El pedido de la UIA y la Cámara de Comercio a Fernández

(Por Ari Lijalad y Ezequiel Orlando*). – Los grandes empresarios presionan al Gobierno para que entregue más subsidios para el pago de sueldos y permita que una mayor cantidad de empresas vuelvan a la actividad. Fieles a su historia, los empresarios más poderosos del país le reclaman al Estado privilegios en medio de la crisis sanitaria, que incluyen beneficios impositivos, flexibilización laboral y, sobretodo, relajamiento del aislamiento. Los reclamos quedaron registrados en dos documentos que le entregaron al presidente Alberto Fernández la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Entre las propuestas, obviamente, no figura el aporte que podrían realizar muchos de sus miembros bajo un impuesto extraordinario, sea como empresas o como individuos.

La UIA, entidad que comanda Miguel Acevedo, tiene en su comisión directiva a pesos pesados como Luis Betnazza de Techint, Cristiano Rattazzi de Fiat, Adrian Kaufmann Brea de Arcor y a Daniel Funes de Rioja de la Coppal. El poder económico va acompañado de poder de fuego mediático, y hace varios días que los portales, las radios y los canales que reciben jugosa pauta publicitaria de esas empresas basan sus contenidos en esos intereses.

El miércoles, los industriales exigieron que luego del 12 de abril, cuando vence la extensión de la cuarentena, se amplíen progresivamente el número de fábricas que puedan volver a producir. El criterio que plantearon consiste en considerar primero a proveedoras de insumos de la cadena de valor de sectores esenciales y exportadores, como papeleras, envases, metalúrgicas, plásticos, químicos, aluminio. Otras ramas que analizaron podrían sumarse luego serían la minería, alimentos envasados, golosinas, comida para animales, fundición, siderúrgica y metalmecánica y la industria autopartista vinculada con el transporte de carga.

En el texto de 12 páginas, al que accedió El Destape, la UIA planteó una prórroga para los tributos nacionales, provinciales y municipales, el lanzamiento de una moratoria para grandes empresas y permitir refinanciar las deudas acumuladas en el período de crisis. También figura la suspensión al impuesto a los créditos y débitos por 30 días.

En cuanto al empleo, la central fabril propuso acelerar el otorgamiento y ampliar el fondeo al programa REPRO para la asistencia de empresas en crisis, que los pagos ingresen en forma directa al empleador o a la cuenta sueldo, implementar un procedimiento abreviado para iniciar los procedimientos preventivos de crisis y la exención del impuesto a las ganancias para los trabajadores que presten servicios esenciales. Y, en caso de sostenerse o profundizarse la crisis, una exención o reducción de las contribuciones patronales a todo el personal.

Para ampliar el financiamiento y maximizar el alcance de las líneas blandas para pagar salarios incentivadas por el Banco Central, a tasa máxima del 24%, la UIA interpreta que deben estar acompañadas de mayores respaldos. Por eso plantearon que se eleven los $ 30.000 millones del fondeo del Fondo de Garantía Argentino (FOGAR) para otorgar avales a PYMES y así mejorar las condiciones de acceso en términos de montos y plazos.

En esa línea reclamaron incrementar el fondeo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) para subsidiar préstamos con un interés sustancialmente más bajo a todos los sectores, pero en particular a las PYMES. Además, otorgar créditos a empresas en crisis o con balances con estrés financiero que no puedan ser sujetos de crédito. Asimismo, solicitó restablecer operatoria bancaria esencial para empresas y así reabrir disitntas operatorias.

La nota de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) fue dirigida al jefe de Gabinete Santiago Cafiero. El presidente de la CAC es Jorge Luis Di Fiori,  cuya empresa se dedica al comercio exterior y se promociona con “el doble carácter de abogados y despachantes de aduana”. El vicepresidente es Eduardo Eurnekian, que figura por Aeropuertos Argentina 2000, una de la firmas de la poderosa Corporación América. El Vicepresidente 2do es Guillermo Dietrich, padre homónimo de quien fue ministro de Transporte de Mauricio Macri. Como Vicepresidente 3ro oficia Alberto Grimoldi, 1industrial del calzado. Entre los vocales figura nada menos que el supermercadista Alfredo Coto.

En línea con la UIA, la CAC quiere subsidios y baja de impuestos. Presentaron 4 ejes temáticos con acciones que consideran prioritarias y urgentes.

Lo primero que plantean es que hay que modificar el decreto 332/2020 para que “los beneficios de reducción de contribuciones (patronales) sean otorgados en forma automática y no sujetos a trámites como el Procedimiento Preventivo de Crisis”. O sea, que no haya controles. La UIA pidió algo similar.

Respecto a la flexibilización de la cuarentena, pidieron un aislamiento social selectivo y propusieron una secuencia paulatina, donde se puede realizar venta por internet y entregas a domicilio con personal propio de los comercios, con estructuras de horarios y extensión de actividades para evitar aglomeraciones en el transporte.

Para la CAC se pueden habilitar de forma paulatina, primero, la construcción y tareas de mantenimiento. En segundo lugar ponen los shoppings, con la mitad del personal y que haya una persona cada 16 metros cuadrados. Consultado por esta posibilidad, el infectólogo Pedro Cahn le dijo a El Destape Radio que no le parecía una opción viable. La CAC, en tercer lugar, plantea la apertura de comercios en general con la mitad de los empleador, luego la abres y restaurantes al 50% de su capacidad y finalmente los bancos.

Al igual que sus colegas industriales, la cámara de comerciantes pidió dinero y menos impuestos. Pidieron líneas de crédito automáticas y a tasa cero sumado a reducción de impuestos, moratorias e incluso que puedan utilizar títulos de deuda para pago de impuestos.

Respecto a temas laborales, piden más Repro, es decir, que el Estado se haga cargo de buena parte de los salarios. También que se aclare que pasa con el artículo 3 del decreto que prohibió despidos y suspensiones. Ese artículo prohibió las suspensiones por fuerza mayor o disminución del trabajo con la excepción de las que se hagan en los términos del artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo. Lo que les interesa a los empresarios es como homologar acuerdos entre ellos y los trabajadores en este contexto, algo que ya están haciendo algunas empresas y que figura en ese artículo de la ley.

También pidieron aclaraciones sobre que pasa con los salarios de los trabajadores que tienen ausencia justificada porque tienen que cuidar a sus hijos sin clases y que pasa con la cobertura de la ART para los que hagan trabajo desde sus hogares y sobre los que estén en sus casas sin trabajar.

*Publicado por el Destape