Al final, era la ruta del dinero «no K»
En una nota de Gabriel Morini, publicada en Ámbito, se recuerda todo el proceso judicial del llamado “dinero k”, luego del pedido de sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner. Referencia a Leonardo Fariña, quien en estos años recorrió por igual los tribunales y los sets de televisión, condenado a 4 años de prisión.
Existen pocos antecedentes de causas judiciales en las que se haya extenuado tanto a la opinión pública con un bombardeo incesante de supuestas pruebas, teorías delictivas y líneas de investigación abiertas, muchas de ellas insufladas de fantasía, como en la denominada “ruta del dinero K”.
El dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuan conocido el miércoles es imposible que sorprenda en un derrotero que comenzó el 14 de abril de 2013 -hace más de una década- cuando irrumpió en escena el mediático Leonardo Fariña relatando como un arrepentido una trama de lavado de dinero que involucraba directamente a Lázaro Báez y el derrotero de fondos mal habidos hacia paraísos fiscales. Desde ese momento en adelante, el único objetivo central de ese expediente -el primero en iniciar la saga- fue la necesaria vinculación directa que tendría respecto a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, supuestos artífices de las maniobras de corrupción que habían permitido a Báez acumular y fugar esa fortuna que les pertenecería. La “ruta” no podía tener otro destino que el nombre de los expresidentes.
La postal más recordada de la investigación fue la imagen de las excavadoras perforando la estepa patagónica en busca de dinero enterrado. Los espectaculares operativos no fueron un montaje para los medios: en realidad realizaron todo tipo de hoyos en distintas locaciones donde presumían hallar dólares y euros que “se pesaban”. Comenzaron en 2016 pero llegaron a extenderse hasta 2018. El resultado siempre fue el mismo. Nada. Sin embargo, no fue lo único relevante que formó parte del expediente y, de la mano, de su amplificación maquillada de información judicial.
A mediados de 2013, se acusó públicamente a Cristina de Kirchner de haberse desviado, en el regreso de una misión oficial a Vietnam, para pasar dos noches en una misteriosa escala en las Islas Syechelles, donde habría sido radicada una de las empresas sospechadas de haber sido controlada por Báez, Aldyne. Finalmente, se confirmó que la escala duró 14 horas y fue por aprovisionamiento de la nave y descanso de los pilotos.
Pese a todos al día de hoy, persiste en el imaginario popular que aquel viaje tuvo un indescifrable fin. En 2014, Cam Ferenbach un juez del estado de Nevada (Estados Unidos) inició un expediente a pedido del fondo buitre NML de Paul Singer en el que supuestamente se revelaba una investigación paralela por 123 compañías ficticias que estaban registradas en Las Vegas. Lejos de haber sido, como fue presentada, una investigación independiente de la justicia norteamericana era un copy paste del expediente que en su momento tenía en sus manos el fiscal José María Campagnoli. NML reconoció luego que lo utilizó para pulsear con Argentina y forzar una negociación para el pago a los buitres que se concretaría con el gobierno siguiente.
A fines de 2015, dos testigos -un exchofer de presidencia Carlos Scorizzino y un exempleado de ANSES Gabriel Corizzo declararon en sede judicial haber visto al juez Sebastián Casanello ingresar a la quinta de Olivos para mantener una reunión privada con Cristina de Kirchner. El objetivo: asegurar su impunidad. Los desatinos de Báez en su defensa lo habían llevado en ese momento a rodearse de abogados con turbias vinculaciones con los servicios de inteligencia. No sólo no apareció elemento alguno para probar la presencia del juez en Olivos, sino que años más tarde los dos testigos fueron llevados a juicio por falso testimonio y aceptaron una condena a tres años de prisión en suspenso al reconocer que habían mentido.
Esa mentira fue aprovechada por el entonces abogado de Leandro Báez -Santiago Viola, hoy ligado a la estructura partidaria de Javier Milei- para intentar apartar a Casanello. Viola y el entonces fiscal empleado en la AFI Eduardo Miragaya hablaron 238 veces en los días en que los testigos declaraban contra el juez. Nadie dio demasiadas explicaciones por la “operación” y los imputados aceptaron el juicio abreviado y tuvieron que pagar las costas. Siguen libres.
A fines de agosto de 2018, en una inédita decisión, la Cámara Federal con las firmas de los jueces Martín Irurzun -liderando el voto- y Mariano Llorens hicieron lugar a un pedido de la UIF y ordenaron a Casanello que llame a Cristina de Kirchner a indagatoria en esa causa. El juez había resistido anteriormente convocarla a prestar declaración basado en que no contaba con elementos que la vincularan con la trama que estaba ya elevada a juicio con Báez, su familia y parte de su entorno empresarial, quienes sí resultaron condenados por la maniobra.
Para Irurzun, “el contexto en el que se sucedieron las maniobras investigadas es lo que define el tema”. El contexto. “La lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de (Cristina) Fernández. Afirmar lo contrario, a esta altura, contraría a las pruebas y a una valoración razonable de aquellas, por vía del sentido común”, escribió el juez. Sorprendentemente, en su disidencia, Leopoldo Bruglia sostuvo lo obvio: afirmó que lo que pretendía la UIF era “improcedente” porque la decisión de llamar o no a alguien a indagatoria es facultad “privativa” del juez a cargo de la investigación.
Se sospechó del Mausoleo construido por Báez para la sepultura de Néstor Kirchner y se dijo que desde allí se hicieron traslados de dinero; se involucró Víctor Manzanares, el histórico contador de la familia Kirchner que, ya como arrepentido apuntó a exsecretarios y afirmó conocer lugares donde se guardaba dinero en efectivo que pertenecería a la familia K; y se investigó el cierre de la delegación Bahía Blanca de la AFIP, en 2012, como el presunto origen de la evasión tributaria que permitió la disponibilidad de una masa de dinero que terminó triangulada en el extranjero. En este último punto, las sospechas se quedaron en especulaciones y la propia Cámara Federal de Bahía Blanca, en 2021, desbarató una causa en la que Báez aparecía liderando una usina de facturas truchas. Concluyó que la AFIP bajo las autoridades macristas presentó informes sin sustento de los contadores Carlos Blanco y Silvana Huici destinado a nutrir la causa de la Ruta del Dinero K pero en el que también se ajustaban cuentas internas contra otros agentes y se montaba una trama de presunto encubrimiento fiscal. Blanco y Huici jamás habían participado en las fiscalizaciones sobre los que se basaba su informe. Fueron elegidos para la tarea y premiados con ascensos. En 2014 había estallado el problema por el cierre de la seccional, pero dos años más tarde se las vinculó con las empresas de Báez. El único objetivo de todo esto, de acuerdo a los camaristas, era sostener y retroalimentar versiones para los medios que luego engordaran expedientes.
Antes de toda esta hiperactividad la causa languidecía hasta la aparición mediática de un video de cámaras de seguridad de la denominada “Rosadita”, apodo que mereció la vidriosa financiera SGI, donde hijos de Báez y personas de su entorno contaban dinero en efectivo sobre una mesa, en modo celebratorio. Su difusión ocurrió el 15 de marzo de 2016, pero la secuencia había ocurrido 4 años antes. Con ese ímpetu, se agigantó la presión sobre el expediente que hasta ese momento contaba con los mismos elementos por los que finalmente fueron enjuiciados y condenados Báez y su entorno. Pero desencadenó lo demás.
Aldyne era la madre de las sociedades radicadas en Nevada y a su vez, había sido creada gracias a la intervención de Helvetic Services Group, la que estaba por detrás de SGI. Helvetic era atribuida a Báez. Lamentablemente nunca medió una explicación certera sobre el real objeto de ese tipo de sociedades mascaradas como Helvetic porque de otra forma, se debió concluir que Báez fue también dueño de Garbarino. Helvetic participó por un tiempo de la propiedad de la exfirma de electrodomésticos. Por supuesto, no era de Báez, sino un vehículo que se utilizaba precisamente para ocultar accionistas. Aldyne fue creada por el estudio Massack&Fonseca, protagonista de los Panama Papers, cuya filtración expuso el complejo entramado mundial de este tipo de sociedades, algunas legales y otras no. El apellido Kirchner no apareció en la información que exponía a beneficiarios finales. El apellido Macri, sí apareció.
Desde las usinas del PRO, el miércoles por la noche, bajaron la instrucción a todos sus referentes de emparentar la decisión de Mariajuan como un tributo al kirchnerismo de Sergio Massa en pos de una bendición para su carrera presidencial. Es de corto alcance y alto riesgo. Bajo el mismo argumento podría decirse que el fiscal fue enjundioso a picotear el Sur para involucrar a quien en ese momento era la adversaria política del líder del Frente Renovador. No explica nada de lo anterior. (Foto Ámbito)