Indignante. Presa por abortar, murió esposada
Patricia Solorza tenía 40 años y llevaba 4 años detenida. Tenía un hijo de 18 con retraso madurativo y una nena de 8. La operaron tres veces de vesícula, sufrió una infección generalizada y peritonitis. Agonizó custodiada en un hospital durante varios días.
Patricia Solorza estaba detenida en la U47 de José León Suárez, del Servicio Penitenciario Bonaerense. Llevaba cuatro años y nueve meses (de 8 de su condena) presa por «homicidio agravado por el vínculo», nombre técnico utilizado para encubrir la figura penal que castiga el aborto. Había pedido la prisión domiciliaria porque en el momento de ser detenida tenía un hijo de 14 con retraso madurativo por contraer meningitis de pequeño; y una nena de 4 años recién cumplidos en aquel momento. Pero se la negaron.
El Estado consideró que no era ella quien podía decidir sobre su cuerpo cuando la detuvieron, pero demostró que no le interesa ninguna vida sino la moral que las castiga cuando la dejó abandonada a su suerte al contraer una peritonitis.
Abandonada por desinterés, por perversión y por desidia en el penal hasta que la infección se generalizó, fue trasladada al hospital de San Martín donde, el 5 de agosto pasado, falleció esposada a la cama y con custodia. No fuera que reincidiera y aborte a escondidas.
Patricia tenía 40 años y participaba en el penal en el Taller de Diseño Textil de la agrupación «Yo no fui», que acompaña a las mujeres detenidas con actividades que les permiten sentirse personas en el marco penal donde la despersonalización es la consigna, informó Página/12.
De una carta póstuma que escribieron en el muro de Facebook de «Yo no fui» se desprende que Patricia «agonizó durante varios días después de tres operaciones de vesícula, murió luego de llegar a la guardia del hospital, con litros de pus en el estómago, porque su agonía empezó mucho antes». Pero sostienen que no se trató de «una fatalidad» y que la «fueron matando de a poco», y denuncian al Centro Médico de la Unidad por «abandono de persona al no llevarle el apunte cuando pidió atención médica», «cuando el juzgado no respondió sus escritos» y «cuando la defensoría no defendió sus derechos».
La joven mujer participaba del TDT y del Cusam, el Centro Universitario de la Universidad de San Martín. No debía estar presa, porque el aborto no es un delito para la Cámara de Diputados, para 31 de 72 senadores, para las Naciones Unidas, y para el movimiento feminista en su conjunto. Pero además, porque como describen desde Yo no fui, sus salidas transitorias «estaban demoradas así como la posibilidad de la detención domiciliaria».