Presión a las provincias para frenar los juicios

(ADN).- La disputa entre las provincias -entre las que se encuentra Río Negro- y empresas petroleras con el Gobierno de Cambiemos por el congelamiento del precio de los combustibles, se reavivó esta semana en medio de la visita que realizó el presidente Mauricio Macri a Neuquén. La Casa Rosada presiona para que cese la batalla judicial.

El Ministerio de Hacienda reglamentó el mecanismo necesario para que las productoras de petróleo y biocombustibles puedan acceder al subsidio de US$2 como compensación y ratificó el requisito de que tanto los ejecutivos provinciales como las compañías renuncien a sus demandas judiciales contra el Estado nacional antes de percibirlo. La respuesta fueron nuevas presiones para equilibrar el valor interno al internacional, lo que decantaría en un nuevo incremento en los surtidores.

El lunes, la Subsecretaría de Hidrocarburos publicó en el Boletín Oficial la disposición 254/19, reglamentaria de la compensación establecida el 13 de septiembre. La normativa fija un adicional de $116,10 por barril para aliviar, en parte, el costo del congelamiento del precio del crudo para las compañías. Sin embargo, impone como condición para efectivizarse no sólo que las empresas renuncien a los litigios ya iniciados o futuros, sino que también lo hagan los distritos donde producen.

Distintas firmas consultadas del sector -consultadas por BAE Negocios- coincidieron en que la exigencia es un método para forzar a las empresas a presionar a las provincias, en particular a Neuquén, donde está el epicentro de Vaca Muerta, para que levanten sus demandas.

Pero Omar Gutiérrez se encargó de dejar en claro que no hay posibilidades de que eso suceda.

«Vamos a seguir adelante con el juicio que entablamos», aseguró en diálogo con el medio local Energía On. Además, planteó que el decreto 566 que pautó el congelamiento, debe derogarse y decidió esquivar la visita de Macri a la ciudad capital con un viaje a San Martín de los Andes.

Lo cierto es que ninguna firma solicitó hasta el momento el subsidio. «Esta supuesta compensación es mucho menor al perjuicio que ocasionó pero te exige desistir del reclamo al Estado nacional», aseguró un empresario del sector.

Es que las petroleras consideran que la diferencia en el precio que reciben por barril y el que recibirían en caso de volver a liberarse el mercado es hoy de unos US$10. Es decir, una brecha con la paridad internacional de casi 20%. Hace semanas la brecha llegó a ser de más del 30%. En esos días, cuando el precio global del petróleo Brent se había disparado por el ataque a dos refinadoras saudíes, el Gobierno autorizó un aumento de las naftas y el gasoil del 4% pero mantuvo la regulación sobre sus precios. Desde entonces, el valor del crudo volvió a los niveles previos, con lo cual la diferencia actual se explica por el tipo de cambio fijado por el Ejecutivo en $49,30.

La obligación de desistir a los reclamos no se había hablado en ninguna mesa de negociación entre el Gobierno y las empresas. Siempre se habló sobre cómo llegar al día 91 con la diferencia con el precio internacional más baja posible para evitar que haya una olla a presión muy grande. Es decir, cómo flexibilizar el congelamiento, como se hizo con el aumento de septiembre», agregó la misma fuente.

Pese a las presiones, en el sector descuentan que no habrá nuevas subas antes de las elecciones. Habrá que ver qué pasa durante los 20 días que separan los comicios y el fin de la vigencia del decreto. Para ese momento, de no haber saltos del dólar o del Brent, podría dispararse una abrupta alza de los combustibles del 10% que retroalimentaría la dinámica inflacionaria.