Catedral: fracasó la conciliación. Sigue la cautelar
(ADN).- Fracasó la conciliación. Por eso sigue en marcha la medida cautelar que puso freno a las intenciones de la empresa CAPSA para quedarse con la explotación del Cerro Catedral sin licitación, y el proceso de avanzar además con un desarrollo inmobiliario en la zona.
El miércoles se desarrolló la audiencia de conciliación entre los legisladores del Frente de Todos Edith Garro y Alejandro Ramos Mejía, y los concejales Daniel Natapof y Ana Marks por un parte (los cuatro firmantes de la cautelar), y por otra, el propietario de la empresa concesionaria, Sebastián Trappa, el abogado, Juan Consolani, la gerenta de CAPSA, Helga Salvatelli, y la abogada Natacha Vázquez, asesora legal de la Municipalidad.
La instancia conciliatoria llegó como consecuencia de la presión ejercida por CAPSA para forzar el desistimiento de la acción judicial, interesados en anticipar -obviando el proceso licitatorio- la concesión del cerro por otros 38 años, cuando aún faltan 8 para la finalización del contrato vigente.
La estrategia desarrollada en secreto por CAPSA -que incluyó reuniones con el legislador Alejandro Ramos Mejía, empresarios turísticos y funcionarios municipales- llegó a tomar la forma de un borrador que mal disimula los mismos términos de la Ordenanza 2929/18 -aprobada con el voto de la mayoría oficialista y el PRO en el Deliberante- y vuelve sobre la ambición central de la empresa por quedarse con 70 hectáreas al pie del Catedral para el desarrollo de un negocio inmobiliario varias veces millonario.
A comienzos del año pasado esa intención cosechó un rechazo lapidario en una multitudinaria audiencia pública. Los vecinos auto convocados reunieron además casi 6 mil firmas que el Ejecutivo municipal no tomó en cuenta para cumplir con los deseos de CAPSA, lo cual motivó que legisladores y concejales acudieran a la Justicia.
En ese recorrido judicial, primero una Cámara Civil y luego el Superior Tribunal de Justicia les dieron la razón. Rechazaron la apelación del gobierno municipal a favor del acuerdo con CAPSA y ratificaron la medida Cautelar, que hasta hoy mantiene frenado el acuerdo.
Cerrada esa vía, la empresa puso en marcha una estrategia de lobby y presión sobre los firmantes de la cautelar -con conocimiento de altos funcionarios en el gobierno municipal-, acción que finalmente fracasó este miércoles cuando los impulsores de la medida manifestaron ante el juez de Cámara Carlos Cuéllar que no desistirían del planteo.
“La audiencia fue tensa e incómoda”, relató a este medio el concejal Daniel Natapof, uno de los impulsores de la medida cautelar, “se notó enseguida, lo notó el doctor Cuéllar, que las posiciones eran totalmente contrapuestas, y por ese motivo en más de una ocasión manifestó extrañeza ante el pedido de audiencia”.
Otro de los presentes reveló a En Estos Días que los representantes de la empresa “intentaron victimizarse” argumentando un vínculo entre la imposibilidad de cerrar el acuerdo y los percances sufridos con los medios de elevación durante el último año, algo improcedente a todas luces dado que, se dijo en la audiencia “la empresa tiene un contrato vigente por los próximos ocho años que la obliga a invertir y mantener su infraestructura en condiciones más allá de que en el futuro se celebre o no un nuevo contrato”.
“En otro momento”, contó Natapof, “el abogado Juan Consolani mencionó la posibilidad de que la empresa planteara una demanda por daños y perjuicios, en una clara actitud de amedrentamiento”, cuestión que el presidente del Tribunal cortó de cuajo al advertir que allí “no harían futurología procesal”.
En paralelo, esta semana la Asociación civil Árbol de Pie denunció tener conocimiento de que antes de fin de año ingresaría a la Legislatura provincial un proyecto para modificar la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos, con cambios ad hoc en el mapa que delimita las zonas habilitadas y vedadas para emprendimientos como el que pretende llevar adelante la empresa CAPSA.
“Tenemos”, dice el comunicado de Prensa que difundió Árbol de Pie, “la casi confirmación de la presentación del proyecto de ley que, por medio del cambio de categorías, habilitaría la explotación inmobiliaria en los cerros Catedral y Perito Moreno”.
“Por este medio”, señalan, “denunciamos públicamente que las modificaciones que se pretende introducir son inconsultas y para beneficio de los explotadores de los centros de esquí”.
Recambio
¿Le preocupa a CAPSA el recambio institucional post elecciones? En parte puede ser este el motivo de la prisa que lleva a la empresa a operar bajo cuerda con mecanismos por lo menos turbios. Ha contado hasta ahora con el apoyo público del gobernador Alberto Weretilneck, y del intendente municipal Gustavo Gennuso, y avanza en su acción “diplomática” sobre los concejales electos que integrarán la nueva gestión, a partir de diciembre, en el Deliberante.
Despreciables parecen -para la empresa- el erario público municipal que de cerrarse el acuerdo percibiría un canon irrisorio a cambio de la explotación de uno de sus principales recursos naturales y turísticos, y la firme oposición de miles de vecinos que reclamaron democráticamente un referendo para definir el destino del cerro Catedral.
La audiencia de este miércoles significó un nuevo traspié para CAPSA. El proceso cautelar seguirá su curso. Por el momento última línea de defensa entre la hegemonía del capital privado y el ejercicio de la democracia.