Retroceso

(ADN).- Que el Consejo de la Magistratura se encuentre debatiendo una posible sanción al juez Rubén Marigo por su actuación en la APDH de Bariloche y por formular declaraciones en contra de la represión de fuerzas de seguridad nacionales en el desalojo de Villa Mascardi, donde murió el joven barilochense Rafael Nahuel, es un grave retroceso en materia de derechos humanos, cuando Río Negro fue de avanzada en esta materia como lo demuestran un conjunto de decretos y leyes formuladas desde el Estado.

Mucho más grave aún cuando el propio gobernador fue quien pidió al Superior Tribunal de Justicia analizar la conducta del magistrado. Precisamente ante la solicitud del mandatario el máximo tribunal judicial provincial ordenó al auditor Juan Manuel Montoto Guerrero analizar los dichos del magistrado barilochense.

Ayer, en la ciudad cordillerana, el Consejo de la Magistratura trató el tema y sus miembros eludieron una definición. En términos futboleros “tiraron la pelota al corner” en medio de argumentos y razonamientos que se contradicen en sí mismos en procura de “ganar tiempo” y básicamente evitar contradecir a Weretilneck con una decisión de pasar la causa al archivo, cuando el mandatario ha tenido una posición alineada junto al gobierno nacional frente al tema mapuche; el ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan forma parte del “Comando Unificado” organizado por la ministra Bullrich, para combatir a la RAM, y el procurador General Jorge Crespo, firmó junto al ministro Garavano, un protocolo judicial con el mismo propósito.

No encontraron argumentos para sancionar a Marigo y además temieron una reacción condenatoria de sectores de la sociedad rionegrina. La estrategia habitual: el tiempo pasa y todo se olvida.

De esta manera se explica la resolución del Consejo de la Magistratura que pidió al auditor profundizar la investigación sobre los dichos de Marigo. ¿Qué significa esta medida? ¿Contratar a un especialista en semántica, un filólogo o un lingüista? Porque los dichos del juez son claros y precisos en favor de la defensa de los derechos humanos y en este caso sobre la represión de pueblos originarios.

No hay nada que profundizar. No quisieron o no pudieron abordar el tema en su eje principal: ¿es condenatorio para un juez de Río Negro expresarse a favor de los derechos humanos y compartir las actuaciones de la APDH de su ciudad?

No es un dato menor que la investigación que analiza el proceder de los prefectos Albatros en el desalojo de Villa Mascardi determinó que se dispararon 114 tiros, que se identificó quien fue el autor del disparo que mató a Rafael Nahuel y que además el joven asesinado no tenía restos de pólvora en sus manos.

En la reunión de ayer, el presidente del STJ Enrique Mansilla destacó que la Justicia es independiente, que no es corporativa y para reforzar estos conceptos recordó que el Consejo de la Magistratura ha destituido a dos jueces, al considerar que ameritaba tal sanción. Caprichosa comparación si se mide con la misma vara los casos, por ejemplo, de Juan Bernardi y Fabio Igoldi, con declaraciones públicas en favor de los derechos humanos.

Mientras tanto la Justicia aún no resolvió el caso del fiscal Daniel Zornitta. Un papelón de marchas y contramarchas que luego de agraviar a las mujeres en el Facebook, renunció y luego retiró la dimisión y aún todo sigue en el limbo. Aún no hay respuesta al pedido de los legisladores Mango y Pita (FpV-FG) de sanción a la jueza Sonia Martín, que dictó la falta de mérito al ex legislador Rubén López, de JSRN, en una causa por violación.

Por último cabe recordar que no hubo reacción del gobernador ni de la Justicia cuando el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Héctor Leguizamón Pondal, se manifestó a favor del fallo de la Corte Suprema de la Nación sobre el beneficio del 2×1 a genocidas de la dictadura cívico-militar.

La contracara, que no generó ninguna reacción.