El Gobierno propone ahorros por $ 88.500 millones en el gasto social

Hubo ya conflictos en Seguridad Social y la Agencia de Discapacidad, que tendrían que convalidar ajustes que están en los papeles de Nación

El paso de la Secretaría de Seguridad Social y de la Agencia de Discapacidad a manos de representantes del titular de Anses se da en plena negociación con las provincias por la ley de Presupuesto de 2019, que, de acuerdo con lo pudo saber El Cronista, incluye ocho opciones de ahorro en el gasto social por $ 88.500 millones, que los nuevos funcionarios deberían convalidar, en momentos en que sigue pendiente la reforma del sistema previsional. En la negociación por el ajuste fiscal con los gobernadores, Hacienda e Interior presentaron un set general de medidas que incluye alternativas de ahorro de la Nación.

– Una de ellas es la modificación por decreto del régimen de Asignaciones Familiares, que el Gobierno ya adelantó el mes pasado (para ahorrar de $ 13.000 millones) y de la que tuvo que dar marcha atrás por 30 días la eliminación del plus por zona desfavorable por pedido de los legisladores patagónicos.

– Entre las alternativas figura la eliminación del diferencial del 40% sobre las prestaciones sociales de la zona austral (por $ 31.000 millones).

– También, el set contempla modificar los regímenes especiales de jubilaciones ($ 15.000 millones). No se especificó aún cuáles, pero cuentan esas prestaciones los docentes, docentes universitarios, investigadores, Luz y Fuerza, Ferroviarios, el Servicio Exterior y la Justicia.

– Se analizaba, además, modificar la indexación de la AUH ($ 9000 millones), al mantenerla en términos reales en vez de que suba 4% el año que viene.

– Respetar la ley de Emergencia Social pero mantener el presupuesto en $ 30.000 millones (un ahorro de $ 6000 millones).

– Congelar nominalmente algunos programas sociales, como el Progresar ($ 4000 millones).

– Reducir la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) del 80 al 70% del haber mínimo.

– Finalmente, la reducción de la cantidad de pensiones no contributivas ($ 10.000 millones). Aquí es donde puede ser clave que un ex funcionario de ANSeS como Santiago Ibarzábal haya asumido en la Agencia de Discapacidad.

Fuentes de ANSeS, indicaron que «no está definido» ninguno de estos cambios en el Presupuesto. Y hasta que podría ser una estrategia de negociación para que las provincias acepten recortar otros gastos.

Pero el comunicado de 19 ministros de Economía provinciales peronistas del viernes pasado advirtió que «los ajustes, ante la difícil situación social que vive el país, no deberán afectar el gasto social». Los ministros consultados por este diario, se desligan del set de reducción del gasto social, al indicar que es parte del recorte que tiene que hacer la Nación, no las provincias.

En este contexto, la semana pasada renunció Juan Carlos Paulucci como secretario de Seguridad Social, un hombre del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y lo reemplazará Gonzalo Estivariz, hoy secretario de Legal y Técnica de ANSeS. Paulucci se alejó por discrepancias en las decisiones políticas que se quieren tomar en el área previsional, según coinciden en su entorno. Ante «tiempos complejos» en materia fiscal, la Secretaría tenía que convalidar decisiones que comprometían «las convicciones» del ex secretario.

Se espera ahora una mayor coordinación entre la Secretaria de Seguridad Social y ANSeS y, por lo tanto, una mayor injerencia de Emilio Basavilbaso en las próximas reformas.

Se entiende que el cambio es un reconocimiento del Ejecutivo al trabajo de ANSeS y se espera que la Secretaría trabaje más en conjunto con ese organismo para darle una impronta más dinámica a la reforma previsional.

Sin embargo, desde ANSeS mismo indican que si bien la vocación es avanzar cuanto antes con la convocatoria a la comisión que redactará la reforma previsional, «la prioridad es tratar el presupuesto». La ley de Reparación Histórica da tiempo hasta mediados del año próximo.

La reducción del déficit fiscal requiere una reforma previsional porque el gasto social cada vez acapara una mayor parte del gasto primario, en 2019 será un 62%.

Por ahora el Gobierno va buscando en los presupuestos una reducción del gasto social. El año pasado modificó la fórmula de movilidad, con una fuerte reacción social.

Fuente: El Cronista