Buscan prohibir la adhesión a la ley PPP en Río Negro

(ADN).- El debate en Río Negro por la adhesión a la ley nacional de contratos de obras con Participación Público Privada (PPP) sumó otro capítulo. Es el que introdujo el legislador Marcelo Mango quien requirió prohibir el proyecto.

Alrededor de esta iniciativa hay mucha polémica, incluso en el bloque del oficialismo que la impulsó. El proyecto ya tiene media sanción y el volverá a ser tratado en la próxima sesión de la Legislatura.

La ley nacional no alcanza a despegar. Recién el mes pasado, después de dos años de vigencia, se realizó la primera licitación con la modalidad PPP. Europa desaconseja utilizar el sistema. Y Argentina tuvo que adaptar su norma para atraer inversores: eliminó impuestos a las empresas y resignó los tribunales naturales.

Mango explicó que ante el tratamiento en primera vuelta del proyecto «he puesto a consideración diversas críticas al mismo; solicitando se consideren las observaciones recepcionadas de la población y se modifique el Artículo 1º del Proyecto de Adhesión a la Ley de Contratos PPP, quedando prohibido en la Provincia de Río Negro la realización de proyectos y la celebración de contratos bajo el régimen participación público privada».

El legislador del FG-FpV indicó que de avanzar esta iniciativa «estaríamos adhiriendo a una Ley Nacional que retoma el relato neoliberal de los `90, del Consenso de Washington, del ex ministro Cavallo (…) Nos quieren hacer creer que lo privado es lo novedoso y eficiente, y lo público atrasado e ineficiente. Y ya sabemos cómo terminó el 2001. Con esta Ley PPP el Estado renuncia a su rol principal y deja librada la obra pública al uso del mercado, al que se le garantizan ganancias extraordinarias profundizando la brecha de las desigualdades sociales. El Estado y nosotros los hombres públicos, debemos trabajar en favor del interés social y no de los privados».

«Esta norma pone al Estado como garante de rentabilidad de las corporaciones. Se la denomina «rentabilidad mínima», pero sin ningún riesgo empresario. Elimina todos los controles y los atributos del Estado. Así por ejemplo no establece el porcentaje que deberán tener ni las sociedades anónimas ni el Estado en la participación de un proyecto. De esta manera se legaliza que el sector público integre una sociedad sin ningún poder de decisión», explicó Mango.

Y agregó: «Con el pretexto de atraer capitales a la obra pública y a los servicios, se flexibilizan y delegan facultades: el Estado puede contratar sin que sepamos en qué porcentaje y una vez concluido este trámite, la obra se empieza a hacer con una garantía completa del sector público. Por lo tanto, si –por ejemplo- hubiera que reparar daños ambientales, es el Estado quien debe hacerse cargo». Además, subrayó que «este Proyecto otorga todas las garantías a las empresas privadas, pero además es una Ley hecha para que sean los capitales extranjeros quienes realicen la obra pública. No establece ninguna prioridad para la contratación de empresas nacionales. No hay ni una palabra en este proyecto en defensa de la industria nacional, ni referente al cuidado del trabajo argentino, ni de las PYMES».

Uno de los principales puntos de los contratos PPP es la posibilidad de emitir bonos colocables en los mercados financieros para financiar obras públicas en manos de contratistas privados.

«Esta misma ingeniería financiera ha tenido nefastas experiencias en toda América. Reino Unido puso de relieve el fracaso de este tipo de acuerdos entre el Estado y los capitales privados para ejecutar obra pública. Según el documento de la auditoría oficial británica, este sistema de contrataciones resultó perjudicial para las arcas del Reino Unido. El fracaso también afectó a España donde se utiliza un programa similar para la obra pública», concluyó.