El presupuesto esconde una «mini reforma» jubilatoria
Urgido por la situación fiscal, el Gobierno esconde mini reforma jubilatoria en el Presupuesto. Ya presentó una propuesta para restringir el acceso a una prestación universal y aguarda la resolución de la Corte para tratar la sustitutividad del haber
(Por Sebastian Albornos*).- La reforma jubilatoria se encontraba durmiendo en los cajones, junto a otra cantidad de cambios estructurales con los que en su momento se había entusiasmado el macrismo.
Pero la crisis financiera hizo que el Gobierno tomara la decisión de adelantar algunas medidas que parecían condenadas al largo plazo: ahora se impulsarán con «bajo perfil» y algo camufladas dentro de leyes como la del Presupuesto 2019.
Entre ellas se encuentran la iniciativa de restringir el acceso al cobro de la Prestación Universal para el Adulto Mayo (PUAM), que se abona a aquellas personas que llegan a los 65 años pero que no tienen la cantidad de años de aportes necesarios para acceder al beneficio.
Esta idea se estaba trabajando en el anteproyecto de reforma previsional a cargo de un grupo multidisciplinario, pero la necesidad de recortar fondos fiscales para lograr el denominado «déficit cero» hizo que ahora se plasme en el texto que empezará a debatir el Congreso para definir el Presupuesto.
Otro de los temas que se quiere impulsar en el corto plazo es el «principio de sustitutividad» de la jubilación; es decir, el porcentaje que representa el haber si se lo compara con el salario que recibía el beneficiario en su último año como trabajador.
La idea del Gobierno, de acuerdo con las fuentes consultadas por iProfesional, es que ese porcentaje tenga un «techo» de aproximadamente el 60 por ciento.
El factor que le imprime urgencia al tratamiento de este tema es un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, que ubicó ese porcentaje en el 70% del salario. La sentencia será cuestionada por la Anses ante la Corte Suprema, pero desde el Gobierno no quieren correr riesgos de que, con ese antecedente, pueda generarse un efecto multiplicador.
Es que si se confirma ese fallo, se abre la puerta para que miles de jubilados realicen millonarios juicios al Estado por actualización del haber y cobro de retroactivos. El monto que puede resultar de ello es incalculable.
En el macrismo destacan que mantener el sistema vigente es «inviable» y que deben tomarse medidas urgentes para evitar que el déficit siga escalando hasta niveles insostenibles. El Gobierno no puede esperar a que cristalice la reforma integral que está estudiando el Consejo de Sustentabilidad Previsional, impulsado por la secretaría de Trabajo, por lo que esta iniciativa específica para evitar que se generalice la jubilación al 70% será canalizada por una nueva ley.
Mientras tanto, en el texto que debate el Consejo, se busca generar un sistema previsional sustentable basado en aportes legítimos (comprobables) y se prevén modificaciones en rubros tan sensibles como la edad jubilatoria, sistema de retiro anticipado y régimen de pensiones.
Pero tienen asumido que una reforma de ese tipo requiere tiempo y grandes consensos legislativos, por lo que no se espera que en este período de gobierno de Cambiemos pueda plasmarse.
Avance a “cuentagotas”
El macrismo no tiene previsto eliminar la mencionada PUAM, sino que ahora busca cambiar la ley 27.260 sobre reparación histórica, que la creó, para hacerla incompatible con el trabajo. De esta manera, aquellos que lleguen a los 65 años de edad (ya sean hombres o mujeres) y no tengan los años de aporte, deberán optar por esta prestación –que en la actualidad es el 80% del haber mínimo- o continuar trabajando, ya sea en relación de dependencia o cuenta propia.
La ley vigente permite una compatibilidad entre llegar a la edad y la prestación de tareas.
Adrián Tróccoli, titular del estudio que lleva su apellido, explicó a iProfesional que “el principal problema de este cambio está dado en los cuentapropistas que tienen ingresos reducidos o eventuales”.
La eliminación de las moratorias hace imposible que muchos se jubilen. El acceso a la prestación de subsistencia les permitía complementar ingresos bajos y quizás alcanzar los requisitos para una jubilación “completa”.
“Bajo este esquema será imposible para este grupo que seguramente optará por la informalidad, y debiera ser corregido en el debate”, agregó Tróccoli.
De acuerdo al especialista, “hasta que se legisle la jubilación proporcional, sería más razonable mantener el esquema vigente, al menos para los monotributistas”.
En caso de aprobarse el texto contenido en el proyecto de Presupuesto, el beneficiario se vería obligado entonces a optar por una de estas 2 alternativas:
1. Acceder a la PUAM de manera vitalicia, cobrando el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin posibilidad de transformar ese beneficio (cuando se esté imposibilitado de acceder a una moratoria)
2. Optar por continuar trabajando hasta los 70 años en los términos de la ley de reforma previsional 27.426, sea que al llegar a dicha edad alcance los 30 años de aportes necesarios para la jubilación ordinaria, o para recurrir a la Prestación por Edad Avanzada (por no ser suficientes dichos años).
Sustitutividad
El principio de sustitutividad es otro punto en discusión. ¿Qué significa? Como la jubilación es consecuencia de la remuneración percibida por un trabajo, una vez que éste cesa, el beneficio debe permitir el mantenimiento de un status de vida similar a aquel que se tenía en actividad.
Son varios los que pretenden volver al régimen de las leyes 18.037 y 18.038, que sí establecía la sustitutividad del haber jubilatorio.
Este último estaba íntimamente vinculado con las remuneraciones o las rentas – categorías autónomas -, percibidas por el beneficiario durante su vida activa.
Sobre este punto, Tróccoli afirma que deberá analizarse cada situación en particular, para evitar perjuicios a los trabajadores que estén cerca de obtener el beneficio.
En este contexto, la sala II de la Cámara de la Seguridad Social determinó que un jubilado no puede tener una jubilación menor al 70% del sueldo promedio que cobró durante sus últimos diez años de actividad laboral. En la actualidad, el mismo se ubica en un 55% promedio. En su proyecto de reforma, el Gobierno pretendería mantenerlo en ese número o elevarlo al 60% como máximo.
El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se mostró a favor del fallo que garantizó que los jubilados deben tener un haber inicial equivalente al 70% del salario de los diez últimos años laborales.
“Cuando llegue a la Corte vamos a pedir que se generalice hacia todos los jubilados”, adelantó.
De acuerdo con el Defensor de la Tercera Edad, en otros precedentes el máximo tribunal señaló que “el haber tiene que ser sustituto del salario como trabajador activo”. Por eso, la Sala considera que la tasa de sustitución con la que se calcula la jubilación inicial no puede ser menor a 70%.
Respecto a la apelación y el tratamiento que tendrá este fallo en la Corte Suprema, Semino aseguró: “El problema que tenemos es que como la ley no es taxativa en términos de lo que estamos definiendo, aparecen las interpretaciones. En este tema, ha reiterado en muchos fallos que debe darse tal sustitución del haber por el salario. Lo que ha variado en distintos fallos es cuál es el criterio exacto de esa sustitución y cuál es el porcentaje”, explicó.
En caso de que el fallo de la Corte haga lugar al reclamo del jubilado, es probable que el Gobierno envíe una ley al Congreso para contemplar solo este tema mientras termina de definir un nuevo proyecto de reforma previsional.
Otros puntos del proyecto
En cuanto a la edad, se evalúa subirla hasta los 70 años y, para ello, hay distintas modalidades en carpeta que apuntan al «gradualismo».
Tróccoli afirma a iProfesional que se analizará una suba gradual para que no se vea afectada la expectativa de quienes están cerca de acceder al beneficio.
En cambio, «afectará completamente a aquellos que les falten 15 o 20 años», asegura.
«En la actualidad, las mujeres se jubilan a los 60 años, pero sólo el 15% completa los 30 años de aporte necesarios a esa edad», señala Tróccoli.
«En el caso de los varones, la situación está un poco mejor, ya que el 40% cumple con los requisitos al alcanzar los 65 años», completa.
Por lo pronto, se apuntará a ir acercando la edad entre ambos, pero no a la equiparación.
Otro de los temas clave es el de la pensión vitalicia. Al respecto, se baraja la idea de adaptarla al sistema de compensaciones del Código Civil.
Por ejemplo, que a una persona que enviuda a los 35 años y que estuvo 10 años casada, se le pague la prestación por ese tiempo (para luego perder el beneficio).
Sobre este punto, Tróccoli asegura que se trata de «un cambio lógico», ya que no tiene sentido pagarle una suma fija a una persona joven por el resto de su vida si no vuelve a contraer nupcias.
Además, se apunta a extender la edad de los hijos que perciben pensiones por el fallecimiento de los padres.
Por otro lado, se impondrá un límite a la acumulación de la jubilación y la pensión. En este sentido, se manejan dos opciones:
– Que entre ambas prestaciones se cobre la del beneficio más alto (por lo general, la jubilación).
– Que valide la alternativa más elevada y un proporcional de la otra.
Lo que sí es un hecho es que en la futura ley no convivirán ambas prestaciones al 100% para un único beneficiario.
También se analiza la extensión del período a considerar para el cálculo del haber inicial: 25 años en lugar de los 10 actuales.
Sin embargo, el problema es que en un contexto inflacionario, como el que suele tener constantemente el país, esto derivará en que el ingreso sea menor.
Resta por verse, ahora, si la «mini reforma» jubilatoria logrará realmente pasar camuflada o, en cambio, sus fuertes contenidos alertarán a la oposición.
*Publicado en iProfesional