El reclamo de Río Negro y Neuquén por las represas

r(ADN). – *El Gobierno decidió salir al cruce de la movida encabezada por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, para quedarse con las usinas hidroeléctricas patagónicas con la creación de un “grupo de trabajo” que deberá delinear la hoja de ruta a seguir a partir del próximo año, cuando empiecen a expirar las concesiones de las represas que fueron privatizadas en la década del 90′.

Por medio de la resolución 130, el secretario de Energía, Darío Martínez, dejó constituido el denominado Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC) que tendrá como objetivo saliente la realización de un “relevamiento integral del estado técnico, económico, jurídico y ambiental” que atraviesa cada una de las centrales que están actualmente en manos de operadores privados.

Una vez que concluyan las auditorías integrales, el ETACH deberá establecer cuáles serían las distintas alternativas legales y regulatorias que podría adoptar el Gobierno para garantizar la continuidad operativa de las usinas hidroeléctricas.

Las principales centrales de generación hidráulica que están en juego y cuyas concesiones finalizan el próximo año son las que se encuentran asentadas en la región del Comahue: El Chocón-Arroyito (que tiene una potencia instalada de 1.320 MW), Cerros Colorados-Planicie Banderita (450 MW), Alicurá (1.000 MW) y Piedra del Águila (1.400 MW).  Estas usinas asentadas en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén concentran una facturación anual que ronda los US$ 800 millones.

En el caso de El Chocón-Arroyito, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, controlante de Edesur. El complejo Cerros Colorados-Planicie Banderita pertenece a la firma de inversiones Orazul, integrada por exejecutivos de Morgan Stanley. En la central Alicurá, la sociedad controlante se encuentra en cabeza del grupo norteamericano AES.

Por su parte, Piedra del Águila está en manos de la compañía local Sadesa, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany. Y Pichi Picún Leufú –que aún cuenta con siete años más de concesión—tiene como concesionario al grupo Pampa Energía conducido por Marcelo Mindlin.

A las represas del Comahue se suman las usinas con contratos que expiran en 2024 (Los Nihuiles, Diamante y Río Hondo), en 2025 (Futaleufú), en 2026 (Ullum y Tucumán), en 2029 (Pichi Picún Leufú) y 2044 (Ameghino).

Las centrales que quedaron en la mira fueron construidas entre 1972 y 1999 y se financiaron con créditos internacionales tomados por los gobiernos nacionales, avales del Tesoro y con los recursos aportados a través de las facturas del servicio eléctrico del país con los recargos tarifarios que se destinaron a las cuentas del “Fondo de Grandes Obras Hidroeléctricas” y del “Fondo Energético El Chocón-Cerros Colorados”.

Desde el año pasado, las autoridades provinciales de Neuquén y Río Negro vienen desplegando una serie de movimientos para capturar el manejo y control de las usinas del Comahue que los actuales concesionarios privados tienen que devolver al Estado nacional entre agosto y diciembre de 2023. La ofensiva de Gutiérrez y Carreras contempla la transferencia de esas centrales a las provincias y la creación de una nueva empresa estatal conjunta para asumir la operación y encarar la construcción de nuevos proyectos con las utilidades que deje la venta de energía al sistema eléctrico nacional.

Freno y última palabra

Con el armado del ETACH, la administración de Alberto Fernández apunta a un doble objetivo: frenar el avance que intentan concretar las provincias y ratificar que la última palabra la tendrá la Nación, quien ha sido la que llevó adelante la construcción y financiación de los complejos hidroeléctricos.

Según lo dispuesto en la resolución 130, el ETACH será presidido por Martínez y estará conformado por cuatro representantes de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, la Cammesa, el ENRE y la empresa estatal IEASA. Contará con el plazo de un año para elaborar y entregar el informe final sobre las concesiones que terminan en 2023 y dos años para completar los relevamientos de los contratos que vencen entre 2024 y 2026.

En lo que respecta a las “auditorías técnicas de las usinas”, el Gobierno resolvió que queden a cargo de la estatal IEASA, que deberá relevar y certificar el funcionamiento y el estado que presentan las obras civiles y los distintos equipos hidromecánicos, electromecánicos y eléctricos. Para esos trabajos, la empresa conducida por el camporista santacruceño Agustín Gerez podrá contratar a “profesionales independientes, universidades, organismos descentralizados y especialistas de compañías privadas”.

*Publicado en “LetraP”