La corporación volvió a funcionar
(ADN). -Para hoy estaba previsto el juicio en el Consejo de la Magistratura a la actual camarista Daniela Zágari por su desempeño –como fiscal- en la investigación del asesinato del joven viedmense Atahualpa Martínez Vinaya, quien fue encontrado con un tiro en el pecho en la madrugada del 15 de junio de 2008, en un descampado de la zona sur de Viedma.
Todo este proceso judicial fue muy cuestionado y sigue aún con pliegues oscuros, e incluso mereció una investigación de la Legislatura. Si viviera Julieta Vinaya, que dejó su vida luchando por el esclarecimiento del asesinato de su hijo, seguramente hubiera dicho que la suspensión del jury no la sorprende y quizás que menos aún le asombra que esto suceda bajo la presidencia de Liliana Piccinini en el Superior Tribunal de Justicia, en tanto la jueza fue titular de la Procuración durante las actuaciones de Zágari.
El juicio se suspendió debido a que el Juez de Amparo, Miguel Cardella, dio lugar a la acción del abogado Fernando Chironi, que defiende a Zágari, y en su disposición indica que “al momento de iniciarse el enjuiciamiento disciplinario” el Consejo de la Magistratura no puede integrarse por “quien haya rechazado el acuerdo alcanzado entre el Procurador General y la acusada”, en el momento de tratarse el juicio abreviado.
Una dilación más que le impide a la ciudadanía y a familiares y amigos de Atahualpa, sacar a luz qué sucedió en aquella investigación.
Daniela Zágari tiene derecho, como todo ciudadano, a un juicio justo donde pueda defenderse sobre las dudas sobre su desempeño como Fiscal, y sin dudas que Cardella tendrá argumentos para defender su fallo, porque la resolución de un magistrado siempre tiene varias lecturas. Sus escritos no necesariamente tienen que tener la precisión de una fórmula matemática y por lo tanto se ajustan a interpretaciones.
Nuevamente la corporación judicial se movió. Al menos una parte. La pregunta es… ¿hay que salvar a Zágari?
La resolución de Cardella movió el avispero, porque tensó los músculos del Colegio de Abogados de Viedma, que considera impertinente que el Juez de Garantía le indique cuáles consejeros deben actuar en el Consejo de la Magistratura. Los abogados representados en el Consejo como titulares son Manuel Casariego, Nicolás Fantón y Ana Malis, y como suplentes Marina Jócano, Guillermo Beacon y Carolina Gentile.
La disposición de Cardella es apelada por la Fiscalía de Estado.
Se entiende en ámbitos jurídicos y legislativos que el fallo dando lugar al amparo del abogado defensor de Zágari, es “un nefasto” antecedente sobre la intromisión de un juez en un órgano de la Constitución de carácter político.
Según explicó a ADN un conocido abogado de esta ciudad, el fallo de Cardella, que calificó con palabras irreproducibles, tiene una grave falencia como es suponer que los consejeros del Colegio de Abogados -al oponerse al acuerdo del Procurador Jorge Crespo con Daniela Zágari-, fijaron posición sobre una presunta condena, cuando en realidad dejaron en claro que en un juicio político no cabe el instituto del juicio abreviado y que de ninguna manera hubo prejuzgamiento.
Flaco favor se hace a sí mismo el Poder Judicial cada vez que pone en funcionamiento los mecanismos de defensa interno, como preservación de la corporación.
Pasaron 12 años de la muerte de Atahualpa Martínez y la Justicia aún no pudo pararse frente a la sociedad y explicar el desempeño de sus funcionarios. No es el único caso. Se recuerda el doble asesinato de las “Dos Rotondas” de Sierra Grande, también en el 2008, con similares protagonistas en la Procuración.