A pesar del acuerdo, Puntel dice que hay delitos que juzgar

(ADN).- Se demora el inicio del juicio contra los dirigentes de ATE acusados de lesiones e intento de toma de la Legislatura en mayo del año pasado, durante la sesión que abordaba el endeudamiento del Plan Castello. Hace casi un año que la fiscalía intenta realizar la audiencia de formulación de cargos, pero las diferentes apelaciones lo impiden. Ahora, podría ser en agosto. La querella y la defensa trabajan en un acuerdo, pero eso no exime a los imputados los delitos contra un Poder del Estado.

Así lo interpreta Juan Pedro Puntel, el fiscal que lleva adelante la instrucción. Según planteó la semana pasada en una audiencia, por más que ahora la querella (que representa a los policías agredidos) desista de la presentación de cargos, aún queda determinar si los gremialistas querían irrumpir en el Parlamento para interrumpir la sesión. Ese delito, no podría ingresar en un acuerdo de partes, porque está afectado un bien del Estado y el funcionamiento de un Poder.

En mayo de 2017, una protesta de ATE terminó con varios policías heridos, algunos de gravedad. Y el gobierno impulsó la denuncia y pidió a los agentes convertirse en querellantes. Por el hecho estuvieron detenidos el secretario general y su adjunto, Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, y los dirigentes Ariel Leguizamón y Miguel Ángel Báez.

El Ministerio Público los consideró «copartícipes de la coacción agravada, producida por haber estado inmersos en hechos violentos tendientes a obstruir el normal desarrollo de un acto del Poder Legislativo», la «comisión de lesiones leves producidas contra al menos siete policías y graves, contra otro, todas ellas agravadas por ser los damnificados representantes de la fuerza policial». Todas fueron enmarcan en «los términos del delito de atentado a la autoridad agravado por haber sido efectuado por un grupo de más de tres personas».

Después de los incidentes, el gobernador Alberto Weretilneck expresó: “Estoy convencido de que quisieron matar a dos policías”. En aquel momento vinculó a los dirigentes de ATE con «sectores de la oposición», y calificó a lo sucedido como un «delito grave». Y le pidió a la justicia “que esté a la altura de las circunstancias y tome las medidas necesarias para detener esta locura violenta que se escuda detrás de un supuesto reclamo gremial”.

Pero cambiaron las condiciones políticas. Al momento de los incidentes ATE y Aguiar eran «el enemigo público» del gobierno. Ahora, el gobierno lo cobijó como el gremio «aliado». En ese cambio de escenario (interpretan fuentes judiciales) se basa el cambio en el proceso.

Es la propia querella quien admite que habrá disculpas de parte de los gremialistas a los policías y se trabaja en un acuerdo con la defensa para que se desista de las acusaciones, y evitar así el juicio. Pero Puntel recordó que hay delitos que están fuera de esa esfera que solo atañe a personas, y son lo que se produjeron contra las instituciones del Estado.

Los hechos son: intento de obstrucción del normal desarrollo de la sesión legislativa, atentado contra la autoridad. Y deben ser juzgados.