Cárdenas y Carrasco: quién consiguió las balas de plomo?

Hoy no habrá actividad en la causa por los homicidios de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. El proceso testimonial ingresará el martes en su cuarta y última semana. El viernes tuvo un solo testigo, el ex oficial de la policía de Río Negro, Rodolfo Aballay, quien es señalado por ser quien consiguió munición de plomo de la empresa PROSEGUR. Respondió con un “no recuerdo” a la mayoría de las preguntas, pero negó que se hubiera empleado esa carga letal durante la represión.

Aballay ha pasado los 40, es un hombre grueso, de más de 100 kilos; no alcanza al metro ochenta, usa anteojos para ver de lejos, pantalones de jean y un buzo negro. Lleva el pelo corto peinado a un lado y la barba crecida con una perilla entrecana que denota la edad. No da la impresión de que los hechos que se le conocen de cuando era policía hubiesen dejado alguna marca en su fisonomía. No se le adivina un pasado violento. Cuestión que arrastra a pensar en aquella idea de banalidad que refería Hannah Arendt para describir el aspecto de sujetos que, como Aballay, se presentan mundanos, comunes, barriales, y en ese sentido, casi imperceptibles.

Aballay dijo al Tribunal que se llama Rodolfo Patricio, que está desempleado, y que había alcanzado el cargo de sub comisario cuando lo pasaron a disponibilidad en la policía de Río Negro. Al día de hoy, dice no saber por qué lo retiraron. Antes, cuando sucedieron los hechos de junio de 2010, era oficial Principal de Operaciones en la comisaría II del Centro Cívico.

Sin actividad conocida, Aballay vive ahora en San José de Jáchal, al norte de la provincia de San Juan.

De su vida como policía hay quejas y denuncias en cada uno de los destinos donde cumplió funciones. Como siempre o casi siempre ocurre, cuando un oficial de la fuerza queda envuelto en sucesos poco claros, cuando median reproches, excesos, crímenes presuntos o la sospecha de actividades delictivas -rara vez develadas- a ese oficial no se lo castiga, se lo traslada. Así ocurrió con Aballay.

Esta verdad sostiene el interés público en las audiencias que aspiran a dar con los responsables de la represión en los barrios del Alto, que culminó con 2 muertos y más de una docena de heridos. Son tres los policías acusados de haber disparado proyectiles de plomo contra la multitud. Y por primera vez un ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré, un ex gobernador, Miguel Saiz, y un ex ministro de Gobierno, Diego Larreguy, son citados a declarar, y toda la plana mayor de la policía de Río Negro, activa durante aquellos episodios ocho años atrás, debe responder al señalamiento de haber actuado con impericia y negligencia.

Sobre esto precisamente percutió el ex intendente Marcelo Cascón al detallar la gravedad de lo que estaba ocurriendo ese día. Dijo: “Yo no me fui y estuve en el lugar de los hechos”, tomando amplia distancia de los funcionarios provinciales que pese a la evidencia decidieron marcharse hacia El Bolsón.

De las declaraciones de otros testigos e imputados surge la certeza de que fue Aballay quien obtuvo munición de plomo de la empresa PROSEGUR, que pudo ser utilizada durante la represión. En su declaración el ex jefe de la Unidad II, Carlos Arias (superior de Aballay), señaló que los efectivos “portaban armas reglamentarias y a algunos se les asignó itakas”. Los proyectiles anti tumulto “se usaron todos”, dijo. “Gendarmería nos dio cartuchería de tipo anti tumulto”, y añadió que “Aballay consiguió más cartuchería en la empresa PROSEGUR”.

Dato que también figura en el expediente.

Todos los imputados por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco negaron haber empleado munición de plomo. Sin embargo efectivamente la fuerza se aprovisionó de cartuchos no admitidos por el protocolo anti tumultos, y fue Aballay el encargado de conseguirlos. De ahí que su declaración durante la audiencia de este viernes haya sido central.

El ex jefe policial es recordado por su vinculación a la causa por el homicidio aún no resuelto de Lucas Muñoz (el agente desaparecido y luego hallado muerto en 2016), cuando prestaba funciones en la comisaría 42. Aballay además vivía en el complejo de cabañas del barrio Malvinas, donde los perros adiestrados llegaron siguiendo el rastro de Lucas. Y también aparece vinculado al caso de la desaparición y muerte de Micaela Bravo, ese mismo año en Bariloche.

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“Como a las 13 recibimos la orden de ir a la comisaría 28 a prestar apoyo”, respondió Aballay a la primera pregunta del fiscal Martín Lozada; “¿Y como estaba la situación en el terreno?”.

“Estaba todo tranquilo”, dijo el ex policía.

Luego explicó que había ido en dos ocasiones al lugar, a las 13 la primera, regresó al Centro Cívico, y volvió al Alto pasada la media tarde. Esta segunda vez, Aballay vio a unas 150 personas tirando piedras en inmediaciones de la comisaría 28, según consta en su primera declaración. El fiscal quiso saber si las había contado.

“No, digo ´150´ como podría decir ´un montón´. No tengo un contador; podrían haber sido 500 o 50. Había un montón de gente, no recuerdo yo”.

Cada pregunta a Aballay significó una pequeña polémica. Hubo que reformular, aclarar, como si la palabra que se le dirigía fuese un objeto extraño que él quisiera guardarse en el bolsillo para examinarlo más tarde. Entretanto respondía “no sé”, o “no recuerdo”; “me parece” y “ya pasaron 8 años”.

Por ejemplo: “¿Usted llevaba una escopeta?”, quiso saber Lozada. “No lo sé, no recuerdo”. Pero Aballay era un oficial de alta jerarquía, con casi 20 años en la fuerza. Cuando declaró por primera vez dijo ser capaz de diferenciar el sonido de un escopetazo con postas de plomo de otro con postas de goma, “el estruendo que hace un cartucho (con plomo) ´PG´ es más fuerte”, aseguró en aquella ocasión, pero ahora al preguntarle dijo que no, “no hay diferencia”. Y tampoco recordó si llevaba una escopeta.

Al mostrarle las contradicciones, invariablemente Aballay respondía: “Si ahí lo dice (señalando el expediente que con sus propias palabras el fiscal tenía ante sí, sobre la mesa), entonces debe haber sido”.

“No le pregunta qué dice ahí”, intervino el juez Marcelo Barrutia, presidente del Tribunal, “le está preguntando ahora para que responda espontáneamente”.

“Y ahora la verdad que no sé, no recuerdo si llevaba escopeta”, dijo Aballay.

Pero sí recordó haber recibido la orden del entonces jefe de la Unidad II, Carlos Arias, para que pidiera “a modo de préstamo”, munición a la empresa PROSEGUR.

“Hablé con la persona encargada (una mujer de apellido Rinaldis) de los trámites de habilitación de agencias de Seguridad. Le aclaré que lo que necesitábamos eran cartuchos ´AT´, anti tumulto”, contó Aballay.

Martín Lozada: ¿Y por qué llamó a PROSEGUR, que es una empresa de Seguridad privada?

Aballay: Porque el comisario Arias me lo ordenó.

Martín Lozada: ¿Le dijo ´llame a PROSEGUR´?”

Aballay: Sí.

“Mi trabajo en el área de Operaciones”, explicó a continuación, “era el de realizar entrevistas de habilitación a los vigiladores privados. La llamé a esta persona (para pedirle municiones) que era la que yo conocía, y ella me dijo que iba a consultar”. Al parecer la comunicación ocurrió cerca de las 16,30.

Aballay contó que unas dos horas más tarde, cuando recibió la confirmación de PROSEGUR, estaba apostado en la esquina del cementerio municipal, sobre la calle Hermite, con el objeto de “recuperar esa esquina”, donde, “había un grupo de personas armando barricadas con gomas”, y que le pidió a un agente de la Brigada que fuera a buscar los cartuchos, “tres cajas”, porque él no se podía mover del lugar. A pesar de su experiencia no atinó a explicar por qué sabía o suponía que en PROSEGUR tendrían el tipo y la disponibilidad de cartuchos que necesitaba.

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Martín Lozada: ¿Es frecuente que la policía solicite proyectiles a las agencias de Seguridad privadas, al menos en Bariloche, y según su experiencia?

Aballay: Yo era la primera vez que llamé para pedir una cosa así. Tampoco era frecuente el incidente que ocurrió ese día.

Martín Lozada: ¿Sabe si alguna vez previa al 17 de junio se habían solicitado proyectiles a alguna agencia privada de Seguridad?

Aballay: No

El miércoles, el jefe de la sucursal local de la empresa de Seguridad PROSEGUR, Norberto Barridón, admitió que los cartuchos entregados contenían “munición (de plomo) perdicera”; es decir, de caza (como se verá, el detalle es importante). Dijo que era un “error”, pero que, “a la policía se le presta”. Dijo también Barridón que no preguntó para qué querían los cartuchos.

Conociendo el escenario, durante esa misma audiencia el perito forense Leonardo Saccomanno dijo: “La ciudad tuvo suerte de que no haya habido más muertos”.

Lo que en definitiva le llevaron a Aballay fue una bolsa de nylon con tres cajas de cartuchos. Fue “como a las 18,30 o 19 horas” precisó, recuperando de súbito la memoria, cuando minutos antes no había podido decir si tenía o no una escopeta en la mano; “cuando me las entregan yo me doy cuenta de que no eran anti tumultos. Eran más pesadas (en ese punto se ahogó y pidió un vaso con agua); eran las mismas cajas, pero más consistentes, decían algo de ´Caza´. Me parece que había una silueta como de una perdiz, una cosa así”.

En aquel entonces, cuando se le tomó declaración testimonial, Aballay aseguró haber visto en las cajas la inscripción “PG” (munición de plomo), cosa que ahora no recordó. El detalle lo parece, pero no es menor: la diferencia entre la munición “PG” y la munición “perdicera” radica en el tamaño de la posta de plomo y en consecuencia, en el daño que ocasiona.

Dijo Aballay que le hizo un nudo a la bolsa y la mantuvo consigo –en su posición, en la calle Hermite- hasta que vinieron a relevarlo media hora o una hora más tarde, y que entonces llevó los cartuchos a la comisaría 28 y se los entregó “creo que al Principal Uribe, ahora tengo la duda”, se interrumpió una vez más, apalancando el olvido.

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Más adelante preguntó el fiscal Martín Lozada: “¿Vio en aquella jornada que algún vecino portara un arma de fuego convencional o de fabricación casera?”. Asunto que en su declaración anterior el ex policía había negado de plano.

Aballay: No lo recuerdo. Si dice ahí…

Del mismo modo Aballay olvidó, respecto de su otra declaración, haber efectuado disparos; antes había asegurado que usó 4 de los 7 cartuchos de escopeta que tenía, desde una distancia aproximada de 100 metros. También había declarado no haber visto policías heridos por armas de fuego.

De la lectura de esa acta testimonial surgió otro dato curioso. Aballay dijo entonces que al comentarle a Uribe, jefe de la Brigada de Investigaciones, que los cartuchos que le entregaba eran “PG” y que no se podían usar, éste le respondió quizá con ironía: “habría que conseguir gomeras para tirarles”.

Cuando le preguntaron sobre este punto, dijo Aballay: “No lo recuerdo. Si dice ahí…Si lo recuerdo se lo digo”.

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Al cabo de “uno, dos o tres días (por supuesto: “no tengo en claro cuándo pasó”), tenía la bolsa con esas cajas ahí, en la oficina. No recuerdo quién dijo que la habían traído de la 28. Así que yo esas cajas las controlé, las llevé y las devolví en PROSEGUR”. Pese a su amnesia, Aballay estuvo seguro de que no había faltantes.

Eso mismo dijo también el miércoles Barridón, el jefe de PROSEGUR, que “una empleada (la misma mujer de apellido Rinaldis que el 17 de junio le gestionara las cajas de cartuchos a Aballay), como 10 días después me dice que vinieron de la Comisaría y devolvieron las municiones”, porque “no eran las que habían pedido”.

En el mejor de los casos, entre las manos de Aballay y las de Barridón, transcurrió una semana.

Tampoco se entendió con claridad durante la audiencia de este viernes quiénes, sucesivamente y dentro de la fuerza, tuvieron a su cuidado esas cajas con munición letal. Alguien disparó las postas de plomo que hirieron de muerte a dos muchachos.

Será tarea del fiscal y las abogadas de las familias bucear en esas lagunas y exponer las contradicciones.

Las audiencias se retomarán el martes con el testimonio de otro reportero gráfico, Alfredo Leiva. Sobre sus imágenes y las de Alejandra Bartoliche se fundan en buena medida las pericias y los argumentos de la fiscalía y de la querella.

El Tribunal anticipó también que espera agotar los testimonios durante la próxima semana, y que durante la siguiente, a partir del 5 de noviembre, iniciará la instancia de alegatos.

(Fuerte e informe: En Estos Días)