Cambios al Código para el cumplimiento de penas
(ADN).- «Resulta inaceptable que los condenados permanezcan en libertad hasta que la Corte Suprema se pronuncie, lo cual puede demorar largos años y no tiene un plazo definido para resolver los recursos extraordinarios federales». Así justificó el gobierno provincial el envío de un proyecto a la Legislatura para modificar el Código Procesal Penal.
La iniciativa, que lleva la firma del gobernador Alberto Weretilneck y tiene Acuerdo de Ministros, propone la incorporación del artículo 241 bis al Anexo de la Ley P N° 5020 del Código, con el fin de establecer que una vez agotadas las instancias de juicio ordinarias y tras la resolución del Tribunal de Impugnación, todos los recursos presentados tengan efecto devolutivo.
«Esto significa que no se suspenderán los efectos de la condena, permitiendo así su ejecución inmediata», indica un comunicado oficial.
El texto agrega que «después del fallo del Tribunal de Impugnación, que constituye la última instancia ordinaria, resulta inaceptable que los condenados permanezcan en libertad hasta que la Corte Suprema se pronuncie, lo cual puede demorar largos años y no tiene un plazo definido para resolver los recursos extraordinarios federales».
«Esta situación implica una inversión de la lógica judicial. Aunque el acusado tiene todas las garantías y el derecho a una doble instancia, es necesario que la pena comience a cumplirse mientras continúan los recursos, si así lo decide. La experiencia muestra que después de que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro se pronuncia y tras años de espera por la Corte, el porcentaje de sentencias revocadas por el máximo tribunal nacional es bajo. Es esencial considerar el impacto en las víctimas, que ven cómo los condenados pueden seguir en libertad durante todo este proceso, incluso después de ser condenados en dos instancias», resume el documento.
Tras la presentación, el gobernador destacó la importancia de «garantizar una justicia pronta y efectiva» en la provincia, señalando que el proyecto «está en línea con los estándares de derechos humanos establecidos tanto a nivel nacional como internacional». Weretilneck subrayó la necesidad de «otorgar a los imputados el derecho a la doble instancia, permitiéndoles impugnar las decisiones judiciales ante un tribunal superior».
El proyecto también contempla conferir efecto devolutivo a las resoluciones del Tribunal de Impugnación y a los recursos que puedan presentar tanto el imputado como el fiscal y el querellante.