Tráfico de influencias y aportes a los clubes

(ADN).- Los aportes del gobierno rionegrino a los clubes Atlético Regina, por 550.000 pesos y Argentino del Norte, de General Roca, por 600.000 pesos, fueron el disparador que dio a luz un debate que estaba soterrado -en el ámbito del deporte- cual es la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos en beneficio de algunas entidades en prejuicio de otras, que tienen que desarrollar sus actividades con recursos de los padres, familiares y aportes de la comunidad.

El otorgamiento de estos dos aportes ahora es materia de investigación del flamante Fiscal de Investigaciones Administrativas, Fabián Gatti, quien recibió esta mañana una denuncia de Nuevo Encuentro y para que se determine la responsabilidad del gobernador Alberto Weretilneck en el tema.

¿Cuáles son los planteos en este tipo de procedimientos? Si hay conflicto de intereses, malversación de fondos, incumplimiento a los deberes de funcionario público y una figura, digna de ser tenida en cuenta: el tráfico de influencia.

Se trata entonces que el funcionario público debe actuar objetivamente y evitar preferencias o exclusión en la entrega de aportes. Debe existir imparcialidad e igualdad en tanto que las actuaciones parciales o arbitrarias tienen un claro efecto discriminatorio, que parece ser habitual en la actual administración.

Esto es lo que sienten muchas instituciones de la provincia, frente a la canalización de recursos a determinadas instituciones y con montos importantes, mientras que otros encuentran siempre la negativa o el argumento de la restricción del gasto en el Estado.

Estos recursos se canalizan en la Secretaría General de la Gobernación, que desde la llegada de Nelson Cides, concentra y canaliza la mayor cantidades de aportes a instituciones.

«Las conductas de tráfico de influencias, ya sea el tráfico propiamente dicho o el ejercicio de influencias, conculcan el principio de objetividad que debe regir las actuaciones administrativas, que en su vertiente subjetiva conforma el principio de imparcialidad al que están sujetos los funcionarios públicos», señala la Ley de Etica Pública nacional, mientras que en el caso de Río Negro, este procedimiento está normado en el inciso f) artículo 19 de la ley 3550.

Valga recordar además, que en capítulo VI-Cohecho y tráfico de influencias, del artículo 256 bis del Código Penal, se reprime con reclusión o prisión este procedimiento para otorgar beneficios.

Bien podría decirse que estos aportes y sus montos, más de medio millón de pesos, responden a la necesidad de ayudar a dos instituciones de alto reconocimiento en ambas sociedades y que sus tarea en la comunidad tiene un fin social importante.

No está acá en discusión sobre la veracidad de este argumento, pero cabe preguntarse cuál es el motivo de la urgencia de entregar fondos al Club Atlético Regina, en la inmediatez de las elecciones a intendente de esa localidad.

Asimismo, en el caso de Argentino del Norte de Roca es presidido por la legisladora Tania Lastra, del partido gobernante, titular de la Comisión de Asuntos Legislativos del parlamento, que sin dudas tiene una situación ventajosa para pedir a su gobierno dinero de fondos públicos, frente a cualquier otra institución deportiva rionegrina. Ni pensar en los clubes de barrio o de algunas localidades de la región sur.

Sería injusto hacer hincapié sólo en estos clubes, porque hay manifiesta preferencia también por otros clubes de futbol y básquetbol de Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche, por citar los más importantes y dineros que financian otras actividades como el automovilismo, aportes a pilotos para pruebas internacionales o de categorías cuasi de elite.

Hay otra cara de esta realidad y bastaría preguntar, por dar un ejemplo reciente, cómo se financieron todos los equipos de handall de distintos puntos de Río Negro que participaron del último campeonato provincial en Campo Grande.

Los clubes trabajan denodadamente para juntar recursos y poder competir en las distintas disciplinas, en todas las categrías, desde los más pequeños hasta mayores. Hacen rifas, bonos de contribución, organizan ferias, venden comida, entre otras actividades y sienten en casos como estos, que se está vulnerando el principio de imparcialidad y equidad.