30 de abril: La Casa Rosada arma una batería anti paro

(ADN).- El gobierno de Mauricio Macri evidenció su preocupación por el paro nacional -que incluye movilización a Plaza de Mayo- que preparan el Frente Sindical y las dos CTA. La medida no está avalada por la CGT. Aún así, desde el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Trabajo, anunciaron que no permitirán cortes de calles ni piquetes y que habrá multas millonarias a sindicatos que se plieguen a la medida.

En este contexto, los gremios se reunirán hoy para ajustar la seguridad interna de las columnas y evitar así cualquier tipo de provocación que justifique la represión con la que advirtió Patricia Bullrich. Mientras tanto, realizan una ronda de consultas con los abogados de los gremios para enfrentar de manera conjunta cualquier ataque burocrático que provenga de la secretaría laboral que conduce Lucas Aparicio.

Las duras advertencias de Cambiemos les permitieron a varios dirigentes del Frente Sindical confirmar que el paro no sólo será importante, sino que ha generado preocupación en un gobierno que se caracteriza por el rechazo a los derechos laborales y a las organizaciones sindicales, reveló Página/12.

Lo curioso de este punto es que el anuncio de Bullrich nació a partir de la por lo menos insólita solicitud del Roberto Fernández, el titular de la UTA, de reclamar por nota a su Ministerio de que se garantice la seguridad del servicio de colectivos. La Ministra aprovechó el requerimiento y dijo que no iba a permitir los piquetes y cortes de calles o autopistas.

«Al gobierno debería preocuparle la seguridad alimentaria», fue la respuesta formal de Sergio Palazzo, líder de La Bancaria.

Sin embargo, entre los dirigentes de estos gremios comenzaron a intercambiar mensajes sobre la necesidad de ajustar la seguridad internas de las diferentes columnas que coincidirán el martes al mediodía en Plaza de Mayo. La historia de infiltrados que caracteriza a las represiones que realizó el actual gobierno, que dejan heridos pero también detenidos que luego son liberados cuando se determina que nada tuvieron que ver y que fueron detenciones falseadas por la propia Policía, les permite prever las posibles maniobras que planifique el gobierno para arruinar la movilización.

«No queremos que vivamos una jornada de protesta como la de Modart», dijo uno de los dirigentes sindicales recordando la marcha de 1988 que convocó Saúl Ubaldini en contra del modelo económico de esos años, y que fruto del ataque a la sastrería por parte de infiltrados se generaron corridas y choques con las fuerzas de seguridad.

Quiso la causalidad que la protesta del martes se realice tres días después de cumplirse 40 años de la primera huelga general que los gremios le hicieron a la dictadura cívico militar. En ese entonces, comenzaba a surgir la figura de Ubaldini que luego derivó en la creación de la CGT Brasil enfrentada a la central obrera dialoguista y oficialista que tenía como referente a Jorge Triaca padre.

Salvando las distancias y las características con aquellos tiempos y gobiernos, lo que la emparienta con la administración macrista es la similitud en cuanto a política económica.

El otro elemento que el gobierno está utilizando para debilitar la protesta de mañana martes es la amenaza por parte de la Secretaría de Trabajo de dictar conciliaciones obligatorias a los diferentes sindicatos con la advertencia de aplicar millonarias multas en caso de no acatarlas. Hasta ahora los mensajes llegaron a los gremios más pequeños que son más frágiles ante cualquier ataque a sus arcas.

En el Frente Sindical entienden que la respuesta debe ser lo más colectiva posible y de allí el contacto permanente con los abogados. Si bien las amenazas bien pueden ser recurridas judicialmente, lo cierto es que abre escenarios de conflictos particulares a los sindicatos que serán víctimas de las posibles multas.

La no participación de la CGT en esta protesta habilita las maniobra del Gobierno para impedirlo o debilitarlo. Si la central obrera no es la organización que declara la medida de fuerza de alcance nacional, lo que hace es difuminar el paraguas legal que cobija a las organizaciones sindicales ante cualquier avance del Estado y, por lo tanto, la Casa Rosada bien puede decretar la ilegalidad de la medida con las posteriores consecuencias legales para los gremios.

La mayoría de los sindicatos está dispuesta a correr el riesgo. Incluso ese sector interno de la UTA que responde a Miguel Bustinduy que fuera el secretario de organización del gremio.

El martes va a ser un día intenso tanto por el motivo de la protesta, genuino desde donde se lo mire, como por la reacción del gobierno que puede ser desesperada para mantener el poder que se le diluye fruto, entre otras, por la crisis económica que ha provocado.