Intereses de la deuda y tarifazos, al final del túnel
(Por Rubén Chorny*).- ¿Se habrá enterado la jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que en los 5 primeros meses del año la Administración Pública Nacional registra un déficit de -$152.417 millones, que representaría 0,08 punto del PBI estimado en $18.577.746 millones al cabo del 1er. trimestre del año?
Ella dio su total apoyo a la gestión de Mauricio Macri, en el marco de la reunión del G-210, en Osaka, Japón, diciendo: «Los esfuerzos están comenzando a dar resultados y deberían sentar las bases para el retorno de la confianza y el crecimiento».
Washington DC se ha teñido decididamente de amarillo en vísperas de los comicios presidenciales en Argentina y ni la Casa Blanca ni la oficina del FMI se preocupan demasiado en ocultarlo.
Hasta tácitamente le otorgaron la dispensa a la Administración Macri para manejarse con signo negativo en las cuentas fiscales de campaña y a financiar la fuga de divisas con los desembolsos del organismo multinacional, que al cabo del mandato actual habrán totalizado el 78% de los US$61.500 millones del crédito stand-by concedido al país.
El informe del mes pasado de la ejecución presupuestaria correspondiente a mayo elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) revela que el nivel de gastos devengados resulta superior al de recursos percibidos debido a la incidencia que tuvieron los intereses por $278.868 millones que devenga la deuda en las erogaciones. En un año subieron nada menos que 91,8%.
Sólo en mayo significaron 132,9% más que en el mismo mes de 2018, y es por el incremento del endeudamiento externo del gobierno central y el efecto que tuvo en tal sentido la devaluación de la moneda nacional.
Pero el mayor capital prestado llevó a la rastra a los Bienes y Servicios (97,9% i.a.), principalmente como consecuencia de que crecieron los pagos de comisiones por la deuda en moneda extranjera de largo plazo (+$3.783,6 millones i.a.), que superan a las erogaciones en Medicamentos y otros bienes y servicios por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (+$ 2.061 millones i.a.).
De acuerdo al informe de “Balanza de Pagos, posición Internacional y deuda externa” del INdEC correspondiente al primer trimestre de 2019, la deuda externa del gobierno central se incrementó respecto del mismo período del año anterior 5,1%, es decir, US$ 8.240 millones.
Fue un 37,8% mayor si se compara con la de igual lapso de 2017. Sumó US$ 46.597 millones entre los 2 años.
Que el desequilibrio fiscal haya descendido en enero-mayo -13,1% respecto de igual período de 2018 se vería como una mejora comparado con la inflación interanual de 57,3%, pero si se tiene en cuenta que la política de ajuste implementada sentó las bases de la actual estanflación el costo que significó para un resultado obtenido parece ser desproporcionado.
Como los intereses ejecutados no son sólo asientos contables, haberlos excluido para mostrar un resultado primario superavitario de $126.451 millones no refleja el verdadero movimiento de dinero a cubrir con presión tributaria, aunque sí un avance estadístico que deleita al palco de Washington, ya que en comparación con los guarismos del año pasado debe reconocerse que ha sido superador en un 1.170%.
La inflación busca su piso
La voracidad en la cobranza de una carga impositiva del tenor de la actual no le pudo seguir el paso a la inflación: el total de los recursos tributarios (incluyendo las Contribuciones a la Seguridad Social) estuvo más de 10 puntos abajo, y de no haber sido por los derechos de exportación (retenciones), que saltaron 255,5% respecto del año pasado, y que ganancias casi le empató al IPC, el resto no dio con la medida.
Al IVA y a la gabela al cheque no les terminó yendo tan mal en el contexto del derrumbe económico exacerbado el año pasado, pero por ejemplo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses rindió mucho menos que la tasa de interés que fija el Estado para las letras y, en términos reales, se descapitalizó.
Entre los hechos más distintivos ocurridos durante mayo, crecieron las transferencias a las provincias, en su mayor parte para el cumplimiento de las Políticas Alimentarias y de las funciones Salud y Seguridad Social-, al igual que al sector empresarial público excedieron la cuerda inflacionaria, así como el adelanto del devengado presupuestario de las correspondientes a la Integración Energética Argentina (ex Enarsa; +$8.862 millones i.a), consecuencia del impacto de la devaluación de la moneda sobre las importaciones de combustibles.
La tijera, en cambio, pasó por las Transferencias de Capital a las provincias (-$1.394 millones i.a.; -32,5% i.a.) debido principalmente a la disminución en las partidas dirigidas a las funciones Vivienda y Urbanismo ($-5.761 millones i.a.; -54,2% i.a.) y Transporte (-$1.954 millones i.a. ; -61,9% i.a.), compensadas parcialmente por el incremento en la función Relaciones Interiores.
Se había dispuesto reducir en 0,3% del PBI adicionales los subsidios en energía a partir de una mayor cobertura de la tarifa sobre el costo del servicio, pero el 17 de abril, con todas las encuestas para atrás, el Poder Ejecutivo Nacional dejó ese plan en suspenso y dispuso congelar el precio de la energía (gas, electricidad) y del transporte hasta fin de año asumiendo el Estado el costo asociado.
En el caso del gas, antes del congelamiento se aumentarán las tarifas de acuerdo al cronograma ya anunciado (10% en abril, 9% en mayo y 8% en junio).
A la energía eléctrica, a pesar de la disminución de los subsidios a la tarifa por el efecto de la devaluación del peso, se le adelantó el devengamiento del crédito presupuestario de partidas que se pagarán más adelante.
En el Consenso Fiscal II entre Nación y Provincias se acordó reducir los subsidios nacionales en materia energética y de transporte.
En 5 meses, las transferencias a la ex Enarsa, Cammesa y Yacyretá se incrementaron 147,5% y al transporte le disminuyeron 29%, con el principal corte al Transporte Automotor (- 55,4%) pero un 6,7% más al ferroviario.
En el mismo sentido, en la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2019 se comunicó que “a partir de 2019, serán las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes definirán las compensaciones y/o subsidios al transporte automotor dentro de sus jurisdicciones, y quienes eventualmente asumirán las erogaciones presupuestarias asociadas a dichas decisiones(…)».
Lo mismo ocurrirá con las tarifas eléctricas diferenciales de acuerdo a la condición socioeconómica del usuario residencial.
En cuanto al transporte, la Ley de Presupuesto 2019 incluyó en su artículo N° 125 la creación de un Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por $6.500 millones para “compensar los desequilibrios financieros que pudiesen suscitarse”, facultándose al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar capital para empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado ejecutaron a mayo un total de $5.730 millones, lo que representa una caída del 44,2% i.a. (-$4.537,7 millones i.a.).
En mayo crecieron los subsidios económicos a las empresas de energía y transporte, no obstante los tarifazos ahora interrumpidos hasta después de las elecciones.
Aparecieron recortes en las transferencias a AySA, al fondo fiduciario para el Plan Procrear, a Nucleoeléctrica Argentina y, en términos reales, a las universidades, se destinó menos recursos a inversión real directa, y los flujos destinados a los estados provinciales y municipales totalizaron la suma de $53.077,7 millones, arrojando un aumento del orden del 17,5% i.a., con un comportamiento diferente según se trate de las transferencias de carácter corriente (+57,7% i.a.) y las transferencias de capital (que tuvieron una retracción del 31,1% i.a.).
- Publicado en Urgente 24