El camino posible

(Por Raúl Dellatorre*). – Es la última semana del año, momento de balance y perspectivas. El año empezó con la economía empantanada en una recesión interna muy profunda y una crisis externa asfixiante. El mismo año termina sin la sensación de asfixia externa pero con la misma crisis interna agravada y con disputas –que estaban en pausa al iniciar el período– desatadas en varios frentes. Y la revelación del año -esas apariciones que cambian todo con su sola presencia y llegan cuando nadie las espera- fue la pandemia, sin dudas. Pero con o sin vacuna mediante, la crisis económica va a seguir requiriendo soluciones económicas y decisiones políticas para superarla. Si algo se esperaba en sentido económico de la pandemia es que «nos hiciera más buenos», más comprensibles de los problemas de los demás, los que más tienen más dispuestos a colaborar con lo que menos tienen, dejando de lado pujas mezquinas. Pero no pasó nada de esto, así que sigamos adelante con el enfoque de política económica del asunto. 

A pesar de que hubo un fuerte alivio en las presiones externas vía financiera (vencimiento de deuda y refinanciaciones condicionadas), destacados actores económicos internos se las ingeniaron para mantener una tensión cambiaria creando la sensación de la «devaluación inminente». El dólar sigue siendo un dolor de cabeza para la conducción económica, aunque haya logrado unas semanas de cierta tranquilidad en las cotizaciones, «estabilizadas» a un nivel elevadísimo, lo cual no le hace nada bien a las intenciones de bajar la inflación.

Y de la mano de la inflación, aparece la segunda tensión político económica a la que se le debe prestar atención. El deterioro que ello provoca en los bolsillos de quienes viven de su trabajo, actual (activos) o pasado (jubilados). La puja distributiva vuelve al primer plano, con debilidades de ambos lados (empresarios con escasas posibilidades de responder a las demandas salariales por falta de recuperación en su actividad, y trabajadores en situación desesperante por el grado de precarización). En los pocos casos en que se da un marco distinto, empresarios poderosos y trabajadores en posición sólida en retribución y condiciones de empleo, la disputa gana en calidad política. Es lo que sucede con el actual conflicto entre aceiteros santafesina y las corporaciones cerealeras.

Hay otros conflictos a la vista. La recuperación post pandemia, ¿es inclusiva o solo para algunos? ¿Qué harán empresarios y trabajadores que queden al margen? ¿Se conformarán con alguna forma de subsidio o reclamarán un modelo que los incluya? Y de la mano de este otro conflicto, ¿definió el gobierno su modelo de desarrollo económico? 

Dos documentos

En medio de las disputas, aparecieron esta semana dos documentos que merecen especial atención porque, justamente, se refieren a los conflictos centrales con los que nos recibe el 2021. Uno tiene origen empresario: es de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN). El otro, es de origen sindical: lo emitieron las tras organizaciones que encabezan el paro aceitero en Rosario y su área de influencia (Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, Federación Nacional de la Industria Oleaginosa y la Unión de Recibidores de Granos en los puertos argentinos). 

El documento del CEEN, que firma su referente Raúl Hutin, define desde su título que «En el 2021 el objetivo de las pymes es caminar a favor de la producción y el trabajo». «Tenemos claro que el camino posible es atender en forma prioritaria el mercado interno, ya que éste representa el 75% de la actividad económica del país», postula. «No existe mercado interno si la población no recupera el salario real. Si lo comparamos con el mismo ingreso objetivo del año 2015 perdió 20% en términos reales. Igual infortunio registraron los ingresos de los jubilados, pensionados, los que cuentan con AUH y otros. Sabemos con claridad que esta situación que deviene de años de desmanejo no se soluciona de la noche a la mañana, pero también tenemos la seguridad que es una definición política el hacerlo imprescindible».

Advierte más adelante el mismo documento que «si no se reconoce que de lo que se trata es que los ingresos aumenten realmente, en reconocimiento del aporte central del trabajo a la generación de riqueza», lo que ocurre es que «cada aumento de salario nominal repercute en forma instántánea en aumento de precio más la ganancia correspondiente al capital». Así como «cada devaluación o mini devaluación se aplica, no en la justa medida de los insumos en moneda extranjera, sino sobre el total del costo, y ni hablar del coeficiente del «por las dudas», tan metido en nuestra cultura empresaria, desgraciadamente».

Por su parte, SOEA, Urgara y la Federación Aceitera emitieron un comunicado conjunto esta semana, cumplidos quince días de huelga, que en sus párrafos de mayor contenido político definen:

«A esta altura del conflicto, no nos caben dudas de que la intransigencia patronal tiene dos objetivos directos. Por un lado, disciplinar a los trabajadores y conjuntamente enviar un mensaje para el resto del empresariado y la clase trabajadora: la reactivación económica que se espera para el 2021 se la quedarán las empresas, en este caso tres o cuatro vivos que forman un oligopolio, y la salida de la pandemia tan esperada no traerá alivio para las familias que viven de su trabajo, sino que irá a engrosar las ganancias del capital concentrado».

«El otro objetivo –agrega el comunicado sindical– es extorsionar al Gobierno Nacional, e inclusive desestabilizarlo. No sólo buscan la aprobación de su proyecto de ley presentado por el Consejo Agroindustrial que ellos mismos crearon y presiden, que implica nuevas rebajas de retenciones para las agroexportadoras y otros beneficios fiscales, sino que al no liquidar divisas continúan apostando a una nueva devaluación del peso argentino que también redundaría en una nueva recomposición de sus extraordinarias ganancias».

La lucha salarial en el gremio aceitero es una disputa entre privados, se dirá, pero los gremios involucraron al gobierno en forma directa al denunciar extorsión y maniobras de desestabilización en su contra. Involucran, además, al proyecto del Consejo Agroindustrial que las corporaciones  cerealeras y de la industria agroexportadora en general le acercó al gobierno, impulsando un modelo de crecimiento principalmente centrado en las exportaciones. 

El documento del CEEN dedica sus últimos párrafos a cuestionar las presiones que está recibiendo el gobierno «por parte de las empresas prestadores de servicios públicos para redolarizar las tarifas, y por parte del FMI para que, en función de mayores aumentos de tarifas, baje el gasto público al poder reducir subsidios»-

«En el marco de la actual crisis y en la necesidad de sacar al país del atolladero, la suma de las políticas de tarifas definidas por funcionarios de las propias empresas, que aún hoy atienden los dos lados del mostrador, convoca a un análisis y debate público», sostiene el CEEN, que define a los servicios públicos como «esenciales para el conjunto de la sociedad, y no sólo para sectores privilegiados, como herramienta y requerimiento básico para el desarrollo nacional».

Agrega ya al final que «estos conceptos deberían ampliarse a cada cadena de valor, comenzando por aquellas que en su origen parten de empresas monopólicas u oligopólicas. Empresas de consumo masivo o esencial que aumentan frente a las fiestas en forma discriminada». «Es absolutamente necesario en estas circunstancias, que la Secretaria de Comercio exija la apertura de costos, que se ponga en marcha el Consejo Económico y Social y que los empresarios tomen conciencia plena del momento histórico que vive nuestro país y el mundo».

En un caso, son gremios de trabajadores que se desempeñan en el área con mayores utilidades absolutas del país, ya sea que estas queden en manos de grandes explotaciones agroexportadoras, de las cerealeras o en el exterior. En el otro, medianas y pequeñas empresas nacionales que se diferencian y denuncian la conducta de empresas monopólicas. Uno y otro documento anticipan con claridad loa principales conflictos de la política económica sin resolver: la puja redistributiva, el modelo de crecimiento, las tarifas públicás. En cada uno de ellos se definen relaciones de poder. Y se definen, también, las características que tendrá la economía postpandemia.

No son pocos elementos para meditar mientras termina este año y va asomando el próximo.

*Motor Económico