«Una oportunidad que no debemos perder»
(Por Patricia Ranea Pastorini). – En estos días se trata la elección de quien será el próximo defensor o Defensora del Pueblo en Río Negro. Se trata de un hecho que casi pasa desapercibido, cuando debiera ser considerado como el ícono de la democracia participativa y los derechos consagrados en nuestra Constitución.
Un hecho que, desde lo político, pareciera que es un cargo con el que se deben pagar favores, en realidad, dos cargos: el defensor y el adjunto, dado que, en la historia de nuestra Provincia, por lo menos, la de los últimos diez años, podríamos decir que funciona todo a la perfección y que no hay ni hubo derechos vulnerados, dado que, prácticamente, ha sido muy poco lo que hemos conocido del accionar del Defensor o Defensora.
Y eso es algo que debiera obrar en sentido contrario, pues, si bien no pretendemos un escándalo permanente y la mediatización de cada acto, ya que no sería el fin, sí, los ciudadanos y ciudadanas de Río Negro necesitamos saber qué se ha hecho y cuándo se ha vulnerado alguna norma en perjuicio de la ciudadanía o, por el contrario, que se nos diga que tenemos un Gobierno perfecto.
Y antes de que algún aplaudidor serial pretenda acallar mis expresiones, aclaro que no estoy considerando al Informe In Voce que hacen los defensores todos los años en la Legislatura. Es más, ya es hora de que le cambien el nombre, así todas las personas saben de qué se trata. Al respecto podemos decir que está muy bien desde el punto de vista formal o institucional, pero sería bueno preguntarse si no es hora también de que los defensores del pueblo hagan un informe para la gente, como para no olvidar el nombre y la razón por la que están donde están.
En tal sentido, desafío a que cualquiera de las defensoras que hemos tenido en estos últimos años o cualquiera de los 21 candidatos para el próximo período o al menos los 10 seleccionados, nos diga: primero, si cree que el informe In Voce es escuchado por la ciudadanía en general y suficiente para justificar su labor y segundo: si no es momento de comenzar a pensar en nuevas formas de comunicar lo actuado en un organismo que debe justificar su existencia, exclusivamente, en el Pueblo.
Por eso, ante esta situación y los desafíos que tiene la política del momento, quizás, sea la Defensoría del Pueblo uno de los lugares que debiera modificar sus formas; acercar sus métodos y jerarquizar el vínculo con los ciudadanos, sobre todo, teniendo en cuenta que su rol es, “en exclusividad”, estar cerca de los ciudadanos y las ciudadanas.
Sobre lo hecho, lamentablemente no podemos cambiar nada. Pero, sobre lo que vendrá, se impone la necesidad urgente de controlar, valga la redundancia, a este organismo de control que tiene la obligación, por naturaleza, de mejorar la calidad de vida de la gente, en cuanto al cumplimiento de las normas, en forma exclusiva. Tal como lo expresa el Artículo 167 de la Constitución provincial, señalando que: “Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial…”.