Después de la detención de Pinto denunciaron a Bullrich

(ADN).- El Cabo Primero de la Prefectura Francisco Javier Pintos fue apresado el martes, acusado de asesinar a Rafael Nahuel en Villa Mascardi. Así, se cumplió así la orden de la Cámara Federal de General Roca que lo procesó por “homicidio agravado” y le dictó prisión preventiva. Esta mañana, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció penalmente a la cúpula del ministerio de Seguridad de la Nación que encabeza Patricia Bullrich, asegurando que existe “un plan criminal coordinado” desde el Estado contra las comunidades mapuches.

Pasaron un año, seis meses y 18 días desde que el Cabo Primero Fracisco Javier Pintos asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel. Este lunes, a las 18,35 horas, la Jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, comunicó oficialmente al Juzgado Federal de Bariloche que Pintos había sido detenido.

Se cumplió así con la orden emanada por la Cámara Federal de General Roca, que el pasado 15 de mayo procesó al integrante del grupo Albatros por “homicidio agravado” y le dictó la prisión preventiva.

Ante esa resolución, el Juez Federal de Bariloche, Leónidas Moldes, debió cumplir con el requerimiento y solicitar la detención a su par de San Isidro. Moldes había procesado a Pintos bajo la figura de “homicidio cometido en exceso de legítima defensa” y no le había dictado la prisión preventiva, fallo que corrigió luego la Cámara Federal.

Pintos -como oportunamente reveló este medio- fue el responsable del disparo mortal, aquella tarde del 15 de noviembre de 2017, cuando los cinco miembros del grupo Albatros ingresaron al territorio de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y dispararon con munición de plomo -balas 9 mm- entre 114 y 129 veces.

Nahuel recibió el tiro por la espalda. Ingresó por su glúteo izquierdo y se alojó en el tórax.

A partir de ese momento el Gobierno nacional de la alianza Cambiemos -fundamentalmente a través del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich-, instaló la teoría sobre la existencia de un enfrentamiento armado, y aseguró que los Albatros habían sido emboscado por la comunidad mapuche.

Sin embargo, las pruebas que se acumularon durante la instrucción del expediente judicial demuestran que, según palabras de la Cámara Federal de Roca, existió una “persecución” y una cacería que provocó la muerte de Rafael Nahuel.

Esa resolución del Tribunal cuestionó duramente la injerencia de Bullrich en la causa a través de los comunicados oficiales y la presión sobre los medios colaborativos que daban cuenta del relato del enfrentamiento.

Bullrich

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó una denuncia penal contra las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí, se denuncia la existencia de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches, conflicto que desde diciembre del año 2015 tuvo un salto cualitativo de violencia y muerte.

La APDH denuncia que existe un plan ilegal de represión desarrollado y elaborado, en calidad de “autores mediatos”, por parte de Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, Pablo Noceti (ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad), Gonzalo Cane (ex Secretario de Cooperación con los poderes judiciales, legislativos y Ministerio Público Fiscal) y Gerardo Milman (Secretario de Seguridad).

En la denuncia presentada, señalamos la existencia de un plan criminal coordinado desde la más alta esfera del Estado, con el objetivo de llevar adelante un accionar represivo premeditado contra las distintas comunidades mapuches. Este ejercicio ejecutado desde el Estado intenta reducir el derecho a ejercer la protesta y el legítimo reclamo por sus tierras, mientras que en paralelo se busca favorecer a diferentes negocios inmobiliarios.

Desde la APDH señalamos que los diferentes hechos que presentamos en la denuncia y la serie de delitos cometidos que enumeramos en el escrito, nos hace tener la convicción de que los mismos se cometieron mediante tareas de inteligencia prohibidas por la ley, amedrentamientos, lesiones graves, torturas, abuso de autoridad seguido de muerte y homicidio agravado.

Mediante la utilización de figuras como la flagrancia, la eliminación de la prohibición al uso de armas de fuego y el autocontrol de las fuerzas de seguridad, entre otras situaciones, se fueron generando las condiciones para la ejecución de este accionar ilegítimo, violento y de muerte, y que tiene como máxima responsable a Patricia Bullrich.

Este plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuches es responsable, además, de la muerte de dos jóvenes: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La APDH como querellante de ambas causas, denuncia penalmente y exige que se investigue el rol de la ministra y el resto de funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad por ser autores de esta represión planificada.