La Justicia y todos los lados del mostrador

(Por María Inés García*).- La desestimación exprés de la denuncia contra la Jueza subrogante en la causa de los adicionales, Rita Custet, plantea algunos interrogantes sobre el caso y sobre el funcionamiento del sistema judicial en causas de máxima relevancia institucional y política para la Provincia.

El hecho que se denunció es grave, pues según el denunciante, la jueza subrogante Rita Custet Llambí fue nada más y nada menos que Directora General de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno durante parte del periodo investigado en la causa de los adicionales. Esto significa que Custet Llambí podría haber juzgado a ex funcionarios por un supuesto delito que conocía o podría haber cometido.

Este hecho, que debería ser aclarado por la Justicia, fue desestimado por el Fiscal Peralta en menos de un mes y sin tomar siquiera una sola medida probatoria.

Sospechas atendibles

Varias son las hipótesis que el Fiscal podría haber considerado. Así, por ejemplo, era posible pensar que, aún cuando Rita Custet Llambí se desempeñara como Directora General de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno, no supiera ni conociera acerca del pago de los adicionales. Esto sería raro, pues el mecanismo estaba autorizado por ley e instrumentado mediante decretos y resoluciones que debería conocer. Sin embargo, era una posibilidad.

Otras hipótesis que el Fiscal pudo haber considerado consistían en la posibilidad de que la jueza subrogante cobrara los adicionales; o bien, que conociera sobre el pago de adicionales, en cuyo caso, de haberlo considerado un delito debió haber denunciado. Finalmente, otra hipótesis posible consistía en la posibilidad de que, en su doble calidad de Directora General de Asuntos Legales de la administración investigada y de Jueza subrogante del Superior Tribunal de Justicia, Custet Llambí actuara de manera maliciosa en el caso de los adicionales, condenando a personas que sabe inocentes.

Nada de esto ha sido aclarado por el Fiscal que consideró que no hacía falta realizar ninguna averiguación y desestimó la denuncia en tiempos que son poco habituales para el sistema de justicia.

Cuestionamiento al Fiscal

El Fiscal Peralta debió dar respuestas a estos interrogantes basadas en evidencia. Eso es lo que la ciudadanía le pide al Poder Judicial en general y a los Fiscales en particular, en una de las investigaciones más destacadas de la política y la justicia provincial.

El argumento central del Fiscal para desestimar la denuncia consistió en citar la sentencia de la Cámara Criminal en la que se condena a diversos ex funcionarios públicos por el delito de peculado. En dicha sentencia la Cámara critica la metodología de pago instrumentada al tiempo que afirma que: “…debemos ser enfáticos en que en estos autos no se ha probado que se les haya dado [a los fondos] un destino distinto del declarado”. Es decir, la propia Cámara condena por un delito que ella misma reconoce que no ha sido probado.

Es por ello, entre otras cosas, que esa sentencia está cuestionada en su legalidad y es, precisamente, la que convalida la Jueza subrogante Custet Llambí en una acción que se debería esclarecer si fue o no maliciosa.

En la misma resolución, el Fiscal hace un pase al Consejo de la Magistratura pues lo que seguro es claro, es que la Jueza Subrogante Custet Llambí no debió juzgar en esta causa pues le asistía el deber legal y ético de excusarse cuanto menos por el sólo hecho de haber tenido un rol como funcionaria en la Administración que se investiga en la causa que sentenció. Así se lo indican, entre otras, la Constitución de esta Provincia, el Código Procesal, y el Código de Bangalore sobre Conducta Judicial de 2001 adoptado por el Superior Tribunal de Justicia mediante Acordada 1/2007.

El Consejo de la Magistratura

Cualquier atisbo de claridad está ahora en manos del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, la claridad no parece ser lo que allí abunda. El viernes pasado, 6 ex funcionarios de la administración Saiz investigados por la Justicia en la causa de los adicionales -Cesar Barbeito, Francisco González, Diego Larreguy, Juan Manuel Accatino, Alfredo Pega y José Ongaro-, recusaron a la Dra. Piccinini en su calidad de Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Provincia en el marco de la denuncia presentada contra la Jueza subrogante Rita Custet Llambí.

El Consejo de la Magistratura tiene en sus manos el avance de la investigación por posible mal desempeño de la Jueza Subrogante Custet Llambí en el marco de la causa de los adicionales, en la que podría haber juzgado hechos que conocía o la involucran. En ese contexto, la Dra. Piccinini, en su carácter de Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, preside también el Consejo de la Magistratura. En este rol, tiene a su cargo resolver sobre la procedencia de la denuncia y el avance de la investigación destinada a esclarecer si la jueza actuó conforme a sus deberes constitucionales, legales y éticos.

De acuerdo con el texto de la recusación presentada, los motivos de la solicitud del apartamiento de la Dra. Piccinini son los mismos que la propia Jueza del Superior Tribunal invocó para apartarse en la causa de los adicionales. En aquel entonces, la Dra. Piccinini se excusó debido a que siendo Procuradora General de la Provincia tuvo intervención directa en el caso en calidad de denunciante.

Como Procuradora General, Liliana Piccinini carecía de facultades suficientes para realizar la denuncia, pues el texto constitucional establece que la Procuradora General no tiene como función llevar adelante investigaciones particulares. Por el contrario, su rol consiste en ser garante de la objetividad de las investigaciones y, para ello, dicta instrucciones de carácter general para todos los fiscales (y nunca de manera particular en un caso concreto). Sin embargo, la misma denuncia fue considerada válida luego de ser presentada por el legislador Martín Soria, hijo del entonces candidato a la Gobernación por la oposición.

Lo que está en juego

La desestimación exprés de la denuncia contra la Jueza subrogante Custet Llambí pone en duda la capacidad del sistema de justicia rionegrino para depurarse a sí mismo. El trato rápido, expeditivo y sin ninguna medida probatoria pone en duda la capacidad de la Justicia de investigar y juzgar con imparcialidad. Más aún en un caso donde lo que está en juego es, precisamente, la correcta Administración de Justicia en la causa de mayor relevancia política de los últimos años en la Provincia.

En relación al proceso en el Consejo de la Magistratura -donde se debe controlar el accionar de los jueces para garantizar un adecuado servicio de justicia-, parece claro que tanto la recusación como la excusación tienen como finalidad garantizar la objetividad y la imparcialidad de los procesos disciplinarios o judiciales. Se busca evitar, así, cualquier sesgo o tendencia a resolver que no sea estrictamente en base a derecho. La Jueza Subrogante Custet Llambí fue jueza y parte, la Dra. Piccinini fue parte y debería apartarse como jueza.

Lo que aquí se menciona no es nuevo. Son las mismas prácticas judiciales que se vienen denunciando en la política nacional a uno y otro lado de la grieta y que son, históricamente, ajenas al radicalismo. Por eso seguimos trabajando, porque las instituciones las hacen las personas que las integran y aún creemos que podemos tener instituciones serias.

*Legisladora provincial (MC), dirigente de la UCR.