Día del Empleado Público, un legítimo derecho gremial

(Por: Héctor Jorge Colás *). – El 24 de octubre pasado la filial provincial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) cumplió 61 de vida y de actividad sindical. Nació en el año 1958 en instalaciones del Club Social de Viedma. Ese día un grupo de 51   trabajadores estatales se reunió con el objetivo de constituir una entidad gremial que agrupara a todo el personal civil de la administración pública provincial.

  El 1 de mayo de 1958 había asumido Arturo Frondizi como presidente de la Nación. En Río Negro, ese mismo día, accedía como primer gobernador provincial Edgardo Castello. Ambos dirigentes políticos pertenecían a la Unión Cívica Radical (UCRI).

 El impulsor, nervio y motor de la reunión constitutiva fue David Colombo Valle, empleado público del Consejo Provincial de Educación, quién a propuesta de los presentes presidió la asamblea.  En su mensaje señaló la necesidad de organizar y estructurar “una entidad moralmente fuerte y debidamente capacitada para analizar y debatir con representantes de los tres poderes del estado problemas comunes con verdadero espíritu de ecuanimidad en las soluciones que cada caso requiera”.

 Con 121 afiliados nacía en Viedma el Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Río Negro. La entidad gremial fue avanzando lentamente hasta constituirse en el gremio más numeroso de la Provincia.  David Colombo Valle ocupó la primera Secretaría General de la entidad. Le siguieron Ernesto Moro, Italo Falca y un triunvirato reorganizador por acefalia integrado por Julio Morchio, Amilcar Casio Rossi y Héctor Jorge Colás. Continuaron como Secretarios Generales, Edgardo Ovidio Abrameto, Héctor Jorge Colás, Cirilo Bustamante, Carlos Enrique Goncalvez, Víctor Rómulo Barreno, Alberto Rubén Arca y el actual titular de la agrupación Juan Carlos Scalesi..

 Es preciso recordar que durante la gestión de Goncalvez (1969-1971), la Comisión Directiva logró en el año 1969 que el gobernador militar de facto Roberto Vicente Requeijo a través del Decreto 956/69 estableciera como “Día del empleado Público” el 24 de octubre de cada año, en recordación a la fundación de la de la organización gremial. La norma legal determinó que esa fecha fuera no laborable y pago para todos los empleados públicos provinciales.

 Actuando como Secretario General, Edgardo Ovidio Abrameto (1964-1965) el parlamento rionegrino sancionó el 6 de diciembre de 1964,la  Ley 453/65 de creación de la Obra Médico Asistencial (OMA), que con modificaciones posteriormente se transformó en el actual Instituto Provincial del seguro de Salud (IPROSS). El proyecto fue elaborado por una subcomisión del Sindicato y dependía funcionalmente de la Caja de Previsión de Río Negro.

 Durante el mandato de Barreno (1972-1985) se adoptó la trascendente decisión de fusionar el Sindicato de Empleados con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), transformándose a partir de 1972 en una Seccional del nucleamiento nacional. Posteriormente la C.D. creó la Obra Social Sindical de la Institución.

Fueron apenas una docena de dirigentes gremiales los  que mantuvieron las banderas levantadas aquel lejano 24 de octubre de 1958. Fueron tiempos difíciles de inestabilidad política y salvajes golpes de Estado que quebraban los derechos, la Constitución y la democracia. Pese a estas contingencias, el gremio siguió avanzando y cada Comisión Directiva, tuvo aciertos y frustraciones. 

 El pasado 24 de octubre la institución gremial tendría que haber festejado, además del 61 aniversario de su fundación, el 50 aniversario de la conmemoración del “Día del Empleado Público”, sin asistencia al trabajo.

 Pero no fue así. El gobernador Alberto Weretilneck, a través de una inquietud presentada por el dirigente de ATE, Roberto Aguiar, tomó la decisión de derogar el Decreto de Requeijo y por consiguiente reemplazar la fecha de nominación del “Día del Empleado Público” establecida en 1969, para el 24 de octubre de cada año, por la del día ” 27 de junio”.

En los fundamentos del Decreto 376/1, se consigna “que el 27 de junio de 1978, la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), adoptó “el Convenio 151 y la Recomendación 159, vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública”. 

 Seguidamente se indica que “en conmemoración al citado convenio, resulta pertinente efectuar la modificación del día del Empleado Público, instituyendo como “Día del Empleado Público provincial el 27 de junio de cada año”.

Normalmente los Gobernadores no tienen un profundo conocimiento de las normas legales que firman. Para estudiar medulosamente cada instrumento legal están los asesores, los abogados y los organismos específicos que son los responsables de realizar estrictos controles técnicos jurídicos de cada proyecto de Decreto. Lo que realmente extraña es la falta de conocimiento de la historia gremial Argentina del representante de ATE en la provincia. Bastaba con estudiar el contenido de las resoluciones de la O.I.T. referidas al Convenio 151 y la Recomendación 159, para enterarse que la legislación recomendada por el organismo internacional tenía años de plena vigencia en la República Argentina.

 La conducción de UPCN debe recuperar cuanto antes esta vieja conquista gremial. Creo que también debe intervenir en este atropello autoritario el parlamento de Río Negro. Los representantes del pueblo en la Legislatura deben devolver, a través de una Ley, como “Día del Empleado Público” el 24 de octubre de cada año. Los pueblos deben recordar a las personas que iniciaron un camino de lucha y progreso en el gremialismo patagónico. 

 Sería bueno que ATE ahora con buena llegada al gobierno provincial, convoque a una reunión paritaria total e integral de toda la administración pública provincial donde participen representantes sindicales y políticos de los tres poderes del Estado rionegrino y organismos descentralizados, para terminar definitivamente con la lacerante realidad de la existencia de empleados públicos de primera, de segunda y de tercera categoría.

 Esa gran paritaria provincial, debe unificar en cada Poder, su respectiva grilla con un sueldo mínimo para la categoría de ingreso o inferior y un sueldo máximo como techo para la culminación de su carrera administrativa. Todo en consonancia con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Provincial.          

 También podría recordarle a Weretilneck, que a los trabajadores estatales provinciales se les robó el Hotel Pilmayquen de Bariloche adquirido con sus aportes previsionales para entregárselo al Poder Judicial y pedirles la devolución a sus legítimos dueños.

 Me gustaría que ATE y todos los gremios estatales, unidos incorporen en su agenda la actuación del gobierno radical cuando transfirió la Caja de Previsión al ANSES y cercenó la percepción del 82 por ciento móvil que venían recibiendo los trabajadores estatales por imperio de la Constitución Nacional, Provincial y la Ley del Estatuto del Empleado Público Provincial.

 Pero lo más aberrante e incalificable contra los empleados públicos provinciales lo concretaron los representantes del pueblo en el parlamento de Río Negro. En el año 2008, los diputados sancionaron una Ley otorgando el 82 por ciento a jueces y funcionarios del Poder Judicial rionegrino. Excluyeron de un legítimo derecho a los servidores públicos y beneficiaron a un sector gratificado con insultantes remuneraciones, irritantes privilegios y otras canonjías exclusivas.

 Son temas pendientes que los gremios estatales, en unidad de acción y pensamiento deben incorporar en su agenda de trabajo para alcanzar la dignidad y la justicia entre los servidores del Estado provincial. Los principales son: equivalencia salarial, entre los tres Poderes del Estado. 82 por ciento móvil y Estatuto Único para todos los empleados públicos, como lo indica la Constitución Provincial. 

(*) Ex Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos de Rio Negro