El oficialismo perdió la conducción del CONIAR

(ADN). – Daniela Salzotto, legisladora de Catriel del Frente de Todos, fue elegida como presidenta del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de Río Negro, y el oficialismo perdió la conducción de este organismo autárquico, que tiene a su cargo la aplicación de la Ley N° 4109, responsable del diseño y planificación de todas las políticas públicas de niñez y adolescencia.

La información pasó inadvertida, e incluso leída como un simple reemplazo de funcionarios, pero éste ente autárquico creado en la ley 4109, por ley de la Legislatura sancionada el 19 de junio del 2004, adquiere importancia porque sus funciones superan la mera enunciación burocrática, sino que es el órgano rector de las políticas públicas de protección integral de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en Río Negro, muy cuestionadas últimamente.

Hasta ayer el CONIAR estuvo presidido por Roxana Méndez, Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), elegida en mayo del 2018, junto a Carla Cabrera, como vicepresidenta, quien es titular del Centro de Atención para la Adolescente Embarazada y Madre (CADEM) de la ciudad de Viedma, dependiente del Obispado y que ahora fue reelecta en sus funciones.

Méndez –quien pretendía continuar al frente del organismo- perdió la votación por dos votos, y obtuvo sólo el acompañamiento de los cinco representantes del gobierno en el CONIAR, el resto –representado por la oposición, organismos sociales y de los Consejos Locales del Niño, Niña y Adolescentes- se opusieron a que la representante del oficialismo siguiera en su cargo, en clara demostración de rechazo a las políticas que actualmente se desarrollan en la materia en la provincia. Tampoco el Poder Judicial acompañó a Méndez con su voto, quien también mantiene una vieja disputa de diferencias sobre las políticas del menor y la adolescencia.

Cabe señalar que el CONIAR está integrado por 5 representantes del Poder Ejecutivo: 1 representante del Ministerio de Salud; 1 del Ministerio de Gobierno; 1 del Ministerio de Desarrollo Social y 2 del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, siendo uno de ellos integrante de la Secretaría de Derechos Humanos.

También componen el organismo: 2 representantes de la Legislatura provincial; 3 representantes de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 3 representantes de los Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes de las localidades de la provincia y 1 representante del Poder Judicial.

Esta integración fue incorporada por ley del 8 de junio del 2006, que modificó el artículo 54 de la norma original, con el CONIAR se integraba por cuatro representantes del Poder Ejecutivo, dos del Poder Legislativo, dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

CONIAR

No es neutra la renovación de autoridades del CONIAR en un momento en que existen muchas críticas y cuestionamientos en la aplicación de las políticas gubernamentales en temas de la niñez y adolescencia.

Se estima que desde éste ente autárquicos surgirán ahora nuevas pautas a desarrollar por el gobierno provincial en esta materia, en tanto que en el Título IV, Capítulo Iº de la ley 4109 precisa que el CONIAR define la política anual del organismo a través de un plan que articule transversalmente la acción de gobierno en todas las áreas y enuncia los criterios para la formulación estratégica de la misma.

También es el encargado de diseñar y aprobar los programas necesarios para el cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en ley; asesorar y proponer al Gobierno de la provincia, las políticas de las áreas respectivas; articular las políticas públicas de todas las áreas de gobierno, en los aspectos vinculados a la infancia y adolescencia; elaborar proyectos legislativos específicos; promover la participación social de niñas, niños y adolescentes para el ejercicio pleno de la ciudadanía y promover programas de capacitación para generar condiciones apropiadas que favorezcan la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otras.