Imputación a Barreno, una peligrosa demostración de poder
(ADN). – El dirigente sindical de SITRAJUR y legislador provincial del FdT, de Viedma, fue imputado por la Justicia por «violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia», a raíz de una denuncia formulada el año pasado por la entonces titular del STJ, Liliana Piccinini.
La corporación más poderosa de la provincia, como en el país, avanza en avasallamiento de derechos constitucionales contra otras corporaciones: la política y la sindical y pone en alerta futuras relaciones entre los poderes, incluso con consecuencias para el Gobierno. Barreno ocupa una banca como legislador del FdT, la principal oposición en Río Negro.
Para entender esta situación, hay que remontarse al 18 de mayo del año pasado cuando Barreno, en su carácter de diputado y dirigente de los judiciales se presentó en el edificio judicial de 25 de Mayo y Laprida para verificar las condiciones sanitarias de las oficinas e instalaciones debido a que los empleados de la Justicia habían sido convocados a trabajar presencialmente.
La presencia de Barreno irritó a Piccinini, cuando en realidad el sindicalista sólo trataba de observar las condiciones laborales, en uso de sus facultades gremiales y además por disposiciones del decreto del Presidente Aníbal Fernández 297/2020, que exceptúa del cumplimiento del ASPO a autoridades y dirigentes, precisamente para el control de las disposiciones de funcionamiento en pandemia.
La reacción en contra de la medida judicial mereció el repudio del bloque del FdT, de legisladores nacionales rionegrinos del sector, dirigentes sindicales, concejales y otros.
No se trata de buscar en una o en otra mitad de la biblioteca jurídica las razones esgrimidas para el procesamiento, sino la dimensión política de arremeter con derechos gremiales y específicamente contra un dirigente que no goza de la simpatía de Piccinini, que visualiza en la dirigencia sindical como el tábano que pica y molesta.
Hay una imputación amañada y con condimentos personales. Este es un secreto a todas voces.
La misma actitud de Barreno, la tuvo Damián Miler, por ejemplo, que visitó todas las obras públicas y privadas de la zona verificando el cumplimiento de los protocolos sanitarios para proteger del Covid a sus trabajadores y así lo hizo casi toda la dirigencia gremial de la provincia. Basta recordar reclamos en este sentido de gremios estatales y municipales.
Hubo jueces del SJT contagiados por coronavirus. Nadie preguntó qué pasó, ¿se contagiaron en su lugar de trabajo? O no cumplieron con los protocolos. Preguntas que no deberían hacerse, como tampoco impedir a un sindicalista verificar la sanidad de los lugares de trabajo de sus afiliados.
Esta resolución no tiene nada que ver con una supuesta violación de las medidas sanitarias, es un hecho eminentemente político. Se trata de una peligrosa demostración de poder. Las consecuencias para el dirigente de SITRAJUR pueden ir del sobreseimiento a una condena incluso con exoneración. No se sabe, pero vale la intimidación.
La actitud de Barreno molestó porque fue a verificar el cumplimiento de un protocolo sanitario en jurisdicciones de un Poder que no sabe de controles.