios de comunicación en Río Negro. Esa arbitrariedad es anticonstitucional y por lo tanto una práctica reñida con los estándares democráticos. Y desfinancia medios de comunicación críticos, alentando (inyectando mucho dinero) empresas que solo reproducen el discurso oficial.