Buscan un acuerdo para blindar el patrimonio rionegrino

(ADN).- El diputado nacional Martín Doñate alentó un acuerdo provincial con todos los sectores políticos, para que se acuerde un texto conjunto de un proyecto de ley que sea tratado por el Parlamento para «blindar» los recursos naturales de Río Negro y ratificar su inembargabilidad.

El dirigente del Frente de Todos pidió un «gran acuerdo rionegrino» y la sanción de una ley provincial para “ratificar la inembargabilidad de los recursos naturales de nuestra Provincia y fortalecer la protección jurídica de nuestra riqueza contra toda arbitrariedad, ilegalidad e inconstitucionalidad del gobierno de Mauricio Macri y Miguel Pichetto”.

En una carta personal al gobernador Alberto Weretilneck, con copia a la gobernadora electa Arabela Carreras, al vicegobernador Pedro Pesatti, y a los bloques políticos de la Legislatura, Doñate pide la discusión, el tratamiento y la aprobación de un proyecto de ley “que hará que se blinde el patrimonio de nuestra Provincia frente a la entrega y el sometimiento a los que Mauricio Macri y su proyecto de país nos han llevado, dejando abierta la posibilidad de afectar los recursos de los rionegrinos como garantía del pago de la demencial deuda pública externa contraída”.

Doñate en tono de “respeto hacia la máxima investidura gubernamental provincial” al referirse al gobernador, expresó: “mi criterio es que, independientemente de su apoyo expreso a la fórmula presidencial que integra el actual senador Miguel Pichetto, y del acompañamiento que le ha dado al gobierno de Mauricio Macri durante toda su gestión, bien podremos coincidir en que hay límites que no pueden cruzarse y que, como rionegrinos, debemos establecer políticas de estado que no ofrezcan margen para la discusión ni diferencia alguna”.

Y en el mismo párrafo continuó: “los bienes del dominio privado del Estado provincial, como lo son nuestros hidrocarburos, los yacimientos líquidos y gaseosos, fosiles y minerales, incluyendo los turísticos e hídricos; más los correspondientes por la plataforma marítima continental, bajo ningún aspecto pueden disponerse como garantía del pago de la toma de deuda por parte del Gobierno Nacional”.

La misiva es acompañada por los fundamentos y el articulado normativo como modelo de proyecto de ley para que se remita a la Legislatura a fin de su tratamiento urgente. Toma como referencia legislación comparada y posicionamientos similares abordados por otras provincias como Santa Cruz, Neuquén, Chaco y Tierra del Fuego.

El alerta de Doñate está fundamentado en una serie de Decretos del Poder Ejecutivo a la luz de los cuales resulta dable afirmar que el Gobierno Nacional ha renunciado a lo que se denomina defensa de inmunidad soberana, lo cual significa que dicha renuncia trae aparejada la afectación de recursos naturales, entre ellos, los provenientes de sustancias fósiles, para eventuales casos de litigios por incumplimientos de pago, además de someterlos a jurisdicción de jueces de Estados Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña y Suiza.

En particular, se trata de los Decretos nº 29/2017 y 231/2017 del gobierno de Macri por los que se renuncia a la defensa de la inmunidad soberana, al hacer expresa referencia a los bienes de Dominio Público a los que no renunciará y omite en su enumeración los enunciados en el Artículo 236º del Código Civil y Comercial de la Nación, en el que están descritos y mencionados los recursos mineros. Esta omisión coloca a dichos recursos, de propiedad de los Estados Provinciales, en real vulnerabilidad jurídica, potencialmente ejecutables ante cualquier planteo por el que pudiera judicializarse una eventual, aunque más que probable, controversia con algún acreedor externo, lo que resulta a todas luces inaceptable jurídica y políticamente, tanto para el Estado Nacional como para los verdaderos propietarios de los recursos.

Este accionar gubernamental ha sido objeto de denuncia penal en el fuero federal porteño, entre otras razones, por nada decir la normatividad dictada sobre los bienes comprendidos en los incisos b) y c) del Artículo 236º del Código Civil y Comercial.

Como antecedente vale recordar que el rionegrino Martín Doñate fue quién llevó adelante el primer amparo preventivo, allá por el mes de junio de 2018, para advertir y frenar el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional, al advertir “la gravedad y consecuencias del ajuste, la cesión de soberanía, la afectación que podrían sufrir las provincias como Rio Negro y el incumplimiento del proceso constitucional de la toma de deuda”. Esa acción tramita aún con llamativa demora en un juzgado contencioso-administrativo federal sito en la Ciudad de Buenos Aires.