La cuestión indígena. ADN

La cuestión indígena en la Patagonia no se resolvió con la denominada Campaña del Desierto, como cree el liberalismo en la Argentina. Fue solución para la zona central del país donde se afincaron los principales terratenientes subsidiarios de grandes extensiones logradas mediante un operativo militar contra el aborigen, que tuvo a Julio Argentino Roca, como su principal expresión.

El doctor en Historia de la UBA e investigador de la UNCo, Enrique Hugo Mases, publicó un libro titulado “Estado y cuestión indígena”, donde analiza el destino final de los indios sometidos en el sur del país entre 1878 y 1930. Resume en este trabajo que el proceso de incorporación de las comunidades indígenas en la Patagonia se produce en el marco del proceso de consolidación del Estado nacional, en cuanto a su autoridad y soberanía, pero también en la etapa de construcción de una sociedad capitalista fuertemente unificadora y negadora de la diversidad socio-cultural.

No hubo una política nacional que atienda esta situación y fueron las provincias quienes se hicieron cargo de las comunidades. De esta manera en Río Negro se creó en 1988 el Consejo Asesor Indígena, con el propósito de darle entidad a la reivindicación aborigen. Este ámbito reconoció como antecedentes a las cooperativas de los años 70, como la Cooperativa Ganadera Indígena de Jacobacci y de las cooperativas Agrícola y Ganadera de Río Chico y Agrícola-Ganadera Peumayén de Pichi Leufu; con asistencia del Centro para el Desarrollo de Comunidades (CEDEC), una organización de misioneros ligados a la Iglesia católica, que desde 1975 desplegaba tareas de promoción con vistas a mejorar las condiciones de vida en el campo.

Por otra parte, desde 1987 funcionaba la Comisión Mixta Provincial con el propósito de acordar con la empresa Hidronor SA, la reubicación de la reserva indígena de Pilquiniyeu del Limay, a raíz de la construcción de la presa de Piedra del Águila, que inundaría a toda esa zona.

La cuestión indígena en la atención del Estado se fue diluyendo, si bien se llevaron a cabo varias acciones, también jugaron un rol importante las particularidades de cada comunidad, ya que existen 84 grupos diferentes y no siempre es posible alcanzar acuerdos sobre las distintas reivindicaciones. Según el censo del 2010, el 7,1% de la población se reconoce indígena, 45.375 personas sobre un total de 638.645 habitantes que arrojó ese relevamiento hace 11 años, que representó casi el triple de la media nacional de 2,4%. De estos habitantes censados, el 87,9% se auto reconoció perteneciente al pueblo Mapuche, el 5% al Tehuelche y el 1,1% al Guaraní e igual porcentaje al Quechua.

Reivindicación y violencia

La resolución de la reivindicación de derechos de comunidades indígenas, hoy tiene una variante ausente en años anteriores: la violencia en sus reclamos, básicamente en un grupo identificado como RAM, liderado por Facundo Jones Huala, detenido en una cárcel de Chile.

Este sector es responsable de incendios en instalaciones de organismos públicos, agresiones a residentes en Villa Mascardi y mantuvo enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Una práctica que a decir de los ’70 podría calificarse como trotskista, y que rechaza cualquier vía del diálogo en tanto no reconoce al Estado argentino y a sus autoridades y plantea la creación de una Nación Mapuche, con independencia en territorios que consideran propio, como legado de sus ancestros.

Semejante reclamo no encuentra asidero. Las comunidades mapuches están integradas por hombres, mujeres y niños rionegrinos con todos los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano, con acceso a la educación, incluido el uso del lenguaje ancestral, la salud, viviendas y otros. El reconocimiento del desplazamiento de sus tierras originales hace más de 140 años por parte del Estado nacional no otorga licencia para el uso de la violencia y mucho menos pretender la creación de un Estado independiente, dentro del Estado nacional.

Los incendios recientes en el campamento de Vialidad de Río Negro en el Cerro Catedral y la destrucción por el fuego del Club Andino de El Bolsón, agravaron este problema, en el marco de las elecciones a diputados nacional, que no es poca cosa, por la contaminación política del tema.

El gobierno de Río Negro, principal afectado por estos hechos, le dio marco al accionar de este grupo y los denunció penalmente en la Justicia Federal bajo la acusación de terrorismo, atendiendo a la gravedad y violencia de estas acciones y con el propósito de involucrar al gobierno nacional en la represión y posibles soluciones al conflicto.

El Estado nacional tiene el patrimonio de la aplicación de la fuerza en acciones antiterroristas, con efectivos federales, ante el ejercicio de la violencia, en el marco de la democracia.

La respuesta del gobierno nacional a Río Negro fue destemplada. Si hubo efectivos de Policía Federal, Gendarmería e incluso Prefectura, que fueron destinados a Santa Fe para reprimir el accionar de grupos del narcotráfico, más allá de las responsabilidades del gobierno santafesino, por qué no puede accionar de la misma manera en territorio rionegrino.

La administración de Alberto Fernández reaccionó mal y a la distancia y suma descontentos que pueden traducirse en pérdida de apoyo electoral, frente al partido del gobierno rionegrino e incluso de JxC que se subió rápidamente y con sospechado oportunismo al conflicto mapuche.

El clima electoral pone un condimento especial. El FdT rionegrino se ve afectado por esta situación cuando pensaba con entusiasmo en una recuperación en las urnas el 14 de noviembre. “Cada llama que se prende son votos que se caen”, reconoció un dirigente peronista.

Todos juegan y aprovechando la ocasión para desgastar al adversario, tanto el PRO como la UCR dieron su apoyo a la gobernadora Arabela Carreras, porque saben que el adversario a derrotar el mes próximo es el FdT. Ya llegará el momento de enfrentar a JSRN y será en el 2023.

La debilidad del gobierno nacional tiene como contraparte a un envalentonado JSRN que no sólo crece en sus expectativas para las elecciones, sino que sabe que a partir del año próximo el oficialismo tanto en Diputados como en el Senado, tendrá que acudir a los representantes rionegrinos en el Congreso (comandados por Alberto Weretilneck) para sumar votos. Una posición de privilegio que cotiza en alza.

En este marco los gendarmes llegaron a la cordillera rionegrina. Algunos observadores consideran difícil que de aquí al 14 de noviembre puedan darse otros hechos de violencia, por parte de este grupo de mapuches, aunque no imposible.

Pasarán las elecciones con ganadores y derrotados, pero la cuestión indígena seguirá igual.