El desarrollo energético en el debate de tierras fiscales

(ADN). – La Legislatura provincial debatirá el viernes la modificación de la ley 279, una de las más antiguas de la provincia, sancionada hace 62 años, el 6 de octubre de 1961, una instrumento que buscó el arraigo de la familia agraria, la explotación pastoril, forestal y agropecuaria.

Tantos años de vigencia y con múltiples modificaciones, que fueron parches en algunos casos, justifica en si mismo trabajar en una actualización, que no merece objeciones, pero si bajo la presión del “apuro”, crítica escuchada en el propio oficialismo, como en la oposición y sectores involucrados como las comunidades tehuelches-mapuches, que son 180 radicadas en tierras fiscales, que objetan no haber sido consultadas y que prevén movilizarse el viernes a la Legislatura.

La cuestión de los asentamientos de los pueblos originarios estaría apartada del protectorado de la modificación a la ley de tierras y se deriva al ámbito de otras normas legales vigentes.

La propuesta que hace el bloque de JSRN es adecuar la ley 279 a la realidad actual para atender a la demanda de nuevos proyectos productivos que superan la ganadería, la forestación y la actividad agropecuaria para dar paso a emprendimientos mineros y energéticos que aporten al desarrollo económico provincial.

En los fundamentos del bloque de Juntos se expresa claramente que con esta iniciativa se pone a la tierra fiscal de la Provincia de Río Negro a disposición de las nuevas demandas y formas de explotación y producción para el desarrollo actual de nuestra provincia. Se diagrama una arquitectura legal ágil y dinámica, que habilita nuevas formas de producción.

Se abunda en que con el presente proyecto se está cumpliendo con una vieja deuda institucional, dotando a la administración de herramientas legales acordes a las necesidades del presente garantizando derechos y estableciendo prioridades. Esta propuesta se torna insoslayable la generación de un andamiaje legal capaz de brindar una respuesta eficaz a los desafíos y demandas emergentes en el presente siglo.

Y agrega que “el proyecto impulsa además la determinación de reservas para casos expresamente previstos, tendientes a la protección del ambiente, el desarrollo de la industria, la radicación de productores que incidan sobre la creación de puestos de trabajo, el fomento de las economías regionales y otros fines de interés público”.

Esta claro entonces que esta ley será un instrumento legal y soporte institucional a un proyecto a implementar en la provincia, necesidad del próximo gobierno que asume, de abrir la economía a nuevos proyectos energéticos y lograr recursos al estilo de otras experiencias del país, como San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y La Rioja y explotaciones vecinas de la Norpatagonia y vecinas como Chubut y el resto de la Patagonia.

Serán proyectos de parques eólicos, extractivos y energéticos, como hay varios vigentes como los cinco desarrollos de Amarillo Grande, con el uranio y el vanadio.

Entonces se deja en claro que la ley vigente no responde a la “dinámica de nuevas actividades que la realidad impone”, y que “han derivado en una falta de adecuación de las disposiciones legales al escenario actual existiendo rubros productivos importantes para la economía provincial que no se encuentran contemplados adecuadamente en la normativa vigente.”

Se propicia entonces la coexistencia armónica de productores tradicionales con la participación de otras actividades para permitir el uso de la tierra con otras finalidades, como el turismo, energía, etc.

El nuevo proyecto de ley contempla, actualiza y brinda un marco de ordenamiento al tema específico de tenencia de la tierra fiscal, incluso de localidades asentadas en tierras fiscales, como Ñorquinco, Mainqué, entre otras; nuevas disposiciones de compra; se ratifica la titularidad del dominio sobre las tierras fiscales e islas fiscales provinciales existentes en el ámbito territorial.

La regulación de tierras fiscales en la provincia es una necesidad que se pretende salvar con este proyecto del bloque de JSRN y que no tuvo el acompañamiento del Ejecutivo, cuestionando “el apuro” del tratamiento y la necesidad de debatir y estudiar más en profundidad la propuesta.

No todo es color de rosa. Hay que tener en cuenta que se modifican también las leyes 1946 de coparticipación, y 3900 de distribución de regalías, donde hay los municipios podrán verse afectados en la obtención de fondos.

La coparticipación es una ley convenio y requiere del acuerdo de los dos estados involucrados: el municipal y el provincial.

Indica la ley que se destina para los municipios el veintiséis con cincuenta por ciento (26,50%) del total producido por los impuestos: Inmobiliario, Ingresos Brutos y a los Automotores provinciales.

En el artículo 3º se expresa que, de las sumas devengadas a favor de la Provincia de Río Negro en concepto de regalías petrolíferas, gasíferas y/o mineras se destina el 10 por ciento a los municipios.

Ahora se propondría una modificación en el artículo 3°, donde se deja afuera de este aporte a las mineras y además se distribuye a los municipios que tengan yacimientos cercanos, por lo que quedarían afuera de estas regalías Viedma, Bariloche, Ramos Mexía y Sierra Colorada, entre otros.

También se toca la ley 3900, que en su artículo 1° señala: “considérase regalía minera la compensación pecuniaria que debe abonarse al Estado Provincial por la extracción de los recursos naturales mineros de carácter no renovables situados en su jurisdicción”.

Y la distribución Los fondos obtenidos en concepto de regalías serán distribuidos de la siguiente manera: un cincuenta por ciento (50%) con destino a rentas generales; un treinta por ciento (30%) hacia los municipios en que se extraigan los minerales y un veinte por ciento (20%) ingresará a la Dirección General de Minería.

Ahora se propone distribuir sólo un 15% a los municipios próximos al yacimiento minero, situación que entra en discusión sobre los ejidos colindantes y a quien pertenece la localización del yacimiento.

Volvamos al Bajo de Santa Rosa, donde hay cinco yacimientos en actividad con uranio y vanadio y genera el debate si estas regalías corresponden al Valle Medio o Valcheta, y dejaría a una decisión discrecional en la reglamentación de la norma legal.

 Quiere decir que tanto por modificaciones en la ley 1946 de coparticipación como en la 3900 de regalías, los municipios podrían ser perjudicados.

El debate está abierto.