Proteger al sector más débil de la cadena comercial frutícola
(Salvador Duran*). – Sabemos que quieren modificar la Ley de Transparencia3611 y la Ley de Contractualización 3993, pero no sabemos porque ….de los fundamentos de la ley que quiere modificar dichas leyes, no surge ni un solo fundamento concreto que valide tal modificación, con lo cual cabe pensar que si las mismass hoy protejen al sector más débil de la cadena comercial frutícola, como es de público conocimiento, podrían las intenciones del cambio radicar en diluir tales protecciones o en perfeccionarlas.
La base y el ánimo de la Ley de Transparencia 3611, impulsada por la Federación de Productores en el año 2002, y muy bien recepcionada, no solo por quien fuera en ese momento presidente de la Legislatura provincial, ingeniero Bautista Mendioroz, sino por otros funcionarios anónimos, a quienes los productores le debemos mucho, tiene la función primordial de proteger al productor de las anomalías que surgen del mercado cuando éste es oligopsónico, es decir cuando los oferentes son muchos y los demandantes son pocos (ante estas situaciones los demandantes acuerdan precios y condiciones contractuales abusando de los miles de oferentes, en ese caso, de productores de frutas perecederas).
Es así que esta legislación viene a poner en resguardo al pequeño y mediano productor frente a los abusos de los compradores de fruta, quienes algunos, en algún momento llegaron a pagar precios negativos por la fruta, o sea, el productor entregaba la fruta y no sólo no cobraba nada, sino que además quedaba debiendo al empacador.
Yo no quisiera pensar que los legisladores que firman esta ley, que son del partido oficialista de Juntos Somos Río Negro, esté en sus ánimos legislar contra el eslabón más débil de la cadena, legislar diluyendo la posibilidad que tiene hoy el productor de cobrar un precio mínimo por su producto, acorde a su costo de producción, diluyendo la posibilidad de reclamar sus derechos sin costo alguno, y diluir la posibilidad de conciliar sus reclamos frente al empacador, en una mesa de contractualización, previa a la instancia judicial, donde la Secretaría de Fruticultura es parte de la misma.
Yo no imagino que los legisladores firmantes, ni los de su bloque, legislen en contra de esta mayoría productora, ni en contra de derechos adquiridos por este eslabón más débil de la cadena frutícola, que otrora necesitaron de este Estado para defender lo que era propio. Y si así lo hicieren, no me queda más que decir que Dios y la Patria se lo demanden.
Es hora que el sector se ponga de pie y diga presente, a través de la institución que los nuclea, la cual ha estado muy ausente en esta y otras coyunturas recientes, donde podría haber terciado en favor de sus representados en forma más activa.
El sector tiene que decirles a estos legisladores, que necesitan más derechos que los actuales, de modo tal que no sólo la ley se cumpla cabalmente (hoy en la práctica su cumplimiento es sumamente parcial) sino que además los protejan de distintas intimidaciones que los exportadores hacen a sus productores y empleados, sugiriendo que se van del sector o dejan el país, en caso de perder juicios ante reclamos de sus productores en base a estas leyes.
El tiempo nos dirá si quienes nos legislan lo hacen en favor de las minorías poderosas, o si lo hacen en favor de las más débiles en este entremado social. El oficialismo, que tiene mayoría en esta Legislatura a través de Juntos Somos Río Negro, tendrá la última palabra y serán sus integrantes quienes vivirán con la conciencia tranquila de haber favorecido al bien común, o haber traicionado el mandato de su pueblo.
*Licenciado en Economía- productor de peras y manzanas en General Roca- ex presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén- impulsor de la la ley 3611, votada en el 2002.
DNI: 13.468.760