Ampliación de licencias maternales y paternales
Las comisiones de Legislación de Trabajo y Mujeres y Diversidad, de la Cámara de Diputados de la Nación, que presiden las diputadas Vanesa Siley y Mónica Macha (FdT) respectivamente, encabezaron una nueva jornada con eje en la modificación de las licencias laborales de cuidado, extensivas tanto para trabajadores gestantes como no gestantes.
El encuentro contó con la participación de exponentes de distintos sectores sociales como las centrales sindicales: CGT y CTA de los Trabajadores, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados nucleadas en la Conarcoop.
En primer lugar, la diputada Siley recordó al abogado Norberto Centeno, responsable en 1974 del proyecto de ley de contrato de trabajo – aún vigente en la Argentina – y uno de los juristas desaparecidos por la última dictadura cívico-militar en “La Noche de las Corbatas Largas”. Siley evocó que “este tema de licencias parentales tuvo dictamen 4 veces en la historia parlamentaria (2006, 2008, 2013 y 2014), y media sanción una única vez en el 2006”, al tiempo que ponderó que “ambas comisiones llevan tratados más de 54 proyectos de modificación a la ley de contrato de trabajo, en lo que respecta a licencias parentales y licencias especiales”.
El inicio de la ronda expositora correspondió a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Si bien reconoció como “pionera en la región” a la ley formulada por Centeno, la ministra advirtió que “todavía representa un concepto discriminador, que reconoce el cuidado exclusivamente para las mujeres”. En contrapartida, Díaz calificó como excelente al borrador actual, “porque no solo trata las licencias especiales, y recoge la ampliación de las licencias para personas gestantes y no gestantes, sino que además toma el reconocimiento de las nuevas familias en esta sociedad más diversa y compleja”.
Finalmente, la ministra resaltó “el reconocimiento de la licencia para padres y personas no gestantes en el proceso educativo y en la crianza”, en línea con el agregado de las licencias por violencia de género, por lo que instó a los representantes parlamentarios a no perderse esta enorme e histórica oportunidad, “porque reproducir la vida y cuidarla es una tarea del conjunto de la sociedad”.
A su turno, Juan José Etala, presidente del Área de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), se diferenció de la postura de Díaz al teorizar que “este proyecto preliminar, a pesar de sus numerosos y mayores derechos, tiene un problema de origen, o, mejor dicho, en las consecuencias, que es quiénes lo pagan”. Etala manifestó “una profunda preocupación por el impacto fiscal del proyecto”, a la vez que denunció que “los trabajadores no hacen un solo aporte para las asignaciones familiares, ni son un beneficio que otorga graciosamente el Estado, sino que la pagan los empleadores, quienes históricamente hemos hecho aportes al sistema de seguridad social”.
El referente de la UIA teorizó que los potenciales beneficios de las modificaciones se limitarían a los empleadores formales, “por lo que el 38 o el 40 por ciento de los trabajadores no van a tener acceso, y otro 38 por ciento de empresas no lo podrán conceder, por lo que los mayores costos, en merced de mayores beneficios, siempre caen en las mismas empresas, y es algo que no nos parece equitativo”.
Encolumnado al posicionamiento de Etala, el presidente del movimiento nacional pyme (MoNaPi), Alejandro Bestani, describió como necesario “pausar este proyecto, encontrando primero la salida al desastre de la pobreza, con la generación de 8 millones de empleo más, y con una expansión del PBI”. “Por eso, para corregir este terrible y peligroso desvió, venimos a proponer una nueva ley pyme que resolverá el problema de la pobreza y estos derechos que estamos hablando”, formuló el titular de MoNaPi.
En contrapartida a la postura referenciada en Etala y Bestani, hicieron uso de la palabra Karina Moyano, Secretaria General Adjunta de las 62 Organizaciones Peronistas y Secretaria de Genero de Camioneros, y Josefa Ávila, exponente de la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados Domiciliarios.