La Defensora del Pueblo entregó su informe anual
(ADN).- Se trata del trabajo realizado por el órgano contralor entre el período que va desde el 01 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021. El Alto Valle rionegrino encabeza el ranking de reclamos.
El 36% de los reclamos recibidos por el organismo durante el período informado provienen de las localidades que conforman el Alto Valle, reuniendo esa zona la mayor cantidad de quejas, lo que se relaciona con la distribución de la población en el territorio provincial.
La zona Atlántica reúne el 33% del total de reclamos recibidos y la Zona Andina el 24%, en su mayoría de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Las zonas del Valle Medio y de la Región Sur representan el 5% y el 2%, respectivamente, de las quejas tramitadas.
Con respecto a los principales temas por los que las personas reclamaron, aparece en primer lugar el referido al aumento del impuesto inmobiliario. Luego siguen las presentaciones referidas a cuestiones de usuarios y consumidores; salud; multas con radares; servicios; educación y demanda social.
Dentro de los reclamos de usuarios y consumidores los principales problemas fueron: cuestiones bancarias; aumentos desmedidos de las cuotas de planes de autoahorro; cuestiones vinculadas a alquileres; problemas con entidades financieras, entre otras temáticas.
Durante todo el período la Defensoría continuó recibiendo las quejas por multas con radares no autorizados, grabadas por los municipios de Darwin, Chimpay y Belisle.
Por su parte, dentro de las quejas relacionadas por inconvenientes con los servicios, la mayor cantidad refiere a reclamos de agua y cloacas (52,5%); en segundo lugar aparecen las quejas por el servicio eléctrico (30%) y luego por el servicio de gas (17%).
Los reclamos referidos a demanda social, fueron principalmente por solicitud de asistencia económica y habitacional, así como por inconvenientes relacionados con problemas familiares y demandas de personas con discapacidad.
El informe de Santagati también incluye la presentación de un proyecto de ley, “conducente a lograr la transformación que implica tener una administración a la altura de los tiempos actuales”.
En ese sentido la Defensora remarcó que “para lograr una transformación estructural es necesario crear nuevos procesos en pos de la simplificación y avanzar con decisión política en varios aspectos: (I) la digitalización para despapelizar el Estado, hay que olvidar el mundo del papel; (II) cambiar los procedimientos promoviendo la coordinación interinstitucional; (III) analizar la normativa vigente y producir nuevos marcos legales; (IV) fortalecer las capacidades que los tiempos actuales exigen”.