Aislamiento y segregación
La pandemia sacó a relucir conductas egoístas y segregacionistas. Ocurrió en todos los procesos históricos mundiales: lepra, peste negra, HIV… y se repite hoy. Los primeros indicios fueron los mensajes en los edificios que dejaron los vecinos de quienes trabajan en el servicio de salud, pidiendo que se muden por miedo al contagio del coronavirus. Prosiguió en ciudades, especialmente en el transporte y en servicios de alimentos y baños contra médicos, enfermeros y otros agentes del sector. Hubo escraches en las redes sociales a vecinos infectados con el virus. Y en Río Negro se vivió una paranoia en las últimas horas producto del programa de «repatriación» de ciudadanos varados en otros puntos del país.
El reclamo -casi fascista- que surgió en oposición al regreso a la provincia de rionegrinos aislados en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba o Bahía Blanca, puso en evidencia que el miedo superó a la solidaridad, la empatía y el entendimiento.
El Gobierno rionegrino puso en marcha un proceso para coordinar la «vuelta a casa» de personas que fueron sorprendidas por la cuarentena lejos de sus hogares. Fue a partir de reclamo que fue en aumento por situaciones lógicas: estudiantes cuyos padres no pueden seguir manteniéndolos producto de la crisis económica (muchos de ellos son comerciantes que tienen sus negocios cerrados o cuentapropistas), personas que estaban de viaje y tenían el dinero calculado para subsistir una determinada cantidad de tiempo y que tuvieron que prolongar su estadía en hoteles, y hasta casos de violencia de género.
Sobre este punto, un caso particular: una familia quedó varada en Buenos Aires y el maltrato recibido por una mujer la llevó a realizar la denuncia en una comisaría. No podía volver a convivir con su pareja y debió dormir en la seccional. Ella y su hija forman parte del contingente que está volviendo.
Cuando se tomó la decisión, la gobernadora Arabela Carreras y su equipo asumieron que podían correrse riesgos sanitarios, pero prefirieron asumir ese costo. De todos modos, cada micro que partió hacia la provincia cumplió con los protocolos sanitarios y fueron registrados por salud, la policía y la comisión nacional del transporte. Se les tomó la fiebre, viajan con barbijos, firman una declaración jurada de haber cumplido con el aislamiento, y ni bien llegan están obligados a realizar la cuarentena de 14 días en sus domicilios.
Así es el modelo de actuación que baja de Nación y de la Organización Mundial de la Salud.
El vector ideológico que guió al gobierno fue el mismo que tomaron otras provincias y Nación autorizó esos movimientos. Fue a partir de la premisa que todos son ciudadanos rionegrinos y tienen derecho a estar en sus casas en este tiempo de pandemia. Sin distinción.
Sin embargo hubo contratiempos. Además del Gobierno, el partido JSRN también organizó el regreso. Y aunque fue de modo coordinado, no todas las empresas contactadas (los pasajes los pagan quienes viajan) tuvieron el mismo modo de proceder, especialmente en el distanciamiento entre personas. Es el caso del colectivo que hizo el trayecto La Plata-Viedma y que viajó completo. Se desconoce si se cumplió con el control riguroso, que sí se aplicó en Retiro.
El caso generó alarma en la capital provincial y afloró la segregación: «Acá no tenemos coronavirus, no los traigan». El mensaje se multiplicó en las redes. Pero el Gobierno decidió avanzar de todos modos, no sucumbió al espantoso reclamo. Ni bien llegó esa formación, el Ministerio de Salud controló a los pasajeros.
Sin embargo, el Gobierno pudo haber dado sumado otro paso para garantizar un cerrojo más duro de la barrera sanitaria, cruzando datos de quienes volvían y harían la cuarentena en hogares donde pueda haber familiares que tienen trabajos esenciales como seguridad, salud y comercios. Así, si hubiera alguna persona infectada y asintomática, evitaría la circulación en personas que deben -por sus tareas- salir a la calle, generar una cadena de contagios y tener que aislar comisarías y hospitales, como ya ocurrió Bariloche, Choele Choel o Cipolletti.
Frente a eso, se tomaron medidas individuales. Por caso, personal de salud (en algunos centros) serán exceptuados de concurrir a sus trabajos y harán la cuarentena con sus familiares que retornaron a la provincia. Es válida la preocupación por la situación sanitaria.
La reacción desmedida se vivió en varios sitios. La intolerancia y la segregación llevó a varios intendentes a bloquear el ingreso a sus ciudades, como si el virus respetara barreras físicas. E impidieron que trabajadores en tránsito pudieran cargar combustible, comer o ir al baño. Inhumano. Mariano Lavín (Cambiemos) y Miguel Jara (PJ) armaron barricadas con tierra en Fernández Oro y Pomona. Bruno Pogliano (JSRN) no quiso que camioneros de Chile hicieran paradas en El Bolsón, un caso curioso ya que el jefe comunal es uno de los 96 contagiados de COVID-19 en la provincia. Pero el dato más llamativo es el de Jacobacci. Carlos Toro (UCR) puso en el acceso a la ciudad un espacio de desinfección de vehículos y personas que atraviesan la localidad en el recorrido de la ruta 23, y cobraba por ello. Además, limitó la circulación entre las 8 y las 19. Quien llegaba después, debía pasar la noche en sus autos en la rotonda. Un desatino, y además inconstitucional.
La medida de repatriaicón del Gobierno es correcta. Es inviable mantener personas lejos de sus hogares porque además de las imposibilidades económicas hay casos de fuerte depresión. La reacción ciudadana contraria al programa provincial es contradictoria, como el escrache en edificios a médicos y enfermeros, a quienes aplauden a la noche por su trabajo pero los echan de los consorcios. Por un lado, se pide al Gobierno nacional traer a los argentinos varados en el mundo, pero no permiten que sus propios vecinos vuelvan a sus ciudades.
Son tiempos inéditos e impredecibles, pero nada puede hacer perder los valores de la solidaridad. Cualquier intento de segregación supone un acto fascista.