Ordenan nuevo desalojo mapuche en Jacobacci
(Por Susana Lara*). – El Poder Judicial de Río Negro redobla la apuesta contra el pueblo mapuche y revela nueva estrategia jurídica para justificar el despojo. Esta semana un juez de Bariloche ordenó desalojar un campo fiscal argumentando que el supuesto usurpado también es mapuche.
Tres hombres mapuches fueron acusados de usurpar un campo de unas 400 hectáreas, incluida la antigua vivienda donde nació el mayor de ellos hace 75 años.
Ricardo Calcagno, juez de Garantías de Bariloche, resolvió que esa tierra sea entregada a un particular, al que también reconoció como integrante del pueblo mapuche.
Las 400 hectáreas en conflicto en este legajo son parte del territorio tradicional de la Lof Ponce-Luengo asentada junto a la laguna Cari Laufquen Grande, al norte de Ingeniero Jacobacci. Sobre esa misma tierra está vigente una medida de protección judicial dispuesta por una Cámara de Bariloche en 2017, la que Calcagno desconoció totalmente.
El martes 22 se realizó la audiencia de formulación de cargos en la que quedaron imputados René Ponce y su hijo Patricio (de Ponce-Luengo), junto a Clemente López (de la comunidad Sayhueque), como presuntos usurpadores de un campo inscripto como de propiedad estatal que reclama Camilo Modesto Tinturé.
René Ponce, de 75 años, es el representante legal de la comunidad Cari Lafquen que nuclea a cinco lofche, por lo que está también imputado como presunto usurpador con orden de desalojo pendiente de ejecutar en otra fracción cercana también en conflicto. Calcagno destacó que Ponce acumula dos causas por presunta usurpación, haciendo propia la argumentación de Silvia Paolini, fiscal que impulsa la acción.
Los imputados ratificaron su condición de continuidades de ocupación ancestral mapuche, organizados en comunidad reconocida por el propio Estado provincial en 2007. Por su parte, Paolini sostuvo que Tinturé e hijo fundan su reclamo también en la ley integral del indígena que reconoce iguales derechos a los pobladores mapuche dispersos, no organizados en comunidad.
En mi seguimiento del conflicto territorial, es la primera vez que el poder judicial usa la propia ley del indígena para desalojar a una comunidad.
El territorio de Ponce-Luengo está comprendida en la demanda colectiva iniciada en 2009 por once comunidades y el Consejo Asesor Indígena (CAI), organización política de base. Reclaman que el Estado de Rio Negro reconozca los territorios comunitarios y otorgue los títulos correspondientes.
En noviembre de 2017, la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche, determinó medidas de protección cautelares para los territorios de Ponce-Luego, que incluye el lote 8 que judicializó Tinturé. En marzo del año pasado, esa Cámara le informó de esas cautelares al Consejo de Desarrollo de Comunidades (Codeci), autoridad de aplicación de la ley provincial integral del indígena.
Diez años antes, ese mismo organismo ya había reconocido la ocupación tradicional que retomó y continuó la vida de Celmira Luengo y Segundo Belisario Ponce, quienes construyeron la ruka que el poder judicial dispuso entregar a Tinturé padre e hijo.
El territorio en conflicto está ubicado a unos 30 kilómetros de Jacobacci. A la vez, a unos 12 kilómetros del predio que reivindica María Antual con su familia, también con resolución de desalojo a favor de un comerciante de Zapala, Neuquén.
*Publicado en “tramas-periodismo en movimiento”