Analizan cortar transferencias a la Patagonia
(ADN).- El gobierno nacional analiza cortar todas las transferencias a la Patagonia para ahorrarse 140 mil millones. Los Ministros lo deslizaron en un encuentro con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, quien lo rechazó de pleno. No hay certezas sobre si esa idea fue comunicada al gobernador Alberto Weretilneck.
Según publicó La Política On Line, Mauricio Macri presiona a los gobernadores peronistas para compartir el costo del ajuste fiscal que exige el FMI, pero ya recibió una respuesta clara: «Presentá el presupuesto con tu propuesta de ajuste y discutimos sobre eso», repitieron, palabras más palabras menos, los interlocutores del peronismo.
En esa reunión, los funcionarios de Macri deslizaron una propuesta audaz: Cortar todas las transferencias discrecionales a la Patagonia, lo que implicaría un ahorro -según las cuentas de la Casa Rosada- de unos 140 mil millones. Esto indignó a Pichetto.
La propuesta del gobierno es cortar a cero la asistencia al régimen de promoción de la industria electrónica de Tierra del Fuego, los reembolsos a puertos patagónicos y hasta los plus que se pagan en planes sociales, jubilaciones y asignaciones familiares a los habitantes de la Patagonia, por las más duras condiciones de vida que implica instalarse en esta región.
La ley dispone que Macri debe enviar el presupuesto del 2019 el 15 de septiembre. El acuerdo con el FMI lo obliga a incluir una baja del gasto que va entre los 200 mil y los 270 mil millones de pesos, para que el déficit primario pase de 2.7% a 1.3% del PBI, como se comprometió Nicolás Dujovne ante Christine Lagarde.
En estos días, el mandatrio rionegrino advirtió que la reducción del déficit fiscal no debe hacerse lesionando derechos adquiridos. Por ahora, no hay información oficial sobre si la idea del Presidente fue discutida con los gobernadores de la Patagonia, pero no se descarta -ahora que se conoce el proyecto- una expresión pública.
La semana pasada, el diputado nacional Martín Doñate (PJ-FPV) elevó al Congreso un proyecto de ley para incluir el pago de la zona austral a los jubilados a normativa vigente, para evitar que el ajuste quite ese beneficio que hoy depende de un decreto. También impulsó un amparo preventivo en la Justicia.
Este «esfuerzo» fiscal, como es obvio, no tiene destino posible sin acuerdo al menos con una parte del peronismo. Hasta ahora más allá de la retórica acuerdista del macrismo, lo único concreto fue un reciente encuentro de Rogelio Frigerio y Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal con Miguel Pichetto y Juan Schiaretti, entre otros.
Pero el debate está planteado. Como anticipó meses atrás LPO, la Casa Rosada hace rato que viene coqueteando con cortar todas las transferencias no automáticas a las provincias. Es una de las tres patas del diseño del ajuste que tantea el Gobierno, que quiere ahorrar 270 mil millones de pesos con recortes a subsidios, obras públicas y programas varios. Los gobernadores quieren ver el plan antes de apoyar.
Dujovne ya le anticipó a los legisladores de Cambiemos que el ajuste se completará con recortes a los subsidios a energía y transporte y a la obra pública. Esto contradice las declaraciones de Frigerio y Guillermo Dietrich sobre la continuidad de la obra pública y del flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, sobre el freno al recorte de subsidios.
Si suena contradictorio es porque acaso lo sea.
Como sea, el tema se empezó a discutir muy por arriba con Pichetto y con el diputado el diputado Pablo Kosiner.
Pero las contradicciones están en la Casa Rosada. En los próximos días Iguacel anunciará una reducción aún más gradual de los subsidios a la energía, para paliar los efectos de la devaluación y hasta analiza la posibilidad de imponer una suerte de tarifa plana para darle «certidumbre» a los usuarios.
El transporte es el rubro más asistido por la Nación, la mayor parte a la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Los gobernadores presionan para disminuirlo al máximo. Pero serían unos 60 mil millones de piso que deberían absorber los dos distritos estrella que gobierna el PRO. O trasladarlos a tarifa, con su consiguiente costo político.
También en esa región funciona con fondos nacionales Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa) y los gobernadores piden que Vidal y Larreta paguen parte del costo de mantenimiento de la empresa. Ya se descartó transferirla por la complejidad técnica de dividirla, cuando la región metropolitana es una en los hechos.
Los giros discrecionales que se quieren cortar son programas de salud, educación, empleo o producción que la Nación ejecuta en el país y se hacen sentir en provincias chicas.
En algunas representa hasta 15% del presupuesto local y no será fácil recortarlo de un plumazo. «Tampoco podemos tener déficit y las provincias superávits», repiten los referentes de la mesa económica.
Un caso: este viernes los tabacaleros de Salta denunciaban demoras en la asistencia que reciben entre las cosechas. Son las partidas que Dujovne quiere recortar y exigirle al gobernador que se haga cargo.
Tampoco será tan sencillo recortar obras públicas, porque el presidente promete reemplazarlas con Programas de Participación Pública Privada (PPP) pero no convence a todos. «Hasta ahora sólo licitó corredores centrales y nada en el interior», se quejó ante LPO Kosiner.
Esta semana comenzará un contacto entre los ministros de economías de las provincias para coordinar estrategias conjuntas, porque sus jefes no quieren ser abordados de a uno por la Casa Rosada. Quieren saber cuál es el plan de ajuste. Nadie lo conoce.