Imputan por peculado a empleados de IPROSS
(ADN).- Tres empleados del IPROSS, encargados de cobros en la Delegación Viedma de la obra social provincial fueron imputados por peculado por el Fiscal Juan Pedro Peralta, en tanto que a la Delegada se la acusó de facilitar esta maniobra, que les permitió sustraer alrededor de 600 mil pesos.
De acuerdo a la formulación de la Fiscalía, estos agentes públicos que cumplían funciones de cajeros no realizaban las rendiciones mensuales y los depósitos de las recaudaciones del IPROSS, mientras que la delegada tampoco ejercía los controles correspondientes.
Estas faltan se sucedieron entre agosto de 2015 y febrero de 2016 , período en que los cajeros de la obra social “omitieron realizar las rendiciones mensuales de lo recaudado, cuya percepción, rendición y depósito tenían a su cargo, sustrayendo así el monto total de 568.780, 44 pesos”.
Los empleados cobraban ese monto en concepto de prestaciones obligatorias, coseguros y cuotas voluntarias, confeccionando una planilla de control diaria, pero omitiendo depositar algunas sumas de las recaudadas en la cuenta correspondiente del Banco Patagonia.
El fiscal Peralta, quien en la audiencia estuvo acompañado por el fiscal adjunto José Chirinos, aclaró que uno de ellos no depositó más de 452.161 mil pesos mientras los dos restantes no habrían devuelto montos ostensiblemente menores. A este importe se le suman más de 70 mil pesos que no fueron depositados por ninguno de ellos, por lo cual no puede imputarse tal omisión a ninguno en particular.
Según la Fiscalía, en el mismo período de tiempo, quien en aquel momento era Delegada del organismo omitió realizar los controles de las cajas, tarea que le estaba impuesta por el cargo que ostentaba. “Todos esos importes fueron sustraídos de la esfera pública y de la administración constituyendo los delitos de peculado del que serían autores los tres hombres y de facilitación imprudente de sustracción de bienes públicos, imputado a la mujer”.
Como sustento probatorio Peralta enumeró la denuncia del actual Presidente de la obra social, Claudio Di Tella, efectuada luego de la realización de una auditoría en la que se verificó el faltante de dinero. Agregó además las testimoniales de agentes de la obra social que participaron en dicha investigación, el testimonio de quien reemplazó a la mujer en el cargo de Delegada y los diversos sumarios administrativos iniciados, además de una pericia contable.
El Juez Ignacio Gandolfi admitió los cargos presentados y dispuso cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria. Además, ordenó a los imputados ofrecer bienes para ser embargados por el 50 % del monto base del dinero sustraído, en el término de 10 días.