El Estado y la cuestión indígena
(ADN). – Con la llegada del gobierno de Alberto Fernández hubo un cambio de paradigma en la relación del Estado con las comunidades indígenas, respecto a las políticas del gobierno de Mauricio Macri sobre los pueblos originarios.
El liberalismo mostró coherencia sobre la visión del Estado sobre este tema, generando las mismas controversias de la llamada “Conquista del Desierto” y las políticas de la época. El doctor en Historia, Enrique Hugo Mases, profesor en la UNco, en su libro precisamente titulado “Estado y cuestión indígena” demuestra que “el proceso de incorporación de las comunidades indígenas en el sur del territorio se produce en el marco del proceso de consolidación del Estado nacional en cuanto a su autoridad y soberanía, pero también en la etapa de construcción de una sociedad capitalista fuertemente unificadora y negadora de la diversidad socio cultural”.
El gobierno neoliberal macrista puso –a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- a la cuestión indígena como hipótesis de conflicto interno, criminalizó los reclamos de los pueblos originarios y colocó en cartelera a la RAM para homogeneizar a todos los movimientos de la Patagonia. Del mismo modo que estigmatizó a los movimientos sociales y piqueteros en el territorio urbano.
No fue sólo el caso Maldonado – en el Pu Lof Cushamen, Chubut-, que el gobierno del Frente de Todos, prometió investigar principalmente en lo referido al rol de la Gendarmería, o el caso Nahuel, muerto por efectivos de Prefectura, en Bariloche, sino también las muertes de jóvenes Wichi en el Chaco o las denuncias de desnutrición, carencia de atención sanitaria, vacunación y otras demandas de comunidades indígenas.
Los reclamos de los pueblos originarios también interpelan a los amigos y socios del anterior gobierno de Mauricio Macri, por la tenencia de la tierra.
Nunca se pudo demostrar ninguna actividad de los movimientos indígenas, en el territorio rionegrino, que pudiera catalogarse en los remedos represores, salvo la quema de una casilla de la guardia que tiene Joe Lewis, para detener el paso de visitantes al Lago Escondido, en El Bolsón.
Río Negro no está ausente en este cambio de paradigma. La gobernadora Arabela Carreras se mostró, a poco menos de un mes de su gestión, junto a representantes de 60 comunidades aborígenes de Río Negro. Con un giro total respecto del gobierno anterior.
El gobierno dio el primer paso y la sola convocatoria se convirtió en un reconocimiento a los pueblos originarios que tiene un tema central a resolver, cual es la pertenencia de las tierras adonde se asientan las comunidades. Otros temas también reclaman atención, como salud, educación y políticas sociales.