Rafael Nahuel: La bala y las armas estaban en el juzgado

Del escándalo al papelón. Ayer, los peritos no sabían dónde estaba el proyectil (que dio muerte a Rafael Nahuel) que debían volver a estudiar. Hoy, apareció. También se encontró el arma del albatro Pintos, acusado de disparar en Villa Mascardi en el operativo de Prefectura.

En cualquier caso se consolida la impunidad en la ya amañada causa por el asesinato de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura, en noviembre de 2017 en territorio recuperado de Villa Mascardi. El juez federal de Bariloche Gustavo Zapata recibió a la madre y el padre del joven mapuche para darles las explicaciones sobre el «olvido» o «descuido», porque durante el tercer peritaje ordenado para ayer en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de la provincia de Salta los peritos detectaron que no estaba la bala como tampoco los dos subfusiles de los prefectos imputados.

En su relato, este magistrado les dirá que se enteró de todo por los medios. Según dijo el magistrado, los elementos aparecieron «debidamente lacrados y con sus respectivas cadenas de custodia». Y explicó que «la permanencia de los objetos reclamados en este Tribunal obedeció a un error involuntario producto de la elevada cantidad de efectos incautados en el marco de este expediente».

«Volví a comunicarme con el Ingeniero Villagrán, quien me hizo saber que -en el día de ayer- al abrir las cajas remitidas hacia esa repartición se detectó el posible faltante de los elementos mencionados, agregando que según lo pactado con todas las partes presentes en ese acto, se realizaría un control exhaustivo el día de hoy y -de confirmarse ese faltante- se labraría el acta respectiva», escribió este jueves el juez al ordenar el envío del material a Salta para que la medida suspendida ayer pueda realizarse el viernes. En ese escrito, al que tuvo acceso Página/12, indicó que ayer a última hora sus empleados le confirmaron que la bala y las armas estaban en el juzgado de Bariloche.

a tercera pericia para determinar la procedencia del proyectil que acabó con la vida del joven mapuche fue ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, luego de dos pericias con resultados contradictorios. Ese tribunal había dictado en febrero la falta de mérito del prefecto Javier Pintos, a quien uno de los peritajes señalaba como autor del disparo mortal ejecutado por la espalda el 25 de noviembre de 2017 cuando el grupo Albatros ingresó en territorio recuperado de la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, donde un grupo de mapuches habían quedado en resguardo por la feroz represión del 23 cuando una joven fue obligada a comer tierra por parte de los uniformados, y quedaron detenidas mujeres y niños.

«Claramente que si se ataca cadena custodia se beneficia Pintos», explicó a Página12 el abogado Rubén Marigo, presidente de la APDH Bariloche y vicepresidente a nivel nacional de ese organismo querellante en la causa, junto a Natalia Araya, que representa a la familia de «Rafita». El razonamiento es simple: si el peritaje vuelve a inculpar al prefecto sus defensores lo impugnarán, del mismo modo que si lo exculpa será las querellas las que lo hagan, en cualquier caso coloca la investigación al borde de la completa impunidad. Marigo agregó que ante este escenario evalúan denuncias penales, ante el Consejo de la Magistratura e incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«En el día de ayer, a través de medios de comunicación masiva digitales, tomé conocimiento que durante el inventario de los elementos recibidos en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Salta se habría detectado el faltante del proyectil indubitado extraído del cuerpo del occiso, y de los subfusiles marca Heckler & Koch, modelo MP5, calibre 9×19 mm., identificación alfanumérica 05— C335508 y 05—C335528 (asignados respectivamente a Francisco Javier Pintos y Juan Ramón Obregón)», explicó el juez en su escrito.

«En consecuencia, dada la trascendencia de lo informado periodísticamente, pese a no haber recibido comunicación oficial alguna en el transcurso de la jornada (ni de los expertos intervinientes, ni de las partes, ni de la Policía de Seguridad Aeroportuaria), convoqué al Tribunal al titular de la Secretaría Penal (Dr. Alejandro Iwanow) y a los Prosecretarios Administrativos (Gabriel M. Siciliano y Matías E. Cifuentes) pues de acuerdo al entendimiento del suscripto, conforme lo ordenado en el legajo, esos efectos se habían entregado a la custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, encargada de transportarlos a la oficina pericial», reseñó Zapata al explicar cómo se puso a buscar nada menos que las pruebas fundamentales del caso.

«Ya en la sede del Juzgado, ordené al Actuario que entablara conversación telefónica con el Jefe del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional (Comandante Principal Duilio Oscar Fabio Poblete), a quien se le requirió que a la mayor brevedad posible se constituyera en esta judicatura junto a los responsables del Gabinete de Criminalística de su repartición, pues ésta se ocupó oportunamente del traslado de los elementos referidos a la sede de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza de seguridad, para la realización de la experticia balística identificada con el número 91096. Momentos más tarde, arribó el Comandante Principal Poblete acompañado del Primer Alférez Lautaro Martín Giménez y de la Alférez Daniela Toledo, quienes refirieron que los elementos descriptos precedentemente habrían sido entregados en esta sede». Es decir, estaban en Bariloche.

«En ese marco, dado que de la consulta del expediente principal digitalizado en este Tribunal (pues las actuaciones originales aún no han sido devueltas por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca) no se advertía la incorporación de constancia alguna que dé efectiva cuenta de esa circunstancia, le ordené al Comandante Principal Poblete que corroborara tal información y —sin perjuicio de lo anterior— dispuse una búsqueda exhaustiva en las instalaciones de este Juzgado. Paralelamente, entablé conversación telefónica con el Ingeniero Pedro Villagrán del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Salta, quien me refirió que (pese a encontrarse momentáneamente en la ciudad de Buenos Aires) se contactaría con personal a su cargo a fin de establecer la veracidad de los datos publicados. Momentos después, Finalmente, a las 23 hs. del día de ayer, el Actuario me informó que los efectos referidos se encontraban resguardados —bajo llave— en una de las cajas fuertes de esta sede (debidamente lacrados y con sus respectivas cadenas de custodia). Cabe aclarar, que en ese mismo sitio fueron resguardados algunos de los elementos que efectivamente se entregaron a la PSA para su oportuno traslado a la ciudad de Salta (cuyo arribo se encuentra constatado), de modo que la permanencia de los objetos reclamados en este Tribunal obedeció a un error involuntario producto de la elevada cantidad de efectos incautados en el marco de este expediente».

«Así las cosas, informé esas circunstancias al Ingeniero Villagrán y ordené al Actuario que se comunicara con el Jefe de la “UOCN y DC de la Patagonia” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (Inspector Mario Chiofalo) a fin de coordinar el traslado de los efectos referidos a la sede del organismo pericial, acompañados en la ocasión por el propio Sr. Secretario, lo que se materializará en el primer vuelo del día de hoy». Es decir, ahora las pruebas viajarán acompañadas.

Rafael Nahuel estaba construyendo su ruca (casa) en el territorio que la comunidad había recuperado y que disputa con Parques Nacionales, organismo que solicitó el desalojo que culminó con dos procedimientos violentos, uno de ellos provocando su muerte.