APEL: más pagos al Estado para evitar el enjuiciamiento
(ADN).- La defensa de cinco imputados en la causa APEL volvió a requerir la suspensión de juicio a prueba para culminar con su participación en la causa penal, en las que se los acusa a cada uno de ellos de haber tenido participación en sólo una de las más de 15 maniobras defraudatorias.
Un grupo (Gonzalo Angos, Ricardo Angos, Susana Inostroza, Mario Montero de Espinosa y Alberto Otermin) ya logró ese beneficio, avalado por el juez Ignacio Gandolfi, cuando devolvió cinco lotes en favor del Estado provincial, cotizados en unos 10,5 millones de pesos.
Ahora, el Estado recuperará otros 8 millones de pesos. Ayer se realizó una nueva audiencia y el juez Marcelo Alvarez adelantó que hará lugar al otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba pedido por la defensa de Alicia Fernandez, Alejandro León, José Quintín, Elvio Bahamonde y José Zoilo Saenz Esparza.
La Fiscalía de Estado se opuso a la decisión, pero adelantó en la audiencia que renunciaría a las instancias de apelación ya que una vez resuelta la situación penal de estas cinco personas puede iniciar en contra de ellos acciones en el Fuero civil para continuar con la recuperación de activos.
La totalidad de los hechos son endilgados al Secretario General del gremio de los legislativo (único de los imputados considerado autor del delito imputado), Alejandro Gatica, y a quien se desempeñaba como Secretaria de Finanzas que, en cambio, seguirán incursos en la causa penal debiendo participar del control de acusación con vistas a ser juzgados en un debate oral y público.
Dicha audiencia se realizará en principio el 8 de junio próximo.
El ofrecimiento de la defensa privada fue que la pareja del Secretario General y el hijo de ella, efectúen el resarcimiento de seis millones y medio de pesos a las arcas del Estado provincial.
El pago se realizaría en cuotas mensuales consecutivas de 90 mil pesos, que cada uno de ellos deberá abonar durante los próximos 36 meses. Se estima que ambos habían sido partícipes del perjuicio de seis millones de pesos. Ellos deberán, además, resarcir a un hombre, constituido como querellante, en la suma de 270 mil pesos.
Otros dos empleados del gremio, acusados de haber continuado cobrando cuotas una vez que el “Fondo para la vivienda y turismo social” estuvo inmovilizado, ofrecieron devolver un millón y medio de pesos. El pago se haría en 36 cuotas de más de 21.000 pesos cada una.
Cada una de las 36 cuotas deberá ser pagada del 1 al 10 de cada mes y, en caso de incumplimiento, el beneficio cesaría.
Finalmente un quinto imputado que había presentado facturas apócrifas que fueron pagadas con dinero del mencionado fondo deberá transferir 40.000 en un solo pago a la cuenta del erario público provincial.
Como parte del ofrecimiento, todos ellos se comprometieron a cumplir 50 horas de trabajo comunitario durante un año en diferentes organizaciones sin fines de lucro. Se cuenta entre ellas el merendero Maná, la Junta Vecinal del Balneario El Cóndor y la Fundación Creando Futuro. Además deberán fijar domicilio y someterse a las medidas de control del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados.
Aunque se trata de una opinión no vinculante, el Fiscal Juan Pedro Puntel, quien trabajó junto a la Fiscal Adjunta Paula de Luque, dio su aval a esta propuesta considerado que “la defensa realizó una mejora sustancial a la oferta de reparación del daño que había realizado oportunamente”.
La Suspensión de juicio a prueba pretende la solución del conflicto primario mediante procedimientos alternativos o distintos al juicio, y la reparación del daño no integral sino en la medida de las posibilidades de los imputados, máxime en el caso de partícipes primarios.
En este sentido Puntel calificó a las sumas como “razonables y coherentes en relación al monto defraudado” ya que además resulta difícil determinar si los cinco imputados “se quedaron con la totalidad de ellas, o solo con alguna parte”.
La Fiscalía de Estado, constituida en esta instancia como querellante, consideró razonable sólo la situación de quien está acusado por presentar facturas apócrifas y cuyo perjuicio ascendió a 20.000 pesos. Adelantó no obstante que el ofrecimiento será “evaluado por la comisión de transacciones judiciales presididas por el Fiscal de Estado”. En cuanto a los restantes imputados, manifestaron su oposición a que se les conceda tal beneficio.
El querellante particular, en cambio, consintió el otorgamiento del beneficio en lo que respecta a los imputados que perjudicaron a la persona que asiste legalmente.