Viedma: sortean los jurados populares para 2022

(ADN).- En la audiencia pública del 14 de abril, el Tribunal Electoral sorteará unas 500 personas de Viedma que pasarán a formar parte del listado de potenciales jurados populares. Serán para los juicios que se realicen a partir de 2022.

De acuerdo al nuevo código procesal penal, que fue aprobado por unanimidad en la Legislatura, el listado general de posibles jurados se confecciona una vez al año con la información que figura en el Padrón Electoral. Para cada juicio se hace un segundo sorteo tomando como base este primer listado y luego pasan a una audiencia de selección hasta conformar un jurado imparcial.

El Tribunal Electoral convocó a una audiencia pública prevista para el 14 de abril a las 7:30 horas. La Lotería de Río Negro transmitirá por Facebook y YouTube. El sorteo es para armar los listados de las cuatro circunscripciones judiciales y según se informó el de Viedma contendrá 250 hombres y 250 mujeres. De allí surgirán los integrantes de los jurados populares para los juicios que se realicen en 2022.

En la práctica se realizarán ocho sorteos, dos por cada circunscripción para confeccionar los listados de hombres y mujeres.

Los casos que se juzgan con jurados populares son los que contemplan penas de más de 12 años de prisión.

El primer juicio por jurados que se va a realizar este año en Viedma se integrará con las personas que conforman el listado de un sorteo que ya se realizó anteriormente. Se trata de un homicidio ocurrido en la localidad de Sierra Grande que tiene como acusados a dos hombres, padre e hijo. Durante el control de acusación, la fiscalía manifestó su intención de reclamar una pena de más de 12 años de prisión y por eso se habilitó la instancia de juicio por jurados.

Las personas que resulten sorteadas este 14 de abril serán notificadas en sus domicilios. Les llegará una carta con una declaración jurada. Tendrán 72 horas para responder. Podrán hacerlo directamente en el correo (de manera gratuita), en la página web del Poder Judicial o bien dirigirse a la Oficina Judicial.

A partir de la recepción de las declaraciones juradas, la Oficina Judicial eliminará aquellos que tengan incompatibilidades. Posteriormente, cuando llegue la oportunidad de un juicio que requiera de jurados populares, se hará un segundo sorteo para definir los integrantes. La carga pública dura un año, con la posibilidad de extenderla.

Los juicios por jurados

El sistema de juicio por jurados está legalmente vigente desde marzo de 2019. El Poder Judicial cuenta desde entonces con toda la estructura administrativa, informática y edilicia preparada para su aplicación. Todos los jurados populares serán de 12 integrantes.

No es necesario saber de derecho. De modo simple, un juez técnico explicará al jurado los aspectos jurídicos del caso. Los ciudadanos darán su veredicto basándose en todo lo que vieron y escucharon durante el juicio, guiados por su buena fe y sentido común.

Ser jurado popular implica una carga pública por ello para el ciudadano o ciudadana designada es obligatorio asistir. Su empleador, sea el Estado o un privado, justificará su inasistencia y no podrá descontarle el día. También se reconocerán posibles gastos de transporte y comida. Son requisitos: ser Argentino mayor de más de 18 años con residencia en la zona donde ocurrió el delito y no tener condenas por delitos dolosos. Abogados y funcionarios públicos no pueden ser jurados. Tampoco auxiliares de Justicia ni los miembros activos de seguridad ni los referentes religiosos.

Para integrar el jurado la ley dispone que se debe buscar equilibrio de géneros y edades, intentando que la mitad de sus integrantes pertenezca al mismo entorno social y cultural de la persona juzgada.

En el juicio recibirán, sin intermediarios, todas las pruebas, testimonios y alegatos. Con esa información deberán decidir si la persona acusada es o no es culpable del delito. Para llegar al veredicto el jurado discutirá en una sesión absolutamente secreta. Esa deliberación puede durar hasta dos días. Para asegurar su tranquilidad, podrán pedir un régimen de resguardo o incomunicación.