¿Hay edificios públicos adaptados para el COVID?
(ADN).- El lunes la administración pública volverá a su nueva normalidad luego del receso obligado en cuarentena. Gobierno y gremios trabajan en protocolos, especialmente en áreas de atención al público, pero por ahora no hay mención oficial al tema edilicio.
Ayer, la gobernadora Arabela Carreras dijo sobre la vuelta al trabajo: «no queremos abarrotar las oficinas con personas», y admitió que «debemos hacer modificaciones edilicias».
De esos dos vectores -claves para cumplir con el distanciamiento- solo uno está en debate. Ello genera mucha incertidumbre en los trabajadores públicos que deberán concurrir a oficinas que no están preparadas.
Por lo general, y en Viedma es notorio, el Estado carece de edificios propios. Alquila, a cifras siderales que rompen el mercado inmobiliario, locaciones que no fueron diseñadas para albergar mucha gente ni están aptos para funcionar como oficinas.
En la capital provincial, los propietarios construyen edificios solo para alquilar al Estado, sin tener en cuenta esa funcionalidad. La única intención es lograr un renta mensual extraordinaria.
Algunos ejemplos
El Ministerio de Desarrollo Humano es un hotel, que fue modificado innumerables veces. Hace unos años, se pidió un estudio del edificio para conocer si la estructura resiste la cantidad de gente que allí trabaja. Nunca se dio a conocer el resultado.
El Ministerio de Educación se construyó pensando en alquilar oficinas a profesionales o empresas. Al ser contratado por el Estado debió sufrir cambios, pero el panorama allí es similar al resto: superpoblación y hacinamiento.
El Ministerio de Salud es un edificio pensado para tal fin. Pero el paso del tiempo fue modificando su ecosistema y donde antes había una oficina, ahora hay -mínimo- tres, separadas por manparas de madera.
Algunas vez los gremios plantearon la necesidad que la Secretaría de Trabajo hiciera inspecciones en los edificios donde funcionan los organismos públicos, pero no lo lograron. Ninguno hubiese pasado una revisión de seguridad e higiene. De hecho, Salud estuvo cerrado (hace un tiempo) por las conexiones «caseras» de gas que se habían realizado. Y el edifico del IPROSS debió ser evacuado más de una vez por escape de gas, incendios y hasta rajaduras de paredes y pisos.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) funciona donde fue el edificio histórico del diario Noticias de la Costa. Allí solo hay dos baños. Y se hicieron oficinas donde funcionaba la máquina impresora. El organismo también alquila -y habita- en el ex local de una cadena de electrodomésticos de dos plantas.
El Poder Ejecutivo tiene la peor parte si es que define reacondicionar los edificios. Los poderes Judicial y Legislativo tienen estructuras propias (aunque aún mantienen algunos alquileres de sitios que no fueron diseñados para tal fin) que deberán ser adaptadas a partir de los protocolos.
La misma situación se vive en otras ciudades de la provincia donde hay sedes del Estado. Son muy pocos los edificios que cumplen con la estructura necesaria para alojar trabajadores.
La restructuración edilicia se impone en tiempos de COVID. Como lo hacen los restoranes, comercios, bares y gimnasios, las administración pública (provincial y municipal) requiere de una modificación.
Por caso, la ciudad de Viedma está evaluando volver al trabajo. No difiere mucho de la situación provincial.
A pocos días del retorno, la ansiedad de los trabajadores se expresa en las redes sociales. Desde hace unos días hay una fuerte crítica a los funcionarios que viajan y no cumplen con el aislamiento. Se hizo más visible desde que la Gobernadora dio el ejemplo.
Pero la preocupación de los agentes públicos por las condiciones edilicias -hasta hora- no ha sido considerada ni por el Gobierno, ni por los gremios.