Se cayó el tratamiento de la ley de alquileres

(ADN).- Fracasó la Comisión de Legislación General en su intento de debatir una serie de proyectos sobre ley de alquileres, al no poder reunir el quórum ni el tercio de los legisladores necesarios para iniciar el debate en minoría.

“Vamos a seguir trabajándolo, seguramente vamos a volver a convocar y creo va a haber dictamen. No se nos escapa que la semana que viene hay elecciones. Vamos a tratar de llevarlo al recinto antes de que haya recambio legislativo”, sostuvo el diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, quien había convocado a la cita.

A la reunión bajaron además de Lipovetzky, nueve diputados (con una clara ausencia del PRO): Felipe Solá, Adrián Grana, Vanesa Siley, Guillermo Carmona y Martín Doñate del Frente para la Victoria y aliados, y Carla Carrizo, Brenda Austin, Mario Arce, y Luis Petri del radicalismo.

También se hicieron presentes el titular del FpV, Agustín Rossi -que si bien no integra la comisión es autor de uno de los proyectos- y la legisladora del Movimiento Evita, Araceli Ferreyra.

“Los alquileres es un tema difícil. Hemos dado el primer paso, por algo hace 30 años que no hay una modificación, a pesar de que hay 8 millones de argentinos que están vinculados a un contrato de alquiler. Este proyecto despierta posiciones encontradas, que incluso se dan al interior de los mismos bloques”, continuó Lipovetzky.

Ayer iban a ponerse a consideración cuatro proyectos que introducen modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación. El texto que había anunciado el Gobierno a fines de septiembre pasado, finalmente no fue enviado al Congreso.

Las distintas iniciativas, que buscaban consensuarse, llevan las firmas de Lipovetzky; Agustín Rossi y otros miembros del FpV; Felipe Solá, de Red por Argentina y otros legisladores del Movimiento Evita y Silvia Horne, del FpV.

Por su parte, Solá sostuvo ante la prensa: “Esta ley tenía dictamen el año pasado y el Presidente la sacó del listado de extraordinarias contra nuestra voluntad y entonces se cayó. Ahora, no la está reimpulsando Macri, la está reimpulsando el diputado Lipovetzky que tomó conciencia de su importancia”.

“Esperemos que se pueda volver a llamar a comisión después del 27 de octubre y que tengamos sesión antes del 10 de diciembre, donde saquemos esta y otras leyes que están esperando”, indicó.

De la reunión, también participaron diferentes actores interesados: inquilinos –quienes se manifestaron a favor de los proyectos de ley- y corredores inmobiliarios y representantes de propietarios, que mostraron su descontento con varios puntos del articulado.

“Los tres proyectos que se iban a poner en debate son muy parecidos. Nosotros confiábamos en que nos íbamos a poder poner de acuerdo acá. Lo que pasa es que el Ejecutivo es el que no quiere que haya ningún tipo de ley de alquileres. Esto es lo que demostraron en todos estos meses, sino hoy hubiesen bajado los diputados del oficialismo”, expresó Gervasio Muñoz, titular Inquilinos Agrupados.

“Para nosotros es fundamental la regulación de los precios por inflación y salarios, la extensión de los contratos de alquiler a tres años, resolver el tema de las garantías y expensas y el registro de los contratos de alquiler en AFIP”, continuó.

En tanto, Federico López Castromil, Vicepresidente I de la Cámara Inmobiliaria Argentina, sentenció: “Estamos tratando de que salga una ley consensuada, pero para nosotros hoy así como estaba, el único consenso que había es que estábamos todos en desacuerdo. Hay muchos puntos debatibles, pero hay uno que directamente es inconstitucional y es que se quiera cercenar los honorarios de los profesionales inmobiliarios. Para nosotros es el respecto a nuestro trabajo”.

“La situación es muy complicada. Los propietarios la están pasando muy mal porque tienen la rentabilidad más baja de la historia. No son excéntricos magnates, la mayoría se rompió el lomo para llegar a comprar un departamento. Y los inquilinos también la están pasando muy mal porque llegan muy justos con los montos”, relató.

Aunque con algunos matices, los distintos proyectos proponen que los contratos de locación no se ajusten más solo por inflación, sino que se fijen a partir de una combinación entre el índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) elaborado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Además, plantean ampliar los tipos de garantía, entre los que se incluyen además de la garantía real, el aval bancario, el seguro de caución, la garantía personal del locatario o del fiador -que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente- y la garantía de fianza.

En tanto, las iniciativas también proponen rever el plazo mínimo legal de un contrato de alquiler. La mayor parte de ellas establece que “si carece de plazo expreso y determinado mayor, el plazo mínimo de locación para viviendas será de tres años”.

En noviembre de 2016, el Senado había dado media sanción -por unanimidad- a una iniciativa de la legisladora rionegrina Silvina García Larraburu (PJ-FpV). Sin embargo, el proyecto fue frenado en la Cámara de Diputados durante todo 2017 y volvió a reactivarse en 2018, donde consiguió dictamen de comisión a mediados de octubre. La iniciativa se fue posponiendo y el Gobierno la dejó afuera del temario de extraordinarias, por lo que perdió estado parlamentario.