Piden investigar el manejo del Fondo de Desocupados

(ADN). – El legislador del Frente de Todos, Pablo Barreno, denunció ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas posibles transgresiones normativas o existencia de perjuicio al erario público provincial, por parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, en la aplicación del Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados.

Según el legislador existen irregularidades en la administración y ejecución del programa, especialmente una presunta falta de fiscalización respecto al cumplimiento de los proyectos por los que se suscriben convenios en ese marco.

Barreno informó que presentó a fines del año pasado el Pedido de Informes N° 574/2022 al Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria donde requirió, entre otras cuestiones, que se informe quiénes han conformado la Comisión de Administración del Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados, quiénes han conformado la Unidad de Comercialización y Gestión de Negocios, cuáles han sido las políticas llevadas a cabo por dicha Unidad, cantidad de personas beneficiarias del Fondo Solidario, los subsidios otorgados a proyectos socio productivos y el monto recaudado y ejecutado.

“La respuesta que brindó el Estado provincial, a través de su ministra de Desarrollo y Articulación Solidaria, Natalia Reynoso, fue sorpresiva e insuficiente y nos genera innumerables dudas respecto a la existencia, ejecución, destino y control del destino de los fondos que efectivamente se recaudaron con la implementación del fondo”, dijo el denunciante e indicó que «resulta llamativo el claro retaceo de información por parte de las autoridades”.

«De la respuesta surge un dato de extrema gravedad: que la Unidad de Comercialización y Gestión de Negocios no ha sido creada desde la sanción de la Ley D 4035 a la actualidad. Es decir, han transcurrido dieciséis años desde la sanción de la norma y no se completó la creación de esta unidad que es de vital importancia para esta ley”, afirmó y agregó que «el Ministerio con su respuesta está admitiendo que el fondo tiene permanentes ingresos que son destinados a beneficiarios pero, por la falta de conformación de la Unidad, no se cumple con ninguna de las obligaciones impuestas en el art. 7 de la Ley D 4035 desde la creación del mismo hace 16 años”.

Barreno pidió a la Fiscalía que realice una auditoría comunicando al Tribunal de Cuentas para que determine si efectivamente se cumplieron esos proyectos, recabe los convenios suscriptos, beneficiarios, instrumentos fiscales sobre los que se acreditó la compra de bienes de capital para el desarrollo de los proyectos y toda la información necesaria para investigar la probable comisión de delitos.